Por Emiliano Giménez
El Senado de Argentina aprobó este viernes la Ley de Modernización Laboral, que modifica aspectos clave que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores. Como ya había sido apronada por la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei se convirtió en ley con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
El Gobierno impulsó el proyecto durante las sesiones extraordinarias de verano y logró su sanción gracias a la configuración de nuevas mayorías derivadas de las elecciones de medio término celebradas en octubre pasado.
Los debates en la Cámara de Diputados y el Senado se dieron en el contexto de protestas, paros y la resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, que sostienen que la nueva ley es perjudicial para los empleados, quita derechos consagrados y favorece a las patronales.
El Gobierno de Argentina aceptó cambios al proyecto original porque algunos artículos generaban rechazos de sus aliados parlamentarios e incluso de los propios. De esa manera, consiguió su objetivo.
La iniciativa cuenta con múltiples títulos y capítulos temáticos y está dividida en 218 artículos. Fue aprobada en el Senado el 11 de febrero, la Cámara de Diputados hizo lo propio el 20 del mismo mes, pero no se convirtió en ley, debido a que regresó a la cámara de origen por la eliminación de un artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario de los trabajadores que se ausentaran por esa causa.
Principalmente, la normativa establece cambios en el régimen de indemnizaciones por despido sin causa, abre la puerta a modificaciones en la jornada laboral y períodos de vacaciones, ajusta el derecho a huelga y a realizar asambleas en el ámbito de las empresas, precisa los alcances de las cuotas sindicales, prevé cambios en la ley de contrato de trabajo, impulsa instrumentos para la formalización de trabajadores y la creación de nuevos empleos, incluye medidas para incentivar la inversión de pequeñas y medianas empresas, procura un traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y contiene un capítulo que propone cambios tributarios.
“Es el núcleo de la reforma y el objetivo es dar previsibilidad a los costos de salida de las empresas”, sostiene Jorge Fontán, abogado especialista en derecho laboral.
Con la nueva ley, esta indemnización se mantiene, pero se ajustan las bases de cálculo, al excluir conceptos como el Salario Anual Complementario, conocido como aguinaldo, premios no habituales y bonos por objetivos. Además, se fija un tope máximo para la ecuación sobre la base de tres veces el salario promedio del convenio aplicable. Y a las pequeñas y medianas empresas se les permitirá pagar las indemnizaciones hasta en 12 cuotas. Para decirlo de otro modo: a partir de ahora, despedir personal será más barato.
En este mismo capítulo, se permite la creación de fondos de cese laboral, para que los empresarios puedan financiar las indemnizaciones con recursos de los aportes patronales. Una de las iniciativas más controvertidas, porque se desfinancia el sistema previsional en el afán de abaratar los costos laborales.
La propuesta incluye la figura del banco de horas, que consiste en la práctica en la sustitución del pago de horas extras por compensaciones acordadas entre las partes, siempre que se respete el descanso legal entre jornadas y el máximo de horas semanales. Este es otro de los capítulos que reducirán costos en favor del empresario.
Se habilita también la posibilidad de extender hasta 12 horas la jornada laboral, siempre que no se exceda el máximo semanal previsto por la ley anterior.
Se autoriza también el fraccionamiento de los períodos vacacionales, siempre que se trate de siete días como míni