Por Ana María Cañizares, CNN en Español
La Superintendencia de Compañías de Ecuador determinó que Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora de los periódicos Expreso y Extra, sea intervenida con el fin de “supervigilar la marcha económica y financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, según una resolución de la entidad fechada el 18 de febrero y que se conoció este jueves.
La Superintendencia también designó a un interventor externo para que presente informes mensuales sobre las actividades y acciones de los administradores de la empresa.
El motivo de la intervención está asociado a una controversia sobre el control de una parte del paquete accionario de Granasa que fue transferida en 2020 a un miembro de la familia Martínez, fundadora y propietaria del periódico.
Desde finales de 2025, la Superintendencia dispuso que Granasa revierta el 40% de sus acciones a una empresa que está actualmente en liquidación. La disposición generó rechazo del medio, que la consideró “un intento de control estatal”.
La Superintendencia es una institución que vigila y supervisa el mercado de valores, societario y de seguros en Ecuador. Forma parte de la Función estatal de Transparencia y Control Social y su superintendente es designado a través de una terna enviada por el presidente de la República.
La defensa de Granasa señaló este jueves que la Superintendencia pretende que la empresa “adultere” el libro de acciones y accionistas para despojar a Ingrid Martínez Leisker del 40% de las acciones del periódico para que pasen a una empresa en fase de liquidación.
“Granasa no ha recibido ni una orden judicial en firme anulando la transferencia de acciones hecha a la señora Martínez hace más de 6 años. Entonces, tal transferencia no puede ser reversada sin anuencia expresa de todos los involucrados”, dijo en un comunicado Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Granasa.
La Superintendencia defendió su accionar. En un comunicado, señaló que responde a criterios técnicos y legales y que se abstendrá de emitir comentarios en medios.
Tras la decisión de intervenir una de las compañías de periódicos más grande e icónica de Ecuador, basada en Guayaquil, organizaciones de defensa de la libertad de expresión, periodistas y juristas se pronunciaron sobre el caso.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación este jueves ante la intervención de Granasa y exhortó a las autoridades a actuar con transparencia y apego al debido proceso. “El control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”, dijo.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “La intervención de Granasa representa un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor a posibles represalias”.
Por su lado, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la fundación por los derechos y la democracia Ciudadanía y Desarrollo, dijo a CNN que este hecho “es peor” comparado con otros ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa, cuando el entonces mandatario planteó un multimillonario juicio al diario El Universo por presuntas injurias en 2011.
“Esto es apropiarse de un medio de comunicación de formas indirectas. En el caso El Universo hubo un proceso judicial, anómalo, pero siguió el curso de la justicia y luego terminó en cortes nacionales