Por Fernando Ramos, CNN en Español

El 30 de diciembre de 2025 el presidente Gustavo Petro expidió por decreto el nuevo salario mínimo que empezaría a regir para los trabajadores en Colombia a partir de enero. Desde entonces la medida, que gana protagonismo en las elecciones y pone a prueba la independencia judicia,l ha sido suspendida por un alto tirbunal mientras crece la agitación en las calles.

La noticia del incremento del 23,7 % tomó en su momento por sorpresa, por igual, a empresarios y representantes de las centrales obreras. Previamente, en una mesa de concertación para buscar un acuerdo sobre el incremento promedio que debería regir este año, los representantes de los gremios propusieron un 7 % en promedio y los voceros de los sindicatos un 16 %.

Por eso la cifra que finalmente anunció el gobierno desató el júbilo entre los cerca de 2,4 millones de trabajadores formales que actualmente devengan el salario mínimo en el país, equivalente a US$ 545 en promedio. Y creó desconcierto y críticas entre los empresarios y sectores políticos de la oposición que calificaron como desmesurado el aumento y señalaron que se estaba utilizando ese incremento como un instrumento político de cara a las elecciones para congreso del próximo 8 de marzo y de la primera vuelta electoral para elegir el reemplazo de Gustavo Petro el próximo 31 de mayo.

Ante varias demandas de ciudadanos y agremiaciones de empresarios que argumentan que el incremento del salario mínimo, o salario vital como lo denomina Petro, no tiene suficiente justificación técnica y económica, el Consejo de Estado decidió el pasado 12 de febrero suspender provisionalmente el decreto que lo autorizaba y pedir al gobierno explicar a fondo y sustentar las razones que lo llevaron a adoptar esa medida. El incremento del salario mínimo en 2025 fue de 9,54 %.

De inmediato el mandatario colombiano rechazó esta decisión del alto tribunal y llamó a las centrales obreras y a sus seguidores manifestarse este jueves en las plazas públicas del país para defender el incremento del salario mínimo y manifestarse en contra de la decisión del Consejo de Estado. La mayoría de candidatos a la presidencia y al congreso, muchos de ellos que en principio estaban en contra de la que llamaron medida populista del gobierno, ahora piden que se mantenga el incremento.

“Hemos observado con mayúscula sorpresa e, inclusive, con desilusión las reacciones de algunos candidatos y también de unos pocos ciudadanos frente al fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo. Antes criticaron la decisión del Gobierno de imponer un monto exorbitante; pero ahora, populistamente, claman para que se quede así y piden a los empresarios que inclusive sigan pagando el 23,7 %. Pero son políticos y, para ellos, parecieran estar primero los votos que el interés colectivo del país”, afirma Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO.

Y es que, para varios analistas políticos, el presidente Gustavo Petro se jugó una importante carta electoral con el incremento del salario mínimo de cara a las próximas elecciones. “Gana con cara o con sello”, le dijo a CNN el columnista Álvaro Ayala refiriéndose al decreto expedido por el mandatario.

“En medio de su naufragio político, de los escándalos de corrupción y pocas ejecuciones de su gobierno, los opositores le lanzaron un salvavidas al demandar el aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado. Sumando quienes ganan el salario mínimo, junto con sus esposa

By Leah Dolan, CNN

London (CNN) — London Fashion Week was given a royal christening of sorts on Thursday afternoon when King Charles sat front row on a gold cushion at British Nigerian designer Tolu Coker’s Fall-Winter 2026 show.

Charles, whose brother Andrew Mountbatten-Windsor was arrested on suspicion of misconduct in public office earlier this morning, appeared calm as he walked into the rising star’s runway show — albeit 25 minutes late.

Wearing a gray single-breasted suit paired with a white collared shirt, printed tie and smart dress shoes, Charles sat next to British fashion stalwart Stella McCartney and the British Fashion Council’s CEO Laura Weir, who escorted the monarch into the venue. Attendees, including British rappers Skepta and Lil Simz, were asked to stand on the arrival of the monarch.

The show’s set design, featuring a London Underground tube sign, street lamps, tufts of grass and dustbins, was in part an homage to the area Coker grew up in: Mozart Street in Westminster. Or as she affectionately called it, her “block.”

“It was looking at my block in the ‘90s, when I was born,” she told CNN backstage. The collection, which included cropped double-breasted jackets, sailor hats and crisp frock coats in pastel hues, was about “improperness,” according to the designer. Pieces were tailored, pleated and structured in the style of pressed school uniforms, but with a twist — a neckline designed to fold over like it was being shrugged off, for example. “It’s like, you get to your block and you lose that bit of properness and it becomes fun and playful,” Coker said.

A 2025 semifinalist of the prestigious LVMH Prize and one of the few Black female designers with their own label, Coker’s latest collection, titled “Survivor’s Remorse,” was a look at Britishness through the lens of the African diaspora. “This collection was one about grief, aspiration, assimilation and then coming back to one’s self,” she said. In one outfit, an eye-popping blue and pink tartan mini-skirt set, Coker combined the striking colors of her Yoruba heritage with a reference to “Clueless,” a film from her childhood.

The designer told CNN she had to keep her VIP guest a secret. Over the years, there have been a handful of royal appearances at the city’s fashion events, from Catherine, Princess of Wales, who presented the Queen Elizabeth II Award for British Design to designer Patrick McDowell in May 2025, to the late Queen Elizabeth II, who attended Richard Quinn’s show in 2018.

Coker, a former beneficiary of the King’s Trust — a mentorship initiative that supports young people looking to start a career in fashion — said seeing him sat in the front row was a “full circle moment.”

“It was really special to have him on our block and to experience what that is like,” she said.

The-CNN-Wire
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Por Devan Cole y Tierney Sneed, CNN

Una jueza federal en Minnesota declaró en desacato civil a un abogado del Gobierno de Trump por “desobediencia flagrante de órdenes judiciales” en el caso de un no ciudadano detenido en el marco de la ofensiva inmigratoria emprendida a principios de este año.

La decisión de la jueza federal de distrito Laura Provinzino, emitida el miércoles, parece marcar la primera vez que un abogado del Gobierno federal enfrenta sanciones impuestas por un tribunal durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La medida se produce en momentos en que jueces en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y en otras partes del país han mostrado creciente impaciencia ante reiterados incumplimientos de órdenes judiciales por parte del Gobierno, especialmente en casos inmigratorios que se resuelven con rapidez.

La jueza, designada por el expresidente Joe Biden, determinó que a partir del viernes, el abogado Matthew Isihara deberá pagar US$ 500 por cada día que el inmigrante no reciba sus documentos de identificación, los cuales no le fueron devueltos cuando fue liberado la semana pasada de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tal como ella había ordenado.

Al imponer la sanción, Provinzino desestimó el intento de Isihara de explicar que la infracción no fue intencional, sino consecuencia de que el caso “quedó rezagado” en medio de un “enorme volumen de casos” derivados de la Operación Metro Surge.

“La falta de personal y la alta carga de trabajo del Gobierno es un problema de su propia creación y en absoluto justifica una desobediencia flagrante de órdenes judiciales”, dijo la jueza durante una audiencia el miércoles, según una transcripción obtenida por CNN.

“No creo que necesite dar más indicaciones detalladas sobre esto. Creo que está claro lo que debe ocurrir”, agregó. “El solicitante debe recibir sus documentos de inmediato, y habrá una sanción de US$ 500 por cada día, más allá de mañana, en que no sean entregados a su abogado”.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

Isihara es un abogado militar que se trasladó al área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul para ayudar al Departamento de Justicia a gestionar una avalancha de casos migratorios presentados por no ciudadanos que buscan ser liberados de la custodia de ICE, lo que había desbordado al equipo local y derivado en problemas de incumplimiento en otros casos.

El 9 de febrero, Provinzino ordenó al Gobierno liberar al hombre, un ciudadano mexicano que vivía en Minnesota desde 2018, tras determinar que estaba detenido de manera ilegal. Su orden exigía que fuera liberado en Minnesota a más tardar el 13 de febrero y que se le entregaran todas sus pertenencias. Sin embargo, el Gobierno incumplió esa orden de tres maneras distintas, dijo la jueza, entre ellas al liberarlo en Texas, donde estaba detenido, y no devolverle sus documentos de identidad.

“Es muy preocupante, según la revisión de este espediente por parte del tribunal”, dijo la jueza al enumerar las distintas infracciones. Más adelante señaló que Isihara y sus colegas no habían realizado ninguna gestión en el caso hasta esa misma mañana.

“Es un problema de capacidad, su señoría, y ese es el problema subyacente fundamental”, dijo Isihara a la jueza. “No se trata de ningún intento deliberado de desafiar al tribunal”.

Provinzino y otros jueces federales en Minnesota habían advertido en semanas recientes que podrían declarar en desacato civil a abogados del Departamento de Justicia o a funcionarios de inmigración, mientras continuaban acumulándose problemas de incumplimiento en decenas de casos derivados de la Operación Metro Surge. No obstante, la imposición

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By Brian Todd, CNN

(CNN) — The Department of Veterans Affairs is halting enforcement of a new rule for determining disability payments after veterans across the US expressed outrage for what they said would likely reduce benefits for many.

The rule said a veteran’s disability level would be based on how well they function while on medication for an injury or illness and not simply having the impairment itself.

For example, if a veteran has a service-related knee injury but medication they take helps them function better, that would be taken into account when determining how much they receive in benefits. It was published Tuesday in the Federal Register and was effective immediately.

“If medication or other treatment lessens the functional impairment a disability causes and thereby improves a veteran’s earning capacity, that is the proper disability level for which the veteran should be compensated,” the so-called interim rule states.

But the VA said Thursday it will halt enforcement of the rule after veterans quickly and loudly opposed it.

“While VA does not agree with the way this rule has been characterized, the department always takes Veterans’ concerns seriously. To alleviate these concerns, VA will continue to collect public comments regarding the rule, but it will not be enforced at any time in the future,” VA Secretary Doug Collins said in a statement on X.

Before the VA halted enforcement of the rule, the Veterans of Foreign Wars criticized it saying it risked penalizing those who follow doctors’ orders.

“VA’s disability compensation system exists to compensate veterans for the average impairment in earning capacity resulting from service-connected conditions,” said VFW National Commander Carol Whitmore in a Wednesday letter to the VA. “It should not penalize veterans for seeking treatment.”

A former Navy helicopter pilot running for Congress as a Democrat in New Jersey called the rule “insane” and said she has already been contacted by veterans who told her they would stop taking their medication.

“They’re worried about their disability ratings getting impacted,” Rebecca Bennett said in a video posted on X. “If you are diagnosed with cancer and you are getting chemotherapy, you still have cancer.”

The VA’s rating system is on a scale up to 100%, based on the combined severity of the veteran’s injuries and illnesses. The higher the disability rating a veteran has, the more compensation they receive from the VA.

Beyond criticism, the rule seemed to attract confusion as well.

Both Collins and VA press secretary Peter Kasperowicz said earlier the new rule would “have no impact on any Veteran’s current disability rating,” indicating that veterans who have received disability payments before the rule was imposed would continue to have disability ratings that do not take the effects of medication into account.

Kristofer Goldsmith, an Army combat veteran who often advocates publicly for veterans and has been a critic of the VA under the Trump administration, told CNN before