Por Jimena De La Quintana y Sol Amaya, CNN en Español
En el centro histórico de Lima, la capital de Perú se alza una imponente edificación que fue la casa del fundador de Lima, Francisco Pizarro y la de virreyes y, a lo largo de los últimos 500 años, sufrió grandes cambios. Es el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo y centro de poder. A apenas 20 kilómetros, una construcción menos atractiva, angulosa, amurallada, se extiende por unos 800 metros cuadrados. Es la cárcel de Barbadillo. ¿Qué tienen en común ambas instalaciones? Cuatro nombres que en su momento ostentaron la presidencia y ahora conviven en el menos célebre espacio: la prisión.
Se trata de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2006-2011), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). Todos ellos son protagonistas de una historia que podría parecerse más a la ficción que a la realidad. Y es que no hay otro país en el mundo en el que permanezcan detenidos, a la vez, cuatro exmandatarios en un mismo lugar.
Los cuatro expresidentes han sido sentenciados en primera instancia. Toledo y Ollanta Humala, por casos relacionados a aportes ilegales de la empresa Odebrecht; Vizcarra por actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de la región Moquegua, y Pedro Castillo, por el delito de conspiración para una rebelión, tras el fallido golpe de Estado de 2022. Fueron condenados a penas que van de los 11 a los 20 años de prisión. Todos defienden su inocencia.
Un dato que torna la situación incluso más surrealista: estos cuatro expresidentes son los únicos reos alojados en Barbadillo, mientras el resto del sistema penitenciario de Perú enfrenta una situación de hacinamiento. Según cifras oficiales, son más de 103.000 los presos que existen actualmente en las casi 70 cárceles que tiene el país, pese a que la capacidad es tan solo para 41.000 reclusos.
Desde sus inicios, Barbadillo fue la “cárcel de los presidentes”, como hoy se la conoce, y el primer recluso fue Alberto Fujimori. Cuando el expresidente fue extraditado de Chile en 2007, para ser juzgado y posteriormente sentenciado en Perú por crímenes cometidos durante su Gobierno, la gran duda era: ¿qué prisión estaría en condiciones de alojar a un personaje de impacto político?
Fue un “tema histórico”, le cuenta a CNN, José Luis Pérez Guadalupe, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), institución encargada de administrar el sistema carcelario en Perú. “No sabían qué hacer, dónde ponerlo, no había la posibilidad de garantizar la integridad de Fujimori dentro de un penal ordinario”, dice Pérez Guadalupe, que fue la máxima autoridad de esta institución entre los años 2011 y 2015.
Así, al interior de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía peruana (DIROES) se decidió construir un espacio especial. “Se adecuó un ambiente, prefabricado, y se le puso allí”, dice Pérez Guadalupe, también exministro de Interior. Tiempo después, Fujimori pasó a otro lugar, dentro del mismo local de la DIROES, un edificio que es finalmente lo que hoy constituye la cárcel de Barbadillo.
Durante la gestión de José Luis Pérez Guadalupe, que inició años después de la llegada de Fujimori, el exmandatario era, todavía, el único preso en el lugar. “Había más o menos 17 empleados del INPE asignados a ese penal y el único interno era Fujimori”, por eso “en su momento dijimos que era el preso más caro del Perú”, dice refiriéndose a la cantidad de empleados que había por un recluso. En aquella época el expresidente, quien murió en septiembre 2024 fuera de prisión y tras recibir un indulto, “tenía la libertad de pasearse por todas las instalaciones”, dice el ex jefe del INPE.
El segundo inquilino de Barbadillo llegó muchos años después, en 2017: fue Ollanta Humala. Luego llegaría Pedro Castillo, en 2022, Alejandro Toledo, en 2023 y finalmente Martín Vizcarra, en 2025.
El exjefe del INPE cuenta que, en la