Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
Más de mil familias indígenas han sido desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero, un estado ubicado en el centro de México, tras varios días de ataques armados que las propias comunidades atribuyen al grupo criminal “Los Ardillos”, en una escalada de violencia que el gobierno federal ubica en la disputa entre organizaciones criminales que operan en la región.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que los ataques comenzaron el 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez. Desde entonces, aseguran, la violencia ha obligado a familias enteras a abandonar sus casas durante la madrugada.
Mientras el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que buscan contener la crisis mediante diálogo y la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional para evitar más enfrentamientos, las comunidades denuncian ataques armados, uso de drones y abandono por parte del Estado.
CNN solicitó comentarios a la Presidencia de México sobre las denuncias que hace la comunidad y espera respuesta.
“Más allá de que haya grupos delictivos ahí, que evidentemente tiene que atenderse con la fuerza de la ley, hay muchas personas alrededor. Entonces, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria este miércoles.
“Entonces, por eso, le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el gobierno del estado, para permitir que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después ya vemos, mediante el diálogo, cómo pueden regresar estas personas”, agregó.
En uno de sus mensajes publicados en redes sociales, mujeres de estas comunidades indígenas resumieron así la situación: “Más de mil familias estamos siendo desplazadas en este momento por los ataques del grupo criminal ‘Los Ardillos’. Ya han desplazado a la comunidad de Tula y están ahorita desplazando a Acahuehuetlan y Xicotlan”, dice una de ellas en un video publicado este sábado.
“Nuestros niños y niñas están en medio de la balacera. Estamos siendo atacadas con metralletas y drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional observan sin hacer nada”, agrega.
Los testimonios difundidos por la propia comunidad muestran escenas de familias huyendo de madrugada, mujeres cargando cobijas y bolsas con pertenencias básicas. “Pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar ‘Los Ardillos’”, dicen en otro video publicado un día después, el domingo 10 de mayo cuando se celebraba el Día de las Madres en México.
“¿De qué sirve hablar de ‘transformación’ mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?”, añaden.
Conforme pasan los días, las comunidades han ido actualizando sus propias cifras sobre el desplazamiento. Primero hablaron de más de mil familias que habían abandonado sus hogares. Este martes, el CIPOG-EZ aseguraba que solo de la comunidad de Alcozacán habían salido más de 1.300 personas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que los hechos más recientes dejaron al menos 1.200 nuevos desplazados, una cifra que —sumada a desplazamientos previos registrados en la región— eleva el total a unas 2.200 personas desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero.
“Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones, amenazas y ataques contra comunidades indígenas que, desde hace años, denuncian la presen