Análisis por Maria Santana, CNN en Español
La decisión de Estados Unidos de autorizar que el Gobierno venezolano financie la defensa legal del derrocado presidente Nicolás Maduro no es un gesto político a su favor, sino, según expertos legales, una maniobra para proteger la integridad del proceso judicial.
Las sanciones estadounidenses al gobierno, así como varios funcionarios y empresas estatales venezolanas habían bloqueado el acceso a fondos vinculados al Estado venezolano, lo que complicaba la capacidad de Maduro de pagar a sus abogados.
Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, de los que se declaró inocente en enero.
Su abogado, Barry Pollack, pidió en febrero al juez federal, Alvin Hellerstein, desestimar el caso, alegando que las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impedían cubrir los honorarios legales y violaban su derecho a un abogado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Hellerstein expresó en una audiencia su escepticismo frente a esa limitación y subrayó que el derecho a la defensa es fundamental, sugiriendo que restringir los recursos legales del acusado podría poner en riesgo la validez del caso.
“La Sexta Enmienda garantiza el derecho a un abogado, y quienes contratan uno tienen derecho, con excepciones limitadas, a elegirlo. De lo contrario, una condena podría ser anulada y el caso tendría que repetirse”, advirtió el abogado y analista de CNN Joey Jackson.
Jackson subrayó, además, que los casos de esta magnitud requieren tiempo y recursos, y que una defensa bien financiada es clave para someter las pruebas de la Fiscalía a un escrutinio riguroso.
“Sin esas condiciones, los fiscales se arriesgan a enfrentar reclamos por ‘asistencia ineficaz de abogado’, otra vía que podría revertir una condena”, dijo Jackson.
Ante ese escenario, Washington acordó a finales de abril permitir que el Estado venezolano cubra los honorarios legales de Maduro bajo ciertas condiciones, en lo que representa una de las primeras victorias legales importantes para su defensa.
“Esto termina siendo una solución práctica y razonable para ambas partes. Para la Fiscalía, insistir en bloquear los fondos podía significar retrasar aún más un caso que ya avanza lentamente, incluso obligando a reiniciar parte del proceso si la defensa cambiaba de abogado,” dijo el exfiscal federal y analista de CNN, Elie Honig.
“Al mismo tiempo, los jueces no tienen la facultad de anular sanciones, que son decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. En ese contexto, permitir el financiamiento evita un choque innecesario y mantiene el caso en curso”.
Más allá de los tribunales, la decisión también tiene eco en Venezuela, donde algunos la ven como una injusticia en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
“Nosotros realmente ahorita no tenemos esa capacidad adquisitiva. Yo creo que él tiene que pagar”, dijo Jorge Castro durante una protesta laboral el viernes en Caracas.
Ese sentimiento se repite entre quienes cuestionan el uso de recursos del Estado para financiar la defensa de Maduro.
El costo total exacto de la defensa legal de Maduro se desconoce, pero casos complejos como este pueden costar millones de dólares. Algunos abogados, especialmente los de primer nivel en Estados Unidos, llegan a cobrar hasta miles de dólares por hora.
“Hay una crisis humanitaria… y, aun así, del erario público van a salir millones de dólares para defender a (Maduro)”, opinó Estela Romero, otra ciudadana venezolana.
Sea cual sea el costo, no es que pagarlo resuelva los problemas de la población Venezuela. Varios analistas y organismos internacionales coinciden en que la recuperación de los