Por Tami Luhby, CNN
Es posible que Jan Gautam pronto tenga que despedir a cientos de trabajadores de decenas de hoteles en Florida. Por este motivo es que el director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts sigue muy de cerca un caso de inmigración que se presenta ante la Corte Suprema esta semana.
Los empleados son haitianos que poseen el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Estaba previsto que su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos expirara a principios de febrero tras una decisión del Gobierno de Trump que ponía fin a las protecciones. Sin embargo, un juez federal suspendió dicha decisión y luego la administración apeló ante la Corte Suprema, que tiene previsto escuchar los argumentos orales del caso este miércoles.
Aproximadamente el 30 % del personal hotelero de Gautam en Florida está compuesto por haitianos titulares del TPS, quienes se desempeñan como personal de limpieza, jardineros, supervisores y en otros puestos. Si se viera obligado a despedirlos, podría tener que mantener algunas habitaciones cerradas en ciertos momentos, dado que los hoteles no podrían prepararlas con la prontitud necesaria para recibir a los siguientes huéspedes. Además, tendría que invertir miles de dólares en la capacitación de cada nuevo empleado, lo cual reduciría aún más su margen de ganancias.
En definitiva, si los titulares del TPS pierden su estatus, esto le acarreará costos de cientos de miles de dólares, además de una gran inversión de tiempo y numerosos dolores de cabeza, afirmó.
“Necesitamos contar con estas personas”, declaró Gautam. “Uno las capacita y, acto seguido, tienen que marcharse; no por decisión propia, sino por decisión de terceros”.
El destino del personal de Gautam, así como el de más de otros 350.000 inmigrantes haitianos, descansa en manos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes se han alineado con la administración Trump en la mayoría de sus apelaciones en materia de inmigración. El amparo del TPS, que permite a sus titulares vivir y trabajar en Estados Unidos, se aplica a aquellas personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen, devastados por conflictos armados o desastres naturales. Los inmigrantes haitianos obtuvieron la elegibilidad después de que un terremoto sacudiera el país en 2010. Desde entonces, la designación ha sido renovada en múltiples ocasiones en medio de la serie de crisis que enfrenta el país, que incluyen la violencia generalizada por parte de pandillas armadas, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021.
Cinco titulares haitianos del TPS están impugnando la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin a dichas protecciones, argumentando que la agencia no llevó a cabo la revisión necesaria para determinar si es seguro regresar a Haití y que la decisión de la agencia deriva, en parte, de la animosidad racial del presidente Donald Trump. El DHS ha argumentado que las protecciones nunca tuvieron la intención de ser permanentes.
“El TPS para Haití se otorgó a raíz de un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado a CNN. “Nunca se concibió como un programa de amnistía de facto. Sin embargo, así es como las administraciones anteriores lo han utilizado durante décadas. Temporal significa temporal, y la última palabra no la tendrán jueces activistas que legislan desde el estrado”.
Muchos haitianos con TPS han vivido durante años en Estados Unidos, desarrollando carreras profesionales, comprando viviendas y formando familias. Florida alberga, con gran diferencia, la mayor proporción de ellos. Sin embargo, también hay decenas de miles que residen en Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, Ohio y otros estados.
A principios de 2025, cerca de 190.000 titulares de TPS de origen haitiano se