Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley de Amnistía, que contemplaba la liberación de cientos de personas presas por delitos relacionados con hechos políticos, “llega a su fin” y aseguró que los casos pendientes podrán revisarse a través de otros mecanismos.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores durante la instalación de la Comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, transmitida en el canal estatal VTV.

Rodríguez explicó que los casos no contemplados en la ley podrán ser atendidos a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como de la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, contemplaba la liberación de cientos de personas que fueron procesadas o condenadas por delitos relacionados con hechos políticos durante 27 años de chavismo. La ley fue impulsada por Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a principios de enero.

Días después de la operación contra Maduro, el Gobierno anunció la liberación de “un número importante” de personas como una señal para consolidar la paz y convivencia, según dijo entonces.

La medida fue ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por un sector de la oposición debido a su alcance, ya que dejaba fuera a militares y a personas que hubieran participado en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Además, aunque el texto había establecido que su aplicación cubría el período entre 1999 y 2026, en la práctica su alcance se había limitado a 13 momentos específicos de crisis política ocurridos desde 2002.

Esta delimitación, señalaron organizaciones como Foro Penal, implicaba que quedaban excluidos numerosos casos de detenciones registradas en al menos 15 de los últimos 27 años, así como también los hechos vinculados a operaciones militares.

Figuras de la oposición venezolana como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, político cercano a la líder y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla “excluyente”.

“Es una ley chucuta porque es corta, porque no tiene alcance, porque no abarca todo, porque no es adecuada”, dijo el exdiputado de la Asamblea Nacional en febrero durante una entrevista en el programa Conclusiones.

El líder opositor dijo en ese momento que, más que una ley, se necesitaba “voluntad política” para liberar a los presos políticos, garantizar el regreso de los exiliados y avanzar hacia elecciones que restituyan la democracia en Venezuela.

Apenas este miércoles, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que velaba por el cumplimiento de la Ley de Amnistía, dijo en su cuenta de X que 8.616 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión recuperaron su libertad

The post A Brain-Infecting Parasite Has Come to California. Should Santa Barbara Worry? appeared first on The Santa Barbara Independent.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron este jueves diversas sanciones contra un grupo de nueve personas y 14 empresas que presuntamente proveen al Cartel de Sinaloa con precursores químicos para la fabricación de fentanilo, de acuerdo con comunicados publicados por autoridades de ambos países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, dijo en un comunicado que sancionó a las nueve personas y 14 empresas por su presunta participación en una red que provee materias primas al Cartel de Sinaloa, al que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista internacional en febrero de 2025.

De acuerdo con el Departamento, las nueve personas sancionadas incluyen a dos ciudadanos de India —ambos detenidos en ese país en 2025—, uno de Guatemala y seis de México —de los cuales uno fue arrestado en España en 2025 y dos más en México este año—. Las 14 empresas con sanciones también se ubican en India, Guatemala y México.

“Los carteles mexicanos recurren a compañías del sector químico a través del mundo para abastecerse de los precursores y otros químicos esenciales que son necesarios para producir opioides sintéticos”, dijo la agencia.

“Los intermediarios, que actúan en coordinación con los carteles mexicanos, facilitan la logística y el embarque de estos químicos a México o Guatemala vía aérea o marítima. Con frecuencia, cargamentos con kilogramos de precursores para fabricar fentanilo letal son indebidamente etiquetados como ‘químicos seguros’. Los intermediarios después transfieren estos químicos a individuos conocidos como ‘cocineros’, quienes controlan los laboratorios clandestinos controlados por los carteles para elaborar drogas sintéticas”, agregó.

Con estas sanciones, quedarán congelados los bienes de las personas y empresas que se encuentren en Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios con ellas.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que analizó las operaciones financieras, fiscales y corporativas de las personas y empresas señaladas por Estados Unidos, y concluyó que realizaron actividades “de riesgo” y tuvieron “inconsistencias” que sugieren simulación y defraudación fiscal.

A raíz de esto, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de México por posible lavado de dinero, dijo la Secretaría. También, bloqueó a los señalados para impedirles que usen el sistema financiero de México.

“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas”, señaló la Secretaría en su comunicado.

El anuncio de las sanciones de ambos gobiernos se produce en un contexto en el que ambos aseguran trabajar de forma coordinada para combatir al crimen organizado, aunque también tienen tensiones sobre este asunto. El Gobierno de Trump con frecuencia dice que la administración de Claudia Sheinbaum no hace lo suficiente para acabar con la delincuencia, mientras que la mandataria mexicana asegura que su país avanza en esta materia y está dispuesto a cooperar sin subordinarse a Estados Unidos.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

The post EE.UU. y Mé

CNN

By Hannah Rabinowitz, Kara Scannell, CNN

(CNN) — A US special forces soldier involved in the capture of Venezuelan President Nicolás Maduro was arrested and charged for allegedly betting on that operation, netting him $400,000 in profits.

According to an indictment unsealed Thursday, Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke opened an account in late December on Polymarket, one of the best-known prediction markets. He wagered about $32,000 that Maduro would be “out” by January. The bet was a long-shot.

But Van Dyke was involved in the planning and execution of Operation Absolute Resolve, prosecutors allege, and had access to classified information before he placed the bet. His winnings, though anonymous, caught the attention of law enforcement almost immediately.

Van Dyke, an active duty solider stationed at Fort Bragg, faces five criminal charges for stealing and misusing confidential government information, theft and fraud. He will make his first court appearance in North Carolina. No attorney has been listed for him on the court docket.

He allegedly made 13 bets from December 27 to January 2, the last being hours before the overnight capture. Prosecutors said Van Dyke sent his more than $400,000 in profits to a foreign cryptocurrency vault before he deposited them in an online brokerage account.

A master sergeant in the Army is a senior noncommissioned officer, considered a key tactical leader and technical expert and serving as the principal NCO typically at the Army battalion level. Senior NCOs are often looked to for setting and upholding the standard for more junior soldiers in the unit.

“Those entrusted to safeguard our nation’s secrets have a duty to protect them and our armed service members, and not to use that information for personal financial gain,” said Jay Clayton, US attorney for the Southern District of New York.

Van Dyke was photographed just after the operation – and from when he placed his final bet – on “what appears to be the deck of a ship at sea, at sunrise wearing U.S. military fatigues, and carrying a rifle, standing alongside three other individuals wearing U.S. military fatigues,” court documents say.

Van Dyke profited more than $400,000, prosecutors say. He then allegedly moved those winnings to a foreign cryptocurrency vault before he deposited them in an online brokerage account in what prosecutors called an attempt to conceal their origin.

The Commodity Futures Trading Commission filed a related complaint against Van Dyke on Thursday, seeking restitution, disgorgement and civil monetary penalties.

CNN reported last month that federal prosecutors were investigating the Maduro trade, according to a person familiar with the matter. The chiefs of the securities and

The post A New Commuter Train Is Entering Santa Barbara’s Station. Now How Do I Get There? appeared first on The Santa Barbara Independent.