Por Gonzalo Zegarra, CNN Español
Los asesinatos del sangriento último fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, llegaron a un juicio masivo que comenzó esta semana contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, un proceso bajo un nuevo modelo penal que es criticado por organismos de derechos humanos por restricciones al acceso a la defensa.
Uniformados de blanco, rapados y con mascarillas, cientos de acusados siguen el juicio por videoconferencia. De ellos, 413 están detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad emblema del Gobierno de Bukele, y otros 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.
Un tribunal especializado en crimen organizado lleva adelante el modelo de macroaudiencia por “más de 47.000 delitos” cometidos entre 2012 y 2022, según la Fiscalía General, entre ellos, ordenar 86 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. Es un modelo de juicio establecido tras varias reformas aprobadas en 2023 al Código Penal de El Salvador, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que sigue vigente desde hace cuatro años y que suspende garantías constitucionales.
En estos procesos, los detenidos suelen contar con un defensor público. CNN intenta averiguar con qué tipo de acompañamiento legal cuentan las personas que están siendo juzgadas y cómo es el acceso a la defensa en este caso.
El Salvador comenzó 2022 con un promedio de 2,8 asesinatos diarios, una cifra que iba en aumento desde los últimos meses de 2021. El viernes 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, lo que condujo a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, pero la escalada de violencia continuó el sábado. La Policía confirmó 62 asesinatos en esa jornada y 11 más el domingo.
Con esos números, es considerado el fin de semana más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
En medio de esa ola de sangre, Bukele pidió por redes sociales a la Asamblea que declarara inmediatamente el régimen de excepción. El Congreso, de mayoría oficialista, convocó a una sesión extraordinaria y alcanzó el 75 % necesario para aprobarlo.
Por ese entonces, el Gobierno de Estados Unidos ya había sancionado a dos funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones secretas con la MS-13. Bukele siempre rechazó las versiones de una presunta “tregua” con las pandillas.
El estado de excepción aprobado por la Asamblea se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas. Desde ese momento, las autoridades afirman haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales. Bukele, que mantiene altos niveles de popularidad, dijo que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia de las autoridades.
El lunes, cuando comenzó la primera audiencia del juicio, no se autorizó el acceso a los medios de comunicación. La Fiscalía informó por la noche que los acusados están imputados por “crímenes que marcaron al país”: homicidios, femicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas, así como rebelión “al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo”.
Los fiscales, que no han detallado cuánto durará el proceso, han presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios, y solicitaron al juez que imponga la pena máxima por cada crimen. Un acusado podría recibir hasta 245 años de condena si es hallado culpable de múltiples cargos.
El martes, cuando s