Por Merlin Delcid, CNN en Español
El estado de sitio declarado hace 30 días en Guatemala, luego de ataques del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad, terminó este lunes pero los patrullajes y operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército van a continuar en el país centroamericano. A partir de este martes, entrará en vigor el estado de prevención, según lo anunció el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje en video difundido la noche del domingo.
“La seguridad es una demanda urgente del pueblo de Guatemala y nuestro gobierno seguirá trabajando para que podamos volver a caminar por nuestras calles y nuestros barrios con más tranquilidad”, dijo el mandatario, tras asegurar que en el último mes se produjeron impactos “contundentes” contra los grupos criminales y que los homicidios se redujeron en un 50%.
En las calles de Guatemala, sin embargo, los ciudadanos son menos optimistas. Varios piden que el gobierno de Arévalo implemente acciones más duras contra el crimen y otros más, incluso, se plantean la posibilidad de migrar al vecino El Salvador —no a Estados Unidos— porque consideran que ahí estarían más seguros.
“Tal vez sea la mejor decisión, ya he escuchado a parte de mis amigos: El Salvador, una nueva opción”, dijo a CNN Jasel López.
Una razón para ver El Salvador como una alternativa para migrar, agregó, es que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado reducir las actividades de los grupos criminales y los niveles de violencia mediante el régimen de excepción vigente desde 2022. Especialistas y organizaciones no gubernamentales advierten, sin embargo, que este esquema da pie a violaciones a los derechos humanos. Por su parte, Bukele defiende sus políticas en la materia.
En Guatemala, personas como Randy Monterroso creen que, a pesar de los avances anunciados por el gobierno, persisten los problemas de inseguridad y violencia generados por las maras y otras pandillas.
“Ahora no puede andar en los buses, no puede andar caminando porque siempre lo asaltan a uno los mareros”, dijo Monterroso, empleado del aeropuerto internacional La Aurora, en la céntrica Plaza de la Constitución.
Desde su perspectiva, en Guatemala hay muchas zonas rojas. “Ahí no se puede entrar, es muy peligroso. Si uno entra, sale sin nada”, señaló.
A pocos metros, Marleni Larios, quien desde hace siete años vende granizadas —también conocidas como raspados o piraguas en otras partes de América Latina—, igualmente expresa preocupación por la inseguridad en Guatemala. Para ella, el problema está claro: “No hay muchos policías, yo siento que falta eso”.
Para hacer frente a la criminalidad que afecta a los guatemaltecos, y luego de una serie de hechos de violencia en cárceles, el gobierno de Arévalo declaró en enero un estado de sitio por 30 días para permitir al Ejército apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública.
Las autoridades sostienen que, durante la vigencia del estado de sitio, los homicidios bajaron en 50% y las extorsiones en 33%, al comparar las cifras con el mismo período de 2025.
“Haciendo uso legítimo de la fuerza y respetando el estado democrático de derecho estamos recuperando espacios que durante mucho tiempo fueron cooptados por el crimen organizado”, dijo el presidente Arévalo en rueda de prensa.
El estado de sitio fue la respuesta del gobierno a una revuelta en tres prisiones y ataques en diferentes zonas del país que dejaron el saldo de 11 policías muertos.
Ante las acciones tomadas desde entonce