Análisis de Aaron Blake, CNN
El 2 de noviembre, la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que los ataques terrestres en Venezuela requerían la aprobación del Congreso. Añadió que si Trump “autorizara alguna actividad terrestre, eso sería una guerra y entonces (se necesitaría) al Congreso”.
Días después, funcionarios del Gobierno de Trump dijeron en privado a miembros del Congreso prácticamente lo mismo: que carecían de justificación legal para respaldar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela.
Sin embargo, tan solo dos meses después, la administración Trump ha hecho lo que previamente había indicado que no podía hacer.
El Gobierno lanzó lo que Trump llamó un “ataque a gran escala contra Venezuela” y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos en EE.UU. Y lanzó esa campaña para un cambio de régimen sin la aprobación del Congreso.
(En noviembre, Trump afirmó que no necesitaba la autorización del Congreso para acciones terrestres, pero claramente no era la opinión común de todos en su Gobierno).
Parece que la misión, por ahora, se limitó a derrocar a Maduro. Pero, como señaló Trump, la misma sí implicó un ataque dentro del país, la misma circunstancia que algunos miembros de la administración habían dicho previamente que requería una autorización de la que carecía. CNN informó a principios de noviembre que el Gobierno había solicitado una nueva opinión legal del Departamento de Justicia sobre tales ataques.
Y Trump, en una conferencia de prensa este sábado, habló repetidamente no solo del arresto de Maduro, sino también de que gobernará Venezuela y tomará el control de su petróleo. Esos comentarios sin duda podrían interpretarse como una sugerencia de que se trató de algo más que arrestar a Maduro.
Los ataques de dudosa legalidad dentro de otro país, incluso aquellos diseñados específicamente para derrocar a líderes extranjeros, no son inéditos en la historia reciente de Estados Unidos. Pero incluso en ese contexto, este es notable.
Esto se debe a que el Gobierno de Trump ha tenido poco cuidado al ofrecer justificaciones consistentes o un marco legal para el ataque. Y ni siquiera parece haber notificado al Congreso con antelación, que suele ser el mínimo indispensable en tales circunstancias.
Aún no se ha emitido una explicación completa de la supuesta justificación del Gobierno, pero las primeras señales son característicamente confusas.
El senador republicano Mike Lee, de Utah, declaró poco después de los ataques que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había dicho que el ataque era necesario para, en palabras de Lee, “proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto” contra Maduro.
“Esta acción probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, bajo el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, dijo Lee, un crítico frecuente de las acciones militares no autorizadas en el exterior.
Horas después, el vicepresidente J. D. Vance repitió esa misma línea.
“Y un mensaje de servicio público para todos los que dicen que esto es ‘ilegal’: Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo”, dijo Vance en X. “No se puede evadir la Justicia por narcotráfico en Estados Unidos por vivir en un palacio en Caracas”.
En una conferencia de prensa posterior, Rubio reiteró que las fuerzas armadas habían estado apoyando “una función de aplicación de la ley”.
Pero hay muchas personas que viven en otros países y que están siendo acusadas en Estados Unidos, y no es habitual que el Gobierno estadounidense ataque a países extranjeros para llevarlos ante la justicia.
El Gobierno tampoco había indicado previamente que la fuerza militar pudiera usarse legalmente por este motivo.
Inicialmente, Trump amenazó con ataques