Análisis por Fernando Ramos, CNN en Español
Colombia se alista para realizar la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la república este 31 de mayo bajo una amenaza que el país creía estar dejando atrás: la del control territorial de las armas sobre los votos. Lo que inició como la columna vertebral del proyecto de Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, la denominada política de “Paz Total”, atraviesa hoy una grave crisis estructural.
El fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el incremento de atentados contra líderes políticos y las amenazas directas a candidatos presidenciales configuran un escenario de asedio que pone en jaque las garantías democráticas del país, según varios analistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y expertos en seguridad.
El 16 de mayo fueron asesinados a tiros por un grupo armado ilegal en la localidad de Cubarral, en el departamento del Meta, centro del país, Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, ambos militantes y coordinadores en esa región del movimiento político Firmes por la Patria, que lidera el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
“Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, manifestó De La Espriella en un video en sus redes sociales al conocer la noticia.
Pero las amenazas, atentados y violencia contra actores políticos en medio de la campaña electoral comenzaron desde hace varios meses. Uno de los hechos más graves que encendió las alarmas institucionales fue el atentado contra el precandidato presidencial y senador de la oposición, Miguel Uribe Turbay.
El ataque, ocurrido el 7 de junio de 2025, no solo representó un atentado directo contra su vida, sino un mensaje desestabilizador para todo el sistema político. Su posterior muerte, tras dos meses de luchar por su vida en una clínica al norte de Bogotá, dejó en evidencia que las garantías de seguridad para quienes ejercen sus derechos políticos en Colombia están en un nivel crítico.
La estrategia de la paz total partió de una premisa ambiciosa: negociar simultáneamente con múltiples organizaciones criminales y grupos guerrilleros para desmantelar el conflicto armado de más de medio siglo en Colombia. Sin embargo, la implementación de ceses al fuego bilaterales sin mecanismos estrictos de verificación ni exigencias de concentración geográfica generó, según expertos, el efecto opuesto.
“La paz total fracasó de manera rotunda, de manera absoluta. Yo, a pocos meses de terminar el mandato de Petro, no rescato nada. Fue un total fracaso”, dijo a CNN el analista político y columnista del diario El Heraldo, Óscar Montes.
El riesgo, sostuvo en diálogo con CNN Jaime Arango, exasesor de seguridad nacional y experto en conflicto armado, ya no se limita a la compra de votos. La amenaza actual, aseguró el especialista, es la presión armada al elector. “Los grupos armados han crecido exponencialmente durante este Gobierno, se han aprovechado de las supuestas negociaciones para afianzar su poder en varias regiones, especialmente en donde hay presencia de cultivos ilícitos. Y eso es muy grave, porque allí mandan ellos y están amedrentando a los pobladores para que voten por el candidato de su preferencia”, dijo Arango.
La mayoría de los 12 candidatos presidenciales que participarán en estos comicios han manifestado su preocupación por los reiterados actos de violencia por parte de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo.
“Yo denuncio, y también lo hace mi campaña, que hemos recibido