Santa Barbara County News and Events

Detienen en Sinaloa a Omar Chávez, hijo del exboxeador mexicano Julio César Chávez

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Por Gonzalo Jiménez y Mauricio Torres, CNN en Español

Omar Alonso Chávez Carrasco, uno de los hijos del exboxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido el miércoles en Culiacán, capital de Sinaloa, informó a CNN la Secretaría de Seguridad de ese estado del noroeste de México, sin dar detalles sobre el motivo del arresto.

La ficha disponible en el Registro Nacional de Detenciones indica que Chávez Carrasco fue arrestado en horas de la mañana por la Policía Estatal Preventiva, mientras circulaba por la carretera que va de Culiacán a Navolato.

De acuerdo con el documento, Chávez Carrasco fue trasladado al penal de Aguaruto, ubicado en la misma capital del estado.

CNN preguntó a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía de Sinaloa de qué delitos está acusado Chávez Carrasco y está a la espera de respuesta. CNN también contactó a la familia de Chávez Carrasco y busca saber si ya cuenta con representación legal.

Chávez Carrasco, apodado “El Businessman”, se dedica al boxeo profesional como lo hizo su padre. Nació en 1990 y ha peleado en las divisiones superwelter y mediana. En julio de 2012, disputó sin éxito el título de campeón mediano de la Confederación Mundial de Boxeo, frente a Jorge Páez Jr.

Hasta ahora registra una trayectoria de 42 victorias, nueve derrotas y un empate, según el sitio especializado BoxRec.

Chávez Carrasco es el segundo hijo de Julio César Chávez que ha sido arrestado en menos de un año.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en agosto de 2025 al también boxeador Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del cual depende ICE, dijo entonces en un comunicado que el pugilista tenía una orden de arresto vigente en México por su presunta relación con actividades de narcotráfico y de tráfico de armas. Él rechaza los cargos.

Después de quedar bajo custodia de ICE, Chávez Jr. fue trasladado a México, donde un juez le concedió continuar en libertad durante el proceso penal en su contra.

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How the anti-weaponization fund evolved from a 2024 Trump campaign idea into a reality

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By Adam Cancryn, Paula Reid, Evan Perez, CNN

(CNN) — As Donald Trump plotted his return to the White House in late 2023, a group of campaign advisers began working on a plan to compensate political allies they believed were unfairly targeted by the federal government, two people familiar with the deliberations told CNN.

The team spent months on the proposal in the lead-up to Trump’s election. But there was a major roadblock: they couldn’t find a viable funding source for the payouts. So, the advisers shelved the plan.

Then Trump’s $10 billion lawsuit against his own IRS started to flounder and the long-dormant campaign idea was suddenly revived. As part of the settlement of that suit, the administration created an unprecedented legal initiative that could funnel nearly $1.8 billion in taxpayer money to Trump friends and supporters.

“The concept was always there, but the question mark was the funding,” said one of the people familiar with the deliberations. “But along comes this case and it’s like, hey wait a minute, there it is.”

The Justice Department’s fund is now poised to dole out hefty sums to those deemed victims of “lawfare and weaponization,” with few apparent limits on who is eligible and for what perceived offenses. It will draw on money from an obscure account that officials located within the Treasury Department originally meant for settling lawsuits filed against the government.

The initiative has already sparked fierce blowback, even from fellow Republicans — a development administration officials had not adequately anticipated, sources familiar with the planning said.

Who’s eligible for the money

The potential for Trump allies to reap significant windfalls has already touched off wrangling within the president’s circle over who should be first in line — or be cut out completely. In private discussions, some advisers have pushed for clear eligibility limits, over fears that rioters in the January 6, 2021 Capitol attack who were convicted of assaulting police officers will secure payouts.

But others — including conservative activist Charlie Kirk before his death last year, according to a source familiar with the discussions — have pushed for casting a wide net that includes the January 6 rioters who Trump and some around him view as an essential element of his MAGA base. Now, hundreds of Trump supporters who participated in the Capitol attack have already been advised to apply for compensation, said Peter Ticktin, a lawyer and longtime Trump ally who represents many of those who were prosecuted for their roles in the riot.

Close advisers and aides to Trump may also qualify based on federal scrutiny they received as part of a years-old investigation into Russian interference in the 2016 election. On Tuesday, former Trump official Michael Caputo cited that probe in filing the first known claim to the fund, writing that “the machinery of government was clearly politically weaponized against my family.”

“Despite this, we never stopped trusting the President; we knew he would never let this injustice stand,” Caputo added in a letter seeking $2.7 million in restitution.

Trump aides and allies have defended the fund as a long-overdue effort to make amends with people who suffered personally and financially from federal investigations they view as politically motivated. They’ve insisted that anyone can be considered, regardless of their political affiliation. And, some argued, it’s the fulfillment of Trump’s campaign-trail vow to seek “retribution” for “those who have been wronged and betrayed.”

Quick moves prompt major fallout

Still, it’s sparked unease within some corners of the

Autoridades federales presentan cargos contra 15 personas en Minnesota por fraude a programas sociales del Gobierno

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Por Andy Rose y Hanna Park, CNN

Las autoridades federales presentaron el miércoles cargos contra 15 personas acusadas de defraudar programas de servicios sociales en Minnesota, anunció este jueves el secretario adjunto de Justicia Colin McDonald.

Los casos involucran el robo de más de US$ 90 millones en dinero de los contribuyentes, dijo McDonald.

“Este no es el final de nuestro trabajo en Minnesota. Este no es el final del comienzo de nuestro trabajo en Minnesota. Este es el comienzo de nuestro trabajo en Minnesota”, afirmó.

El anuncio se produjo minutos después de que la fundadora de Feeding Our Future, Aimee Bock, fuera condenada a casi 42 años de prisión por cargos federales, incluido soborno.

Bock fue una de las primeras personas en ir a juicio en lo que los fiscales federales han descrito como uno de los mayores fraudes relacionados con el covid-19 en el país. El esquema explotó reglas flexibles que se mantuvieron durante la pandemia para evitar el colapso de la economía. Según las autoridades, en total se desviaron más de US$ 250 millones en fondos federales en el esquema de Minnesota y solo se han recuperado unos US$ 50 millones.

Las demás acusaciones descritas en documentos judiciales muestran que una persona está acusada de defraudar el Programa Federal de Nutrición Infantil y un programa estatal que otorga subvenciones a proveedores de cuidado infantil, en parte mediante la falsificación del número de comidas servidas a niños. Otra persona, acusada de defraudar un programa estatal que ayuda a centros de cuidado infantil a pagar salarios, habría inflado el número de empleados y las horas trabajadas.

Algunos de los otros casos involucran acusaciones de fraude a Medicaid. Dos de los acusados, responsables de proporcionar servicios de vivienda a personas necesitadas, habrían defraudado a Medicaid inflando las horas de servicio prestadas, según documentos judiciales. Además, los propietarios de hogares grupales para personas con discapacidades en zonas rurales de Minnesota supuestamente usaron más de US$ 1 millón obtenido mediante facturación fraudulenta a Medicaid para gastos personales, incluidos siete automóviles de alta gama, según una acusación formal.

Las personas acusadas son “estafadores que trataron los programas administrados por Minnesota como su alcancía personal”, dijo McDonald.

Algunos cargos también incluyen acusaciones de que niños fueron diagnosticados falsamente con autismo para recibir dinero del Gobierno, lo que McDonald describió como “el mayor esquema de fraude relacionado con autismo jamás presentado por el Departamento de Justicia”.

Los cargos llegan tres semanas después de que un funcionario federal dijera que se ejecutaron 22 órdenes de allanamiento en Minnesota como parte de una investigación de fraude de larga duración en el estado.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz, también hablaron durante la conferencia de prensa realizada este jueves por la mañana en Minneapolis.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche tenía previsto viajar inicialmente a Minnesota, donde se esperaba que hablara en esta conferencia de prensa. En cambio, se reunió con legisladores en el Capitolio para intentar salvar el fondo del Departamento de Justicia contra la “instrumentalización política”, mientras el partido evalúa el futuro del programa.

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Con información de Whitney Wild y Chris Boyette, de CNN.

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Los republicanos se rebelan contra el fondo de US$ 1.800 millones de Trump contra la persecución judicial

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Por Ted Barrett y Manu Raju, CNN

La insistencia del gobierno de Trump en crear un fondo de US$ 1.800 millones para evitar la persecución judicial, ha frustrado los planes de los republicanos en el Senado para aprobar un importante paquete de medidas de control migratorio, mientras los senadores abandonan Washington para el receso del Día de los Caídos.

Los senadores republicanos afirmaron que el fondo del Departamento de Justicia, anunciado esta misma semana, los tomó por sorpresa y ahora discrepan sobre cómo controlarlo.

El tema se volvió tan espinoso para los republicanos del Senado que existían dudas sobre si podrían reunir los 50 votos necesarios para aprobar un proyecto de ley que proporcione decenas de miles de millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. y a la Patrulla Fronteriza como parte del paquete migratorio que el presidente Donald Trump exigió que llegara a su escritorio antes del 1 de junio.

Es casi seguro que los legisladores republicanos no cumplirán con ese plazo.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, se dirigió al Capitolio este jueves por la mañana en un intento por salvar el fondo. Pero se enfrentó a una fuerte resistencia durante la reunión privada de más de 90 minutos, donde varios senadores advirtieron que el importante proyecto de ley de control migratorio del partido podría verse frustrado por este asunto, según una persona familiarizada con el tema.

Inicialmente, Blanche tenía previsto viajar a Minnesota para hablar en una conferencia de prensa sobre fraude, pero en su lugar se dirigió al Capitolio, donde el Gobierno de Trump ha intentado promover las prioridades del presidente en los últimos días.

Casi ningún miembro intervino en la reunión para defender el fondo, que se ha convertido en un lastre político para el Partido Republicano.

“Nuestros miembros tienen preguntas muy legítimas al respecto, y hemos conversado sobre si se mantendrá en el futuro, cómo podría ser y cómo podríamos asegurarnos de que esté debidamente controlado”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes de la reunión, de la que informó inicialmente Politico.

La senadora Susan Collins, la principal responsable de la asignación presupuestaria del Senado, declaró a CNN que Blanche no la había convencido de apoyar el fondo para personas que alegan haber sido tratadas injustamente por anteriores Departamentos de Justicia.

“No apoyo el fondo contra la persecución judicial, tal como se ha descrito”, dijo Collins, quien se enfrenta a una reelección difícil en noviembre, antes de la reunión. “No creo que las personas condenadas por violencia contra agentes de policía el 6 de enero deban tener derecho al reembolso de sus honorarios legales”.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, también amenazó con votar en contra del proyecto de ley de reconciliación del partido si incluye el fondo, calificando los cambios propuestos al paquete migratorio más amplio como “maniobras de última hora”.

“¿En qué circunstancias tendría sentido proporcionar restitución a personas que se declararon culpables o fueron declaradas culpables en un tribunal? ¿Quieren hablar de proporcionar restitución a personas que no fueron declaradas culpables? De acuerdo, pero si hacen esto, ¿por qué no para los manifestantes pobres, en su mayoría pacíficos, de Kenosha y Portland?”, se preguntó.

“Dios mío, ¿se imaginan adónde nos puede llevar esto? Estas personas no merecen una indemnización; muchas de ellas merecen estar en prisión. Algunas merecen el indulto porque fueron procesadas injustamente, pero esto es… es una auténtica estupidez”.

El Departamento de Justicia envió a los legisladores una hoja informativa, a la que tuvo acceso CNN, en la que se detalla quiénes pueden solicitar una compensación del fondo, en un intento por presentarlo como una iniciativa de rendición de cuentas

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