Por Hadas Gold, CNN

La familia de una víctima del tiroteo masivo del año pasado en la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) presentó el domingo una demanda contra OpenAI, alegando que ChatGPT “avivó y alentó” los “delirios” del presunto atacante Phoenix Ikner.

La demanda presentada en Tallahassee sigue a la primera investigación penal contra OpenAI abierta el mes pasado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre si la empresa “tiene responsabilidad penal” por el tiroteo.

La familia de Tiru Chabba, una de las dos personas que la policía dice que Ikner mató en abril de 2025, alega que Ikner envió mensajes a ChatGPT miles de veces antes de llevar a cabo el tiroteo.

El chatbot le ayudó a planear la logística del tiroteo, incluyendo cómo operar armas y aconsejando sobre “a qué hora sería mejor encontrar la mayor cantidad de tráfico en el campus”, dijo la demanda. ChatGPT identificó armas y munición a partir de fotos que Ikner había subido y presuntamente le dijo que la pistola Glock que obtuvo estaba “pensada para dispararse ‘de uso rápido bajo estrés’”, según la demanda. El chatbot también presuntamente sugirió que mantuviera el dedo fuera del gatillo hasta que estuviera listo para disparar.

ChatGPT “proporcionó lo que él percibió como estímulo en su delirio”, dice la demanda.

Otras seis personas resultaron heridas en el tiroteo. Ikner se ha declarado inocente, y su juicio está programado para comenzar en octubre.

La familia alega muerte por negligencia, negligencia grave, responsabilidad por productos y falta de advertencia, entre otros cargos.

“OpenAI creó un sistema que mantuvo la conversación, la perpetuó, aceptó el enfoque de Ikner, lo desarrolló y formuló preguntas complementarias tangenciales para mantener a Ikner enganchado”, señala la demanda. “El diseño de ChatGPT creó un riesgo evidente y previsible de daño al público que no fue controlado adecuadamente”.

La familia de Chabba busca una compensación no definida y está presionando para que OpenAI añada más salvaguardas a ChatGPT. Amy Willbanks, abogada de la familia, dijo que la empresa debería mitigar y eliminar los peligros que plantea ChatGPT antes de que se vuelvan accesibles al público.

“No podemos tener un producto que no esté regulado y que esté siendo utilizado por personas cuando no conocemos el alcance total de a qué puede conducir”, dijo Willbanks durante una conferencia de prensa el lunes.

OpenAI dijo que, si bien el tiroteo en FSU fue una “tragedia”, ChatGPT “no es responsable”.

“En este caso, ChatGPT proporcionó respuestas fácticas a preguntas con información que podría encontrarse ampliamente en fuentes públicas en internet, y no alentó ni promovió actividad ilegal o dañina”, dijo el portavoz de OpenAI, Drew Pusateri. “Trabajamos continuamente para fortalecer nuestras salvaguardas a fin de detectar intenciones dañinas, limitar el uso indebido y responder adecuadamente cuando surgen riesgos de seguridad”.

En una publicación de blog el mes pasado, OpenAI dijo que está trabajando para entrenar a ChatGPT para reconocer cuándo las conversaciones podrían resultar en “amenazas, daño potencial a otros o planificación en el mundo real” y “guiará a las personas hacia apoyo en el mundo real”. Si una cuenta es marcada por el sistema interno de ChatGPT, un revisor humano verificará la actividad para ver si es necesario notificar a las autoridades, dijo la empresa.

OpenAI enfrenta al menos 10 demandas de familias que alegan que personas se hicieron daño a sí mismas o a otros después de intercambiar mensajes con ChatGPT.

Siete familias de víctimas en un tiroteo escolar en Canadá en febrero demandaron el mes pasado a OpenAI y al CEO Sam Altman, alegando que la empresa y su chatbot ChatGPT fueron cómplices en las lesiones o muertes de sus hijos.

Las demandas siguen a una disculpa de Altman e

Por John Fritze, CNN

La mayoría conservadora de la Corte Suprema el lunes despejó el camino para que Alabama vuelva a un mapa congresional con un solo distrito de mayoría negra, en un fallo repentino que provocó un disenso de los tres jueces progresistas del tribunal.

Funcionarios de Alabama acudieron rápidamente al tribunal a última hora del viernes para pedirle que suspenda un fallo de un tribunal inferior que le impide usar un mapa aprobado en 2023 que incluye solo un distrito de mayoría negra de siete. Lo hizo basándose en la decisión contundente del tribunal a finales de abril sobre el mapa congresional de Louisiana, que debilitó seriamente el alcance de la histórica Ley del Derecho al Voto de 1965.

“Hoy la Corte Suprema reivindicó la posición sostenida desde hace mucho tiempo por el estado”, dijo en un video publicado en redes sociales el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, republicano. “Ahora el poder de trazar los mapas de Alabama vuelve a los representantes electos del pueblo”.

La orden de la Corte Suprema, que no incluyó explicación alguna, anula una decisión de un tribunal inferior que bloqueaba el uso del mapa de 2023. La Corte Suprema devolvió el caso a un tribunal inferior para una revisión adicional, pero dada la escasa ventana antes de las elecciones primarias del estado, Alabama parece probable que prevalezca con su mapa, altamente impugnado.

Se trata del caso más reciente de intervención de la Corte Suprema en una importante disputa de redistribución de distritos mientras republicanos y demócratas buscan sacar ventaja de sus mapas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. A lo largo de varios meses, el tribunal ha tenido participación en mapas de Louisiana, Texas, Alabama y California.

Por separado, el lunes, funcionarios demócratas en Virginia pidieron a la Corte Suprema que intervenga en una disputa de redistribución de distritos en ese estado.

No se dio a conocer el conteo de votos en el caso de Alabama, y la decisión se emitió apenas minutos después de que se presentara un escrito oponiéndose a la medida. La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por los otros dos progresistas del tribunal, dijo que la orden es “inapropiada” y “solo causará confusión cuando los habitantes de Alabama comiencen a votar en las elecciones programadas para la próxima semana”.

La mayoría conservadora del alto tribunal, añadió Sotomayor, “descarta sin ceremonias” la decisión del tribunal inferior que determinó que el estado incurrió en discriminación intencional “sin tener en cuenta la confusión que seguramente se producirá”.

El fallo sobre Alabama, aunque técnico y limitado a ese estado, subraya la importancia de la decisión del 29 de abril del tribunal sobre el mapa congresional de Louisiana. Una mayoría de 6-3 limitó significativamente la capacidad de los grupos para presentar demandas por discriminación racial bajo la Ley del Derecho al Voto. La decisión exigió, en la práctica, que los grupos de derechos electorales encuentren una “fuerte inferencia” de discriminación racial intencional.

Eso se apartó de cómo los tribunales federales han revisado esas demandas durante décadas. En el pasado, las demandas podían prosperar si demostraban que un nuevo mapa tenía un efecto discriminatorio, independientemente de si era intencional. Los grupos de derechos electorales dicen que puede ser imposible presentar impugnaciones exitosas bajo

Por CNN en Español

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, dio este lunes por finalizada la operación de repatriación del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, tras la evacuación de los 125 pasajeros y tripulantes del buque y su partida rumbo a Países Bajos desde el puerto de Granadilla, en Tenerife.

“Misión cumplida”, dijo la ministra durante una conferencia de prensa realizada mientras el barco abandonaba el puerto canario.

García señaló que “entre ayer y hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países”, quienes “o están ya en sus países o están siendo trasladados en estos momentos”.

Según detalló, durante el domingo desembarcaron 94 personas, que fueron trasladadas en ocho vuelos internacionales hacia sus países de origen. La operación se completó este lunes con otros dos vuelos hacia Países Bajos.

En uno de ellos viajan 21 miembros de la tripulación junto a dos médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro vuelo trasladó a seis personas que posteriormente enlazarán con vuelos hacia Australia.

La ministra aseguró que el operativo se desarrolló con “todas las medidas de seguridad” y agradeció la colaboración de la OMS, del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) de los gobiernos implicados y “del pueblo canario”.

“El Gobierno de España ha cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad”, afirmó García, quien calificó el operativo como “un éxito” y “un orgullo de país”.

El MV Hondius zarpó de Tenerife alrededor de las 19:00 horas locales con destino a Países Bajos, dando por concluida la operación internacional coordinada por las autoridades españolas.

El MV Hondius partió a finales de marzo desde Ushuaia, en Argentina, antes de que se detectara un brote de hantavirus a bordo. La primera víctima fue un pasajero neerlandés de 70 años, quien murió el 11 de abril. Su esposa, de 69 años, murió 15 días después, y una tercera persona falleció el 2 de mayo en altamar.

Tras confirmarse el brote, el crucero permaneció varios días anclado cerca del puerto de Praia, Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, mientras se coordinaba la evacuación internacional. En medio de protestas y de un fuerte debate sobre su recepción, finalmente España aceptó el buque, que llegó el domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se desplegó un operativo sanitario.

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By Hannah Rabinowitz, Kaitlan Collins, CNN

(CNN) — President Donald Trump personally pushed the Justice Department to issue subpoenas to reporters covering the war in Iran in an effort to flush out their sources, according to officials familiar with the matter.

He delivered the message on a sticky note — the word “Treason” in Sharpie — placed atop a stack of printed articles he handed to acting Attorney General Todd Blanche in a White House meeting, the officials said.

After Blanche received the packet, the department issued several subpoenas, including to The Wall Street Journal, which first revealed the probes. One official told CNN the Justice Department’s National Security Division was already preparing to look at some of the stories’ sources but Trump’s stack accelerated the effort.

A source told CNN the investigation is aimed at identifying government employees who leaked information and not the reporters themselves.

Still, the subpoenas mark one of the administration’s most aggressive attempts to root out leaks about national security or the administration.

Trump, who has complained about leaks of classified information to reporters since his first term in office, has been especially furious when his private comments or details of his briefings related to the Iran war have been made public, according to several people familiar with his response.

The White House and Justice Department did not immediately respond to a request for comment.

A few months into Trump’s second term, former Attorney General Pam Bondi revised Justice Department policy to let federal investigators, in certain cases, seek reporters’ phone records, notes or testimony via court orders, warrants or subpoenas. The move, which made it easier for investigators to try to identify sources, reversed a yearslong ban imposed after revelations that Attorney General William Barr had secretly sought reporters’ emails during Trump’s first term.

Last month — just one day after the president fired Bondi — Trump publicly threatened to send an unspecified reporter to jail as part of a hunt for the “leaker” behind reports of an injured Air Force officer missing within Iran. The service member evaded Iranian forces for more than a day before being rescued by American forces.

But outlets reported about a manhunt for the officer while it was ongoing, which the administration said threatened his safety. The stack of articles that Trump handed to Blanche were about those rescue operations, sources said.

After Trump’s threat, Blanche said the Justice Department “will always investigate” leaks involving classified information, especially those that put US service members at risk.

“And we will investigate if it means sending a subpoena to the reporter,” he said. “That’s exactly what

SANTA BARBARA, Calif.—Local business owners and residents are sharing mixed reactions to Santa Barbara’s newly unveiled “Create State” Master Plan — a proposal that could reshape downtown State Street for decades to come.

The long-term vision, recently reviewed and supported by the Santa Barbara City Council, outlines a 20-to-30-year transformation of the downtown corridor between the 400 and 1300 blocks of State Street.

What began as a temporary pandemic-era closure could soon become a permanent reimagining of one of Santa Barbara’s most recognizable destinations.

“I think they should make it even more pedestrian friendly than it is,” said Santa Barbara resident Brian Walters. “And I understand the new plan does that a bit while also keeping bicycles on board.”

The proposal would divide State Street into three distinct districts: an entertainment district in the lower blocks, a civic and commercial district in central downtown, and an arts district farther up State Street.

City leaders say the goal is to create a greener, more walkable downtown centered around pedestrians, outdoor dining, gathering spaces and flexible community use.

Business owners along the corridor are closely watching the proposal’s next steps.

“This is actually pretty much what it’s going to feel like when it’s done,” said Aron Ashland, owner of The Cruisery. “The sidewalk will be out a little bit farther… and the center will be where the bikes and the cars theoretically would go. So we would have the rest of the space for pedestrians or for patios.”

The plan introduces what city officials are calling a “flex street” design — allowing for cyclists, emergency vehicles and limited mobility access while maintaining the promenade atmosphere many residents have grown accustomed to over the past several years.

Retractable bollards and flexible traffic layouts are also being considered as part of the redesign.

Ashland says while he initially hoped State Street would remain fully car-free, he sees the current proposal as a compromise.

“I think it kind of hits all the points that matter,” Ashland said. “There’s at least flexibility to change it if needed.”

But not everyone supports the vision.

“I want it to go back to the old days to where we can drive up and down State Street,” said Santa Barbara resident Vinny Clark.

Some residents and business owners say concerns about parking, accessibility and reduced vehicle access remain unresolved.

“You can have people walk up and down State Street, or you can have people drive up and down State Street and you still have people looking,” Clark added.

Others argue the pedestrian layout has actually improved visibility for storefronts.

“It seems like it would give you more visibility, but it doesn’t,” said Marcel Monsivais, owner of Marcel Hemp. “If you’re driving by 20 miles an hour… how are you possibly going to see anything?”

For many downtown stakeholders, the debate continues to center on balance — between tourism and local life, between walkability and accessibility, and ultimately what residents want the future of Santa Barbara to look like.

A final approval vote on the master plan is expected later this summer. If approved, the project would move into its engineering and design phase beginning next year.

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