Por Annie Grayer, CNN
Según la representante republicana Nancy Mace y documentos revisados por CNN, los contribuyentes de EE.UU. han pagado más de US$ 300.000 en acuerdos confidenciales por acoso sexual en nombre de seis exmiembros de la Cámara de Representantes o sus oficinas.
La Oficina de Derechos Laborales del Congreso se vio obligada a entregar los documentos del acuerdo al Congreso tras una citación judicial de Mace, quien ha ayudado a liderar una iniciativa en el Capitolio para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que llevaron a dos renuncias de alto perfil.
Un análisis realizado por CNN de más de 1.000 páginas de expedientes, que incluyen notas de abogados, documentos de acuerdos y denuncias formales, ofrece una perspectiva de las acusaciones de que ciertos miembros se aprovecharon de sus posiciones de poder para maltratar a su personal.
La Oficina de Derechos Laborales del Congreso interviene en una variedad de quejas contra los miembros, no exclusivamente por acoso sexual.
Desde el 1 de enero de 1996 hasta el 12 de diciembre de 2018, la oficina aprobó 349 indemnizaciones o acuerdos extrajudiciales para resolver quejas contra oficinas del poder legislativo, según indicó su asesor jurídico en una carta enviada al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, obtenida por CNN.
Un total de 80 de esos casos fueron resueltos por una oficina de la Cámara o del Senado por diversos motivos. De este subconjunto, siete casos derivaron en pagos para abordar denuncias de acoso sexual.
Los pagos a los que se hace referencia en la carta se realizaron con fondos públicos provenientes de una cuenta del Tesoro que ya no está disponible para los legisladores.
Veintitrés expedientes de casos de acuerdos extrajudiciales en la jurisdicción de la Oficina de Derechos Laborales del Congreso fueron destruidos de conformidad con la política de retención de registros de dicha oficina.
“Esta ‘Política de Retención de Registros de OCWR’ se implementó en 2013 para alinear a OCWR con las prácticas habituales de retención de registros en todo el Gobierno”, escribió el Asesor Jurídico General John N. Ohlweiler.
En términos generales, los acuerdos de conciliación revisados por CNN no implican que la oficina acusada admita haber cometido irregularidad alguna, sino que establecen que la oficina acepta el acuerdo “para evitar las molestias de un litigio prolongado y los gastos que dicho litigio supondría para las partes y los contribuyentes”, como se lee en uno de los acuerdos.
Los acuerdos también detallan cómo la oficina debe gestionar las cuestiones relacionadas con los términos y condiciones de la rescisión del contrato laboral del demandante.
Tras los cambios normativos implementados en 2018 a raíz del movimiento #MeToo, los miembros ya no podían depender de los fondos públicos para llegar a acuerdos extrajudiciales.
La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes anunció en un comunicado reciente que, desde la entrada en vigor de la nueva ley, “la Comisión no ha recibido notificación alguna de indemnizaciones o acuerdos relacionados con acusaciones de acoso sexual por parte de un miembro”.
El lunes, Mace mencionó en una publicación de X a seis exlegisladores o a las oficinas de legisladores involucrados en los acuerdos extrajudiciales que suman más de US$ 300.000.
La mayoría de los miembros mencionados por la congresista renunciaron al Congreso tras enfrentar públicamente acusaciones de conducta sexual inapropiada, entre ellos los exdiputados John Conyers, demócrata de Michigan, y Blake Farenthold, republicano de Texas.
En varios de estos casos, se informó públicamente antes de sus renuncias que el