Por Kaanita Iyer, CNN
Minneapolis ha sido escenario de tensas manifestaciones contra el despliegue de agentes federales por parte del Gobierno de Trump como parte de una ofensiva migratoria, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance de las facultades de estos agentes en el terreno y sobre cómo puede responder el presidente Donald Trump.
A medida que las protestas se intensificaban tras el tiroteo mortal de Renee Good, de 37 años, por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Trump defendió al agente y redobló sus esfuerzos en el área de Minneapolis, enviando más recursos.
Trump también ha amenazado con dar un paso extremo al invocar la Ley de Insurrección para sofocar las protestas, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sugerido que, en algunos casos, las personas podrían ser requeridas a “validar su identidad”.
Estas son algunas de las preguntas más comunes, con sus respuestas.
La ley que Trump amenaza con invocar le permitiría desplegar militares estadounidenses en servicio activo en Minnesota cuando sea “necesario para hacer cumplir las leyes (de Estados Unidos) o para sofocar una rebelión”.
La legislación establece que el presidente puede enviar fuerzas militares para controlar situaciones que considere “obstrucciones ilegales, agrupaciones o asambleas ilícitas, o rebelión contra la autoridad de Estados Unidos”.
El gobernador o la legislatura de un estado también pueden solicitar militares, como ocurrió la última vez que se invocó la ley en 1992, pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha reprendido abiertamente el aumento de la actividad federal en Minneapolis.
Existen precedentes de presidentes que han invocado la Ley de Insurrección sin el respaldo de un gobernador.
Los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la utilizaron contra la voluntad de mandatarios estatales para facilitar la integración escolar tras el histórico fallo de la Corte Suprema en Brown vs. Board of Education.
El viernes, Trump dijo que no hay razones para usar la Ley de Insurrección “en este momento”, aunque afirmó que la invocaría si lo considera necesario.
“No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla, pero si la necesitara, la usaría. Es muy poderosa”, dijo el presidente a los periodistas.
De acuerdo con una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los agentes migratorios pueden usar fuerza letal contra una persona que represente una amenaza inminente de muerte o de lesiones corporales graves. Históricamente, las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley han dedicado semanas o incluso meses a realizar investigaciones exhaustivas antes de decidir si el uso de la fuerza por parte de un agente fue apropiado.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Trump se han apresurado a defender enérgicamente a los agentes migratorios tras casos de alto perfil en los que se ha usado la fuerza, lo que ha generado dudas sobre si los mecanismos diseñados para exigir rendición de cuentas a las fuerzas del orden han sido abandonados durante el segundo mandato de Trump, escribe Josh Campbell, de CNN.
El Gobierno ha sostenido que los agentes son inmunes a procesos judiciales por parte de autoridades estatales o locales. Y, según Campbell, cualquier procesamiento federal parece poco probable debido a que Trump ha colocado a aliados políticos al frente del Departamento de Justicia y el FBI.
En agosto, durante la intervención federal en el Departamento de Policía de Washington, Trump dio luz verde a las fuerzas del orden para utilizar una fuerza que podría exceder ampliamente la gravedad de las circunstancias, de acuerdo con Campbell.
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