Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema falló este viernes en contra del Gobierno de Trump, manteniendo viva una demanda federal de jueces de inmigración que intentan impugnar una política que limita su capacidad para hablar públicamente.
“En esta etapa”, dijo la corte en una breve orden, “el Gobierno no ha demostrado que sufrirá un daño irreparable sin la suspensión”.
No hubo disidencias registradas y la decisión sugiere que el Gobierno de Trump podría intentarlo de nuevo en una etapa posterior.
El caso comenzó como un desafío a una política de personal que exige que los jueces de inmigración obtengan aprobación antes de hacer declaraciones públicas. Un exsindicato laboral que representaba a los jueces —quienes forman parte del Departamento de Justicia— demandó en un tribunal federal alegando que la política violaba su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.
Esa política, que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump y fue modificada durante el Gobierno de Biden, “prohíbe categóricamente” a los jueces “hablar públicamente en su capacidad personal sobre inmigración y sobre el organismo que los emplea”, de acuerdo con los abogados del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia ante la Corte Suprema.
Sin embargo, para cuando el caso llegó a la Corte Suprema, el litigio abordaba una cuestión más técnica sobre dónde puede ser escuchado ese enfrentamiento: en un tribunal federal o ante organismos independientes del servicio civil que normalmente revisan reclamaciones similares de empleados federales. Esta última opción es un problema para los jueces de inmigración —y otros empleados federales— porque Trump ha estado trabajando para debilitar esos organismos durante meses.
El Departamento de Justicia quería que los jueces usaran primero la vía administrativa. Los jueces intentan mantener su caso en el tribunal federal.
En mayo, la corte permitió a Trump destituir temporalmente a funcionarios de la Junta de Protección del Mérito del Sistema y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
En ese sentido, la decisión podría tener ramificaciones más allá de los jueces al aplicarse a otros trabajadores federales que presentan reclamaciones similares.
El Departamento de Justicia ha argumentado que, sin la intervención de la Corte Suprema, un fallo de un tribunal de apelaciones que favoreció a los jueces de inmigración “causaría estragos” en casos similares.
“Solo esta corte puede detener la incertidumbre en curso y de rápida propagación para innumerables casos”, dijo al tribunal el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer.
Un tribunal federal de distrito falló a favor del Gobierno, determinando que las reclamaciones de los jueces debían ser revisadas por los organismos administrativos. No obstante, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de EE. UU. revocó esa decisión a principios de este año, ordenando al tribunal de primera instancia revisar si esos organismos administrativos están funcionando como el Congreso pretendía.
El “principio fundamental”, dijo la corte de apelaciones, “de que organismos funcionales e independientes recibirían, revisarían y decidirían en primera instancia las impugnaciones a acciones adversas de personal que afectan a empleados federales cubiertos, ha sido puesto recientemente en tela de juicio”.
Poco después de que se presentara la apelación de emergencia el 5 de diciembre, el presidente del tribunal John Roberts, quien gestiona las apelaciones de emergencia del 4º Circuito, accedió a una solicitud del Gobierno de Trump para emitir una orden “administrativa” que bloqueaba temporalmente al tribunal federal de distrito de continuar con el caso.
Sin embargo, en su orden del viernes, la Corte Suprema dijo