Análisis de Joan Biskupic, CNN
La decisión de la Corte Suprema del miércoles, que revierte protecciones para los votantes negros y latinos, marca otro giro dramático en el largo y arduo esfuerzo de los jueces conservadores por anular medidas vitales para superar el legado de discriminación racial en Estados Unidos.
La decisión también marca un momento decisivo para el tribunal bajo la dirección del presidente John Roberts, quien declaró poco después de incorporarse al estrado en 2005 que “la forma de detener la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.
Hace tres años, los jueces —con el mismo voto de 6 a 3 que el de este miércoles— pusieron fin a la acción afirmativa racial en los procesos de admisión a la educación superior. Esta nueva decisión, que sigue a una serie de fallos encabezados por Roberts y el juez Samuel Alito que restringen el alcance de la Ley de Derecho al Voto de 1965, tendrá repercusiones aún más profundas.
Considerado en su conjunto, este patrón significaría menos posibilidades para que los votantes pertenecientes a minorías elijan a los candidatos de su preferencia. Esto, a su vez, implicaría menos oportunidades para que las voces de los negros, latinos, nativos americanos y otras minorías tengan representación en el Gobierno.
La gravedad de tales consecuencias y las profundas divisiones entre los jueces quedaron patentes en el momento en que se anunció el dictamen desde el estrado del tribunal.
Cuando Roberts reveló por primera vez que se daría a conocer el fallo del caso de Louisiana vs. Callais, indicó que la opinión mayoritaria la tendría el juez Alito. Roberts —cuya antigüedad le otorga la facultad de asignar la redacción de los fallos— había encomendado el caso a un colega con quien ha colaborado estrechamente durante mucho tiempo en cuestiones vinculadas a la raza.
Haciendo caso omiso de la naturaleza histórica de la decisión, Alito comenzó con su habitual tono sobrio, detallando las actuaciones del tribunal inferior en el prolongado caso de Louisiana, que se originó a raíz de la redistribución de distritos electorales tras el censo de 2020. Relató las complejidades de la controvertida Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la discriminación, y describió la evolución de los criterios utilizados para determinar cuándo los votantes negros y de otras minorías pueden tener éxito al impugnar mapas de distritos que diluyen su poder de voto.
Dicha dilución puede surgir, por ejemplo, de métodos legislativos de “fragmentación” (“cracking”) y “concentración” (“packing”), es decir, dispersar o agrupar a los votantes negros entre distintos distritos para debilitar su poder de voto general.
Los demandantes ya no podrían señalar los efectos de la dilución del voto, afirmó Alito. En su lugar, tendrían que demostrar que es probable que los legisladores estatales tuvieran un propósito discriminatorio o, tal como Alito detalló en su opinión, que “las circunstancias den lugar a una fuerte inferencia de que se produjo una discriminación intencional”.
La declaración oral de Alito desde el estrado, así como su opinión escrita en nombre de los seis jueces conservadores, se apoyó en gran medida en la perspectiva de la decisión de Roberts de 2013 en el caso Shelby County vs. Holder, que sostenía que las salvaguardas electorales consagradas en 1965 ya no resultaban esenciales para Estados Unidos.
“Se ha producido un vasto cambio social en todo el país y, particularmente, en el Sur…”, escribió Alito. Adaptando una frase de la decisión de Roberts de 2013, añadió: “Como este tribunal ha reconocido, ‘las cosas han cambiado drásticamente’ en las décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto”.
Cuando la jueza Elena Kagan —quien ocupa un asiento contiguo al de Alito en el estrado elevado— tomó la palabra en nombre de los tres ju