Por John Fritze y Devan Cole, CNN
La Corte Suprema indicó el miércoles que respaldará el impulso del presidente de EE.UU. Donald Trump para poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para potencialmente millones de ciudadanos extranjeros que provienen de países que atraviesan guerras y desastres naturales.
En una de las apelaciones inmigratorias más importantes que han llegado al máximo tribunal durante el segundo mandato de Trump, la mayoría conservadora de seis jueces dio a entender que cree que los tribunales federales quizá ni siquiera tengan la facultad de revisar impugnaciones legales cuando un gobierno activa y desactiva las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Si eso es cierto, tendría profundas implicaciones más allá de los ciudadanos haitianos y sirios que impugnaron la decisión de Trump de poner fin al TPS para sus países y podría, en la práctica, impedir demandas contra otras decisiones.
Más de 1 millón de inmigrantes tienen permitido vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el programa.
Estas son cinco conclusiones de los alegatos orales.
Varios de los jueces conservadores, incluido el presidente del tribunal, John Roberts, se enfocaron en la idea de que los tribunales federales no tienen facultad para revisar la legalidad de las decisiones sobre el TPS. Eso se debe a que el Congreso incluyó una disposición en la ley del TPS que deja claro que las “determinaciones” de un gobierno no son revisables.
“Realmente no entiendo cómo pueden prevalecer”, dijo el juez conservador Samuel Alito, si el tribunal interpreta esa disposición como lo ha hecho en decisiones anteriores.
Ahilan Arulanantham, el abogado que argumentó en nombre de los beneficiarios sirios del TPS, sostuvo que, si bien una decisión final no es revisable, el proceso que los funcionarios utilizaron para llegar a ella sí puede ser impugnado.
Sin embargo, la jueza Amy Coney Barrett, otra conservadora, pareció dudarlo.
“¿Por qué el Congreso permitiría la revisión del aspecto procedimental cuando en realidad lo que a todo el mundo le importa es el fondo?”, preguntó.
El enfoque del tribunal en el procedimiento, aunque técnico, también es revelador. Como los jueces estaban tan concentrados en si el tribunal siquiera podía revisar el caso, dedicaron mucho menos tiempo a hablar de si la administración de Trump había violado la ley o la Constitución en la forma en que tomó sus decisiones.
Lo que se cierne sobre la revocación del TPS para Haití por parte de Trump es un historial de comentarios ofensivos que ha hecho sobre el país insular y su gente que ha encontrado un hogar en EE.UU.
Esos comentarios y otros similares de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, la funcionaria que revocó formalmente el TPS para los haitianos el año pasado, influyeron de manera importante en la decisión de un juez federal de dictaminar que el cambio de política estuvo motivado, al menos en parte, por animadversión racial. Eso es importante porque, si la decisión de poner fin al TPS se tomó con base en la raza, violaría la cláusula de igual protección.
Los jueces liberales se centraron en ese punto el miércoles al cuestionar si la decisión del Gobierno el año pasado fue inconstitucionalmente discriminatoria.
“Tenemos a un presidente que en un momento dice que Haití es un ‘asqueroso’, ‘sucio’ y ‘repugnante’ ‘país de mierda’”, dijo en un momento la jueza Sonia Sotomayor, la liberal de mayor antigüedad en el tribunal, al procurador general D. John Sauer. “Y donde se quejó de que Estados Unidos recibe a personas de esos países en lu