Por Betiana Fernández Martino y Manuela Castro, CNN en Español
Ana llegó al hospital en ayunas y con la decisión tomada. Días antes, la prueba de embarazo había resultado positiva, pero desde el nacimiento de su tercer hijo, ella y su marido habían dado por terminados los planes de agrandar la familia. Después de asesorarse, una médica le indicó los pasos a seguir para acceder a un aborto. La práctica sería en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde llegó esa mañana de septiembre lista para la intervención.
Desde 2020, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina y los centros de salud de todo el país deben garantizarla a quienes la requieran en un plazo máximo de diez días, hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei al poder, hay profesionales de la salud y organismos de derechos humanos que denuncian faltantes de insumos y dificultad en el acceso a la intervención. Según datos de Amnistía Internacional Argentina, en 2025 las denuncias por impedimentos y falta de información se triplicaron.
En el Hospital Materno Infantil de San Isidro, uno de los municipios más ricos del país, además, pacientes, médicos y profesionales de la salud alegan la existencia de un consultorio atendido por mujeres que no forman parte del personal de salud del hospital y buscan persuadir, obstaculizar y dilatar la atención.
Apenas supo que estaba embarazada, Ana -cuyo nombre fue modificado para preservar su intimidad- buscó información en Internet para saber cómo acceder a lo establecido en la ley 27.610. En Buenos Aires existe una línea gratuita que deriva los pedidos según domicilio. Según relata, le dieron turno un día después para una consulta con una profesional médica en un centro de atención primaria. Allí le indicaron cuál sería el procedimiento: aspiración Manual Endouterina (AMEU), una intervención ambulatoria que se utiliza para vaciar el útero de forma segura. Dos días después, fue citada al Hospital Materno Infantil.
“La doctora me recibe y me dice que antes del quirófano tengo que pasar por un consultorio de consejería”, cuenta a CNN Ana. Según su relato, allí la recibieron dos mujeres que no se identificaron como personal de salud. CNN no pudo constatar de manera independiente quién la recibió ni las mujeres a las que hace referencia.
“Cuando les digo que ya estaba en ayunas porque fui para practicarme una AMEU, me dicen que no, que eso no iba a suceder ese mismo día”, recuerda Ana.
En la conversación dice que le preguntaron datos muy personales y que a medida que les iba dando distintas razones de por qué tomó su decisión, buscaban motivos para convencerla de que hiciera lo contrario. “Les conté que tenía tres hijos y me dijeron que por ahí esta era la hija que me faltaba, que trate de conectar con el embarazo, que hable con toda mi familia y les cuente”, relata Ana.
Durante meses, CNN intentó recibir una respuesta a estas alegaciones por parte de la dirección del Hospital. Recientemente, la nueva directora del instituto, que asumió al cargo a inicios de 2026, negó tener conocimiento de estos procedimientos.
El testimonio de Ana no es el único. Desde Amnistía Internacional Argentina explican que a partir de 2024 empezaron a recibir información de pacientes que coincidían con lo expresado por Ana sobre la atención en el Hospital Materno.
“En este contexto de desmantelamiento de las políticas públicas a nivel nacional, aparecieron unos dispositivos que se denominan maternidades vulnerables que, en lugar de acompañar a una mujer, lo que buscan es disuadirla de su decisión de interrumpir el embarazo, la desinforman y ejercen prácticas coercitivas”. dice Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía