Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de un “incremento responsable” del salario mínimo en el país no estuvo acompañado por cifras concretas, sino con promesas que quedan matizadas por una realidad económica dramática para los trabajadores y pensionados.
Pese a una lenta recuperación de la producción petrolera y al restablecimiento de relaciones con EE.UU., la situación todavía no invita a volver a millones de personas que salieron al extranjero a buscar un mejor futuro.
La mandataria dijo que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, detallará “un incremento responsable” de mejora del salario, que está congelado desde hace cuatro años y hoy se ubica en torno a los 130 bolívares, US$ 0,27, según la tasa de cambio oficial.
En primer lugar, no está confirmado que el incremento vaya a ser para esa base y no en forma de bonos, que sí han aumentado en los últimos años.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores propuso en marzo un ajuste trimestral de US$ 50, junto con bonos de US$ 100 para vacaciones y aguinaldos.
“El anuncio es más de lo mismo”, dijo a CNN el economista venezolano Andrés Giussepe, director de la consultora Polidata. “Pareciera que fue para tratar de calmar la tensión social, con la movilización programada para hoy”, convocada por gremios y estudiantes hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales, agregó.
El analista dijo que el Gobierno “está entrampado” por la falta de recursos y estimó que el aumento podría rondar los US$ 20. “En la práctica, no es nada”, aseguró, ya que la canasta básica familiar está en US$ 677, según el cálculo de febrero del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Además, advirtió que una reforma a la ley orgánica de trabajo, como piden algunas cámaras empresariales, sería “echar más leña al problema social”.
La propia presidenta puso paños fríos durante su alocución este miércoles, al mencionar que un aumento desbocado aceleraría el aumento de precios. “Más ingresos al trabajador, realizados sin respaldo, disparan la inflación y destruyen su poder de compra”, dijo en la conferencia. El índice de precios al consumidor cerró 2025 en 475 % y solo en los dos primeros meses de 2026 llegó al 51,9 %, según estadísticas oficiales.
Entre otras cifras, Rodríguez reconoció que el PBI real de 2025, aunque considerablemente más alto que en 2020, es apenas el 36 % de lo que fue en 2012, año de bonanza petrolera.
Rodríguez prometió que “la recuperación de activos y recursos bloqueados” se destinarán a rehabilitar la “infraestructura básica e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”.
Para ello, es clave el aumento de la producción petrolera, que en febrero aumentó un 10 % y volvió a superar el millón de barriles diarios, según cifras divulgadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El Gobierno impulsó y promulgó una nueva ley de hidrocarburos, un legado del chavismo, para incentivar la inversión extranjera.
Sin embargo, hará falta mucho más que eso para aliviar el enorme desbalance del sistema previsional.
“Hay más pensionados que cotizantes a las pensiones”, reconoció el Gobierno, que estima 5,3 millones de trabajadores activos (la mayoría del sector público) y 5,7 millones de pensionados. Esa situación lleva a que el estado esté financiando el 91 % del pago de pensiones.
“Acá le pagan US$ 30 o US$ 40 a los pensionados, la población está muy afectada por inanición laboral”, dijo Giussepe.
Al sistema, que sufre los