Por John Fritze
La Corte Suprema anunció este lunes que decidirá si el presidente Donald Trump puede terminar las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de ciudadanos extranjeros, y aceptó escuchar argumentos el próximo mes sobre un asunto que ha sido central en la agenda migratoria del Gobierno.
La decisión se produjo en un par de apelaciones de emergencia que involucran a 6.000 sirios y a unos 350.000 haitianos que han vivido legalmente en Estados Unidos durante años.
El tribunal pospuso una solicitud del Gobierno para retirar ahora las protecciones a esas personas mientras considera la cuestión más amplia de si un presidente puede poner fin a las protecciones temporales de manera más general. Eso significa que las personas en cuestión en el caso conservarán por ahora sus protecciones legales.
El calendario de argumentos del tribunal ya estaba fijado para el período que terminará en junio y su inusual decisión de escuchar argumentos en el caso en abril probablemente subrayó que varios casos similares que impugnan las medidas de la administración están pendientes en tribunales federales inferiores y, probablemente, de todos modos habrían llegado eventualmente al máximo tribunal.
En el caso sirio, Trump presentó la apelación de emergencia ante la Corte Suprema en febrero, instando a los jueces a permitir que su Gobierno ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los sirios. El TPS permite que las personas que llegaron de ciertos países en momentos de agitación vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos de forma legal. Como parte de un esfuerzo más amplio para frenar la inmigración, Trump ha buscado poner fin al estatus para múltiples grupos.
El caso que involucra el TPS para los haitianos llegó a la Corte Suprema la semana pasada. Esa apelación del Gobierno siguió a un duro fallo de un tribunal federal de distrito en Washington en febrero que bloqueó a la administración para que no dejara expirar el Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos haitianos.
La Corte Suprema conservadora de 6-3 ha otorgado en el pasado deferencia a la administración para cancelar esas designaciones, incluido en un caso que involucró a venezolanos con TPS que el tribunal decidió en mayo. Reiteró esa posición en una segunda decisión de emergencia en octubre.
Los beneficiarios del TPS son investigados y no son elegibles si han sido condenados por algún delito grave o por más de un delito menor en Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional tiene discreción para designar a un país para el TPS. Los críticos, incluidos funcionarios del DHS, dicen que las designaciones nunca tuvieron la intención de ser permanentes.
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