Por Jeanne Sahadi, CNN

El presidente Donald Trump mencionó brevemente en su discurso sobre el Estado de la Unión del martes su intención de ayudar a los trabajadores del sector privado a ahorrar para la jubilación si no tienen acceso a un plan patrocinado por el empleador.

“La mitad de todos los estadounidenses que trabajan todavía no tienen acceso a un plan de jubilación con contribuciones equivalentes de un empleador. Para remediar esta gran disparidad, anuncio que el próximo año, mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses a menudo olvidados… acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales. Igualaremos su contribución con hasta US$ 1.000 cada año”, dijo Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un correo electrónico a CNN el miércoles que pronto se ofrecerán nuevos detalles sobre esa propuesta.

Hasta entonces, esto es lo que hay que saber:

La buena noticia es que el Gobierno de Trump quiere ayudar a cerrar la llamada “brecha de cobertura de jubilación”, que ha dejado atrás a decenas de millones de trabajadores con ingresos bajos y moderados que no tienen ni una pensión de beneficio definido del empleador ni una manera fácil y subsidiada de ahorrar para la jubilación en el trabajo.

Durante años ha habido gestiones por parte de legisladores y expertos en políticas de jubilación para cerrar esa brecha. Pero el cómo exactamente ha sido un punto conflictivo. Muchas ideas han ido y venido, solo para ser resucitadas más tarde. Y, en los casos en que una idea realmente se implementa, como las cuentas IRA automáticas estatales que ahora ofrecen 17 estados, su alcance ha sido limitado debido a diversas objeciones políticas.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que la propuesta de Trump “puede implementarse en gran medida con las autoridades administrativas existentes”. Traducción: sin el Congreso. Dicho esto, el funcionario agregó que “la legislación futura puede fortalecer este plan revolucionario”.

Antes de llegar a las complejidades de cualquier nueva estructura de ahorro que pueda crearse, la Casa Blanca confirmó que la contribución equivalente que mencionó Trump es el Saver’s Match, que se aprobó en 2022 y entra en vigor el próximo año.

Los trabajadores con ingresos bajos y moderados que ganan menos de US$ 35.500 (o US$ 71.000 como pareja casada) son elegibles si ahorran hasta US$ 2.000 al año (US$ 4.000 para parejas) en un plan de jubilación calificado, como un 401(k), IRA o IRA automática. La contribución federal equivale hasta US$ 1.000 (US$ 2.000 para parejas).

El presidente dijo que los trabajadores del sector privado tendrán “acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales”.

El funcionario de la Casa Blanca agregó que el nuevo plan del Gobierno sería una cuenta “universal, portátil” que ofrecería “opciones de inversión diversificadas, basadas en índices y de portafolio” con bajas comisiones.

Actualmente, los trabajadores federales tienen un plan similar al 401(k) conocido como el Thrift Savings Plan, con una combinación diversa de fondos de muy bajo costo.

Cuando era senador, el secretario de Estado Marco Rubio propuso un plan para conceder a los trabajadores no federales acceso al TSP. “Pero no prosperó. Y no estaba claro cómo funcionaría”, dijo Kim Olson, directora sénior de planificación de jubilación en Pew Charitable Trusts. Además, hubo Read more

By Tierney Sneed, Sean Lyngaas, Marshall Cohen, CNN

(CNN) — A Donald Trump appointee at the Department of Homeland Security told state election officials from around the country Wednesday that federal immigration agents won’t be deployed to polling places during the 2026 midterms, according to multiple sources on the call.

The comments, made by DHS official Heather Honey during an hour-long phone call organized between secretaries of state and officials at various federal offices, come after immigration enforcement surges in Minneapolis and elsewhere prompted growing worry among election officials that ICE agents could be used to intimidate voters.

“I’ll believe it when I see it,” one source on the call said of Honey’s pledge that ICE won’t be at polling places this November.

Responding to questions from CNN, a DHS official said in a statement, “ICE is not planning operations targeting polling locations. ICE conducts intelligence-driven targeted enforcement, and if an active public safety threat endangered a polling location, they may be arrested as a result of that targeted enforcement action.”

Other remarks by Honey, who has deep ties to the election denial community that challenged Trump’s 2020 defeat, concerned Democratic election officials on the call, sources on the call told CNN.

There was silence from federal officials when Maine Secretary of State Shenna Bellows asked that they make a public statement affirming state sovereignty over election administration. Trump has continued to call for more federal control, including controversial comments last month that Republicans should “nationalize the voting.”

Democrats were also frustrated how Honey, according to sources on the call, handled a discussion of a system of immigration data known as SAVE that the administration is urging states to use to find non-citizens on their voter rolls, although the system is known to be rife with false positives. After Honey spoke at length to encourage the states to vet their voter rolls with SAVE, Honey struggled with questions about how long the federal government retained voter registration data that states input into the system.

Bellows told reporters after the call that she appreciated the federal government reminding election administration offiicals what role it does have to play in elections – such as investigating threats against election officials.

“What wasn’t reassuring was political statements by political appointees from the Trump administration … urging the states to particulate in the faulty SAVE system,” Bellows said.

The call, held by officials from the Justice Department, FBI, DHS and the Election Assistance Commission, was a chance for federal and state election officials to share information on election administration and security procedures ahead of the midterms. It is normally a routine gathering that has occurred numerous times since 2016, when Russia’s efforts to influence that election prompted the federal government to step up security assistance to states.

But the Trump administration’s appointment of political officials at DHS, the Justice Department and the White House who have questioned the results of the 2020 election that Trump lost has made some election officials wary of outreach from the administration.

Adam Cancryn, CNN

El Gobierno de Trump retiene más de US$ 250 millones en fondos de Medicaid destinados a Minnesota, alegando fraude generalizado mientras intensifica una campaña de presión sobre el liderazgo demócrata del estado.

El vicepresidente J. D. Vance anunció la medida extraordinaria este miércoles, responsabilizando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por no vigilar adecuadamente el programa de red de seguridad y advirtiendo que la pausa continuaría hasta que el estado presentara un plan aceptable para abordar su uso indebido.

“Estamos deteniendo los pagos federales que irían al gobierno estatal hasta que el gobierno estatal tome en serio sus obligaciones para detener el fraude que se está perpetuando contra el contribuyente estadounidense”, dijo Vance.

La ofensiva de la administración llega un día después de que el presidente Donald Trump prometiera durante su discurso sobre el Estado de la Unión tomar una postura firme contra el fraude, alegando sin ofrecer detalles que ha aumentado de manera descontrolada en varios estados.

Vance, a quien Trump puso a cargo de un nuevo grupo de trabajo contra el fraude, dijo este miércoles que Minnesota era el primero de varios estados que se anticipa serán objeto de este esfuerzo. El Gobierno también está imponiendo un congelamiento nacional a la capacidad de nuevas empresas para solicitar pagos de Medicare por equipos médicos duraderos, como bastones y andadores, mientras investiga sospechas de fraude en el programa.

“A todos los niveles, estos delitos se están convirtiendo en una fuente importante de actividad fraudulenta”, dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

La suspensión de los pagos de Medicaid para Minnesota representa el esfuerzo más reciente para presionar al estado en los últimos meses, después de que conservadores sacaran a la luz un esquema de fraude de servicios sociales generalizado que captó la atención de Trump y sus asesores.

El escándalo motivó al Gobierno a enviar fuerzas de inmigración al estado, una ofensiva de varias semanas que resultó en incidentes mortales donde murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios de Trump ya habían advertido previamente que estaban considerando retrasar los pagos por preocupaciones de fraude, pero el anuncio de este miércoles marca su primer esfuerzo para detener unilateralmente los fondos federales que corresponden al programa de Medicaid del estado.

Vance desestimó preguntas sobre la autoridad legal del Gobierno, diciendo que estaba “bastante seguro” de su capacidad para retener el dinero, pero se negó a ofrecer detalles.

El vicepresidente también fue vago sobre los criterios que Walz necesitaría cumplir para asegurar la liberación de los fondos, o cuán rápido la administración estaría preparada para reanudar los pagos. Oz indicó que, para restaurar los fondos, Minnesota necesita verificar que los proveedores de servicios realmente atienden a personas con una necesidad genuina de los programas.

“Necesitamos saber que los proveedores realmente son proveedores legítimos. Muchas veces, no hay una persona que se pueda asociar con el propio tratamiento”, dijo Oz, y añadió que los estados también deben asegurarse de que los proveedores no estén “ya en problemas por hacer cosas indebidas”.

“Hay toda una serie de herramientas que podemos usar, incluyendo verificar antes de pagar la factura que esta sea legítima”, añadió. “Esa revisión antes del pago es increíblemente importante”.

Oz dijo que le han impuesto al Gobierno de Walz un plazo de 60 días para responder.

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By Evan Perez, Hannah Rabinowitz, Holmes Lybrand, CNN

(CNN) — FBI Director Kash Patel ordered the ouster of least 10 employees involved in the investigation of President Donald Trump’s alleged mishandling of classified documents at his Mar-a-Lago estate, four people briefed on the matter told CNN.

The ousters are part of a wider internal investigation into the actions taken in the probe that resulted in criminal charges against Trump and two of his employees, three people briefed on the matter said.

Patel ordered the wider investigation following the discovery of records showing that the FBI used subpoenas to obtain his communication records and the communications of now White House Chief of Staff Susie Wiles during a 2022-2023 probe that eventually came under the leadership of special counsel Jack Smith, the people briefed on the matter said.

Patel disclosed the seizure of the records in a statement Wednesday.

“It is outrageous and deeply alarming that the previous FBI leadership secretly subpoenaed my own phone records – along with those of now White House Chief of Staff Susie Wiles – using flimsy pretexts and burying the entire process in prohibited case files designed to evade all oversight,” he said.

Reuters first reported Patel discovering the records were obtained. A spokesperson for Smith declined to comment.

The ouster of FBI employees is the latest in a series of Patel pushing out agents and other employees who worked on cases related to the January 6, 2021, attack on the US Capitol and on the Trump Mar-a-Lago documents cases.

The Justice Department investigated Donald Trump for both retaining classified documents and attempting overturn the 2020 election results. Subpoenaing information for those around Trump was part of the normal process of such an investigation. Patel himself was compelled to testify before a grand jury in 2022 as part of those investigations, CNN previously reported.

Republicans in Congress have recently complained about Smith using a grand jury to subpoena phone toll records of several lawmakers around the January 6, 2021, Capitol attack.

Contrary to some claims from Republican lawmakers, investigators subpoenaed call logs but there is no evidence they “tapped” those phones.

Call logs do not reveal substance of calls, rather they are just a log of calls placed and received.

CNN’s Betsy Klein contributed to this report.

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