Por Kaanita Iyer, Marshall Cohen, Tami Luhby, Sunlen Serfaty y René Marsh, CNN
Para Ashley Garley, el último año ha sido “desordenado, desafiante y desgarrador”.
Garley, excontratista y experta en malaria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) fue una de las primeras personas afectadas por la enorme reducción de la fuerza laboral federal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) el año pasado, liderada por el multimillonario Elon Musk, que comenzó casi de inmediato después de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca.
Garley, quien perdió su empleo después de que Estados Unidos congelara toda la ayuda exterior a finales de enero de 2025, lucha para encontrar un trabajo de tiempo completo con beneficios más de un año después. Para contribuir con los gastos, ha regresado a un empleo que tuvo en su adolescencia y sus veintes: instructora de natación.
Pasar de un trabajo con impacto global y constantes viajes internacionales a enseñar a tiempo parcial en la piscina de su condado en Maryland ha sido “bastante emotivo”, dijo Garley a CNN.
Como Garley, cientos de miles de trabajadores federales y contratistas han visto sus vidas trastornadas por la campaña de Trump para reducir la fuerza laboral federal, a la que considera una amenaza para su capacidad de ejecutar sus prioridades.
Más de 350.000 trabajadores han dejado la nómina del Gobierno federal desde que el presidente inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, según la Oficina de Administración de Personal.
Tras considerar las nuevas contrataciones, la fuerza laboral federal se redujo en 242.000 personas —o poco más del 10 %— entre el día de la investidura y diciembre. Casi 2,1 millones de empleados civiles federales permanecen en funciones.
Trump dijo el mes pasado que no se siente mal por la reducción, alegando sin pruebas que los exfuncionarios federales ahora ganan más dinero en el sector privado.
Pero esa no ha sido la experiencia de todos. CNN habló con varios exfuncionarios federales que fueron despedidos o aceptaron indemnizaciones durante los recortes agresivos y polémicos de DOGE el año pasado. Algunos, como Garley, han tenido dificultades para encontrar trabajo y pagar las cuentas. Mientras tanto, otros han cambiado de carrera, se han mudado a lo largo del país en busca de nuevos empleos o dedican su tiempo al voluntariado, encontrando un lado positivo en sus nuevas vidas.
Estas son algunas de sus historias:
El estrés de perder su trabajo de sus sueños en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) llevó a Morgan Hall al hospital.
Unos meses después de recibir su último cheque de pago en agosto, Hall contó a CNN que estuvo en cama durante días sin comer ni responder el teléfono. Finalmente, su hijo la encontró y fue hospitalizada en octubre durante 10 días por depresión severa, ansiedad y complicaciones físicas asociadas a una condición médica preexistente que puede agravarse por el estrés.
Hall —quien trabajaba como analista en la división de prevención de la violencia de los CDC— fue inicialmente puesta en licencia administrativa el 14 de febrero de 2025 y posteriormente despedida como parte de los despidos masivos conocidos como “reducción de personal” o RIFs. Ella es una de las 10.500 personas en diferentes agencias que se vieron afectadas por las RIFs.
Hall dice que se ha atrasado en el pago de sus cuentas, incluidos aproximadamente US$ 57.000 en gastos hospitalarios. Durante dos meses, dependió de cupones de alimentos para comprar víveres, solicitó asistencia estatal para l