Análisis de Ronald Brownstein, CNN
La cooperación con la aplicación federal de las leyes de inmigración está surgiendo como una línea divisoria importante entre los estados rojos y azules, y como una fuente de conflicto cada vez mayor entre la administración del presidente Donald Trump y los funcionarios demócratas locales.
Incluso mientras republicanos y demócratas en el Congreso se enfrentan por establecer nuevos límites a las tácticas utilizadas por los agentes federales de inmigración, los estados rojos y azules se están distanciando en cuanto a si sumarse o no a la agenda de deportaciones masivas de Trump. Los estados rojos ahora están aprobando leyes que exigen que todas las agencias de aplicación de la ley locales firmen acuerdos formales de asociación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), incluso mientras más estados azules avanzan para prohibir que las fuerzas del orden locales ingresen en tales acuerdos.
Como en muchos otros frentes, Trump y los republicanos en el Congreso están intentando presionar a los estados azules para que adopten las políticas de los estados rojos. Trump ha intentado repetidamente bloquear fondos federales para estados y ciudades que no brinden cooperación total con su agenda de deportaciones, solo para ver que sus intentos han sido detenidos repetidamente por los tribunales.
Como parte de las negociaciones en curso sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, algunos republicanos del Congreso están ahora redoblando esfuerzos para castigar a los llamados estados o ciudades santuario que limitan su participación en la aplicación de las leyes de inmigración, incluso mediante sanciones penales contra los funcionarios locales. Pero los republicanos prácticamente no tienen ninguna posibilidad de atraer los 60 votos en el Senado que necesitarían para impulsar tales propuestas.
Incluso la agenda de aplicación de la administración se ha estructurado para aumentar la presión sobre las jurisdicciones azules. En un momento, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, dijo a funcionarios de Minnesota que podían “poner fin al caos” en el estado entregando información sensible de registro de votantes al Gobierno federal. (Rechazaron la solicitud).
Trump y el zar fronterizo, Tom Homan, también han sugerido repetidamente que las comunidades que permitan el acceso a cárceles y prisiones locales que ICE desea no verán los despliegues altamente militarizados que han perturbado Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y otras ciudades.
Sin embargo, la amenaza de someter nuevas ciudades a esa forma intrusiva de aplicación puede ser menos persuasiva tras la intensa reacción pública contra los primeros despliegues del presidente, especialmente en Minneapolis.
La capacidad de Trump para superar estos obstáculos y lograr una mayor participación de los Gobiernos locales podría decidir el destino de su impulso por las deportaciones. Tradicionalmente, dicen los expertos en inmigración, entre el 70 % y el 75 % de todos los arrestos de ICE provienen de la transferencia de inmigrantes indocumentados ya detenidos por otros delitos, incluso menores, por la fuerza pública local.
Dada la creciente inquietud pública ante las incursiones federales directas en las ciudades azules, muchos expertos creen que no existe una vía políticamente plausible para que Trump alcance sus metas sin precedentes de arrestar migrantes indocumentados —3.000 al día, más de 1 millón al año— sin convencer o coaccionar a la Policía local para que amplíe su propia participación. “Sigue siendo cierto que la Policía estatal y local es la clave para emprender deportaciones masivas”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Ley y Política de Inmigración en la Universidad de California, Los Ángeles.
Esa dinámica otorga poder de negociación a los demócratas estatales y locales, que func