Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, un hombre condenado en Colombia por diversos homicidios y quien es acusado de narcotráfico en una corte de Texas.

La Policía de Colombia dijo en un comunicado este martes que en la extradición también participaron la Fiscalía del país sudamericano y, del lado de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles.

De acuerdo con la Policía, Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión “por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país” y, a pesar de estar preso desde 2015, “continuó coordinando actividades criminales, lo que incrementó su nivel de riesgo”.

En Estados Unidos, dijo la Policía, desde 2024 Marín Silva enfrenta una acusación formal por narcotráfico y desde 2025 una orden de captura con fines de extradición.

CNN busca contactar a los abogados de Marín Silva para saber cómo se declara por las acusaciones en su contra.

La extradición se da a conocer horas antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúna en privado en Washington con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de un año de tensiones entre ambos.

Entre otros señalamientos, Trump ha dicho que el Gobierno de Petro no ha hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico e incluso lo ha acusado de ser un líder en la producción de cocaína. Petro ha rechazado todas las acusaciones en su contra y afirma que durante su gestión Colombia ha realizado decomisos históricos de diversas drogas.

Las tensiones que han sostenido ambos mandatarios por la seguridad, así como por otros temas como la migración y el comercio, han aumentado las expectativas por el encuentro que sostendrán esta mañana.

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By Jordan Valinsky, CNN

New York (CNN) — PepsiCo, the maker of popular brands like Doritos, Lays and Cheetos, is slashing the price of its snacks by 15% in response to customer complaints that they have become too expensive.

In a release Tuesday, PepsiCo Foods US CEO Rachel Ferdinando said that she’s “spent the past year listening closely to consumers, and they’ve told us they’re feeling the strain” and that “lowering the suggested retail price reflects our commitment to help reduce the pressure where we can.”

Shoppers in the United States will begin seeing the new prices this week, ahead of the Super Bowl on Sunday, which is traditionally one of the biggest days for buying snacks. New labeling on the products will advertise the reduced prices.

Affordability concerns has been especially evident at the grocery store, with food companies gradually rising prices over the past few years. Plus name brands, like PepsiCo’s portfolio, have been struggling against consumers’ preferences shifting toward cheaper alternatives created by store brands.

However, PepsiCo noted that retailers ultimately set the price, “so what you see in‑store may vary,” the company said, but shoppers might “see even greater savings depending on the store.”

CNN has contacted several grocery chains, including Walmart, Kroger and Target, for comment.

The changes come after PepsiCo agreed to changes with activist investor Elliott Management, which had built a $4 billion stake in the company, to turn around its business. One of those fixes was to lower prices.

In PepsiCo’s earnings release, tests of the new price cuts is aimed at improving “purchase frequency” of its brands and because consumers had “expressed enthusiasm” for the changes during its tests.

Snack sales for PepsiCo in North America has been sluggish in recent quarters. Volume fell for the category 1% in its earnings, also released Tuesday.

In addition to the price cuts, the company is releasing trendier products including Doritos with protein, fiber-filled popcorn and Lay’s chips made with avocado and olive oils.

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Por Tami Luhby, CNN

Una jueza federal suspendió temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) impuesta por la administración Trump a más de 350.000 haitianos. El TPS permite a sus titulares vivir y trabajar en Estados Unidos y expiraba el martes.

En un severo dictamen de 83 páginas, la jueza Ana Reyes, del Distrito de Columbia, concedió el lunes la solicitud de cinco haitianos beneficiarios del TPS de bloquear temporalmente la cancelación mientras el caso se tramita en los tribunales.

Los demandantes impugnan la cancelación del TPS por parte del Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que la agencia no realizó la revisión necesaria para determinar si era seguro regresar a Haití antes de decidir cancelar la protección. La demanda también alega que la decisión de la agencia se debe, en parte, a la “animosidad racial, étnica y por nación de origen” del presidente Donald Trump hacia los haitianos.

Reyes criticó duramente a la secretaria del Departamento de Seguridad Naciona (DHS), Kristi Noem, por referirse a ciertos inmigrantes, incluyendo haitianos, como “asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos sociales” en X en diciembre. Además, la jueza escribió que Noem “ignoró el requisito del Congreso de que ‘revise las condiciones’ en Haití solo ‘después’ de consultar ‘con las agencias correspondientes’”.

“Los demandantes alegan que la secretaria Noem predeterminó su decisión de terminación (de los beneficios) y lo hizo debido a su hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”, escribió Reyes. “Esto parece bastante probable”.

La jueza también citó los reiterados comentarios despectivos de Trump sobre los haitianos.

“El presidente Trump se ha referido a Haití como un ‘país de m*****’, ha sugerido que los haitianos ‘probablemente tienen SIDA’ y se ha quejado de que la inmigración haitiana es ‘como una sentencia de muerte para nuestro país’”, escribió. “También ha promovido la falsa teoría de la conspiración de que los inmigrantes haitianos se estaban ‘comiendo las mascotas de la gente’ en Springfield, Ohio”.

Los beneficiarios haitianos del TPS se encuentran entre los últimos residentes nacidos en el extranjero cuyas vidas se han visto trastocadas por la administración Trump, centrada en reducir drásticamente el número de inmigrantes que entran y viven en Estados Unidos. El DHS anunció la cancelación de la designación del TPS para inmigrantes de varios países, como Honduras, Nepal y Sudán del Sur, aunque los jueces federales han obstaculizado muchos de esos intentos.

El TPS se concede a personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen devastados por conflictos armados o desastres naturales. Los beneficiarios son investigados y no son elegibles si han sido condenados por algún delito grave o más de un delito menor en Estados Unidos. El secretario del DHS tiene la facultad discrecional de designar un país para el TPS.

Los inmigrantes haitianos se volvieron elegibles después de que un terremoto sacudiera el país en 2010. Desde entonces, la designación se ha renovado en múltiples ocasiones, ya que el país enfrenta diversas crisis, como la violencia generalizada por parte de bandas armadas, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021.

Tras su terminación la semana pasada, el DHS afirmó que el programa TPS de Haití “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, pero así lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.

“La afirmación de que la única manera de cuidar de nuestros adultos mayores es permitiendo que extranjeros ilegales sin antecedentes penales y extranjeros con antecedentes penales permanezcan en el país es totalmente falsa y negligente”, declaró a CNN la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

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Por Christian Edwards, CNN

La publicación por parte del Gobierno estadounidense de más de 3 millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha planteado más preguntas sobre los vínculos de tres figuras prominentes de la vida pública británica con el financiero caído en desgracia, a quien parece se le concedió acceso al corazón del ejecutivo y la familia real del Reino Unido.

El expríncipe Andrés, su exesposa Sarah Ferguson y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, aparecen varias veces en el último conjunto de archivos de Epstein, lo que aumenta la presión sobre los tres para que expliquen sus vínculos con el difunto delincuente sexual y se distancien aún más de las instituciones británicas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a Andrew Mountbatten-Windsor a testificar ante el Congreso de Estados Unidos, mientras que Mandelson, que renunció al Partido Laborista el domingo, enfrenta pedidos de figuras importantes, incluido Starmer, para que se retire de la Cámara de los Lores.

Así es como el último lote de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos está escandalizando a Reino Unido.

El expríncipe Andrés ha intentado durante años eludir las preguntas sobre sus vínculos con Epstein.

En una entrevista con la BBC, ahora infame, en 2019, Mountbatten-Windsor afirmó haber roto todos sus vínculos con Epstein en 2010, tras la condena del financiero en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

Los correos electrónicos descubiertos el año pasado pusieron en duda la afirmación de Mountbatten-Windsor.

Los medios británicos informaron que Mountbatten-Windsor aparentemente contactó de nuevo con Epstein en 2011, diciéndole que se mantuviera en estrecho contacto y que estaban juntos en esto.

Poco después, el rey Carlos III despojó a Mountbatten-Windsor, su hermano, de sus títulos reales en octubre e inició el proceso para expulsarlo de la propiedad real de Windsor.

Pero el último hallazgo de los archivos de Epstein ha sometido al desacreditado miembro de la realeza a un mayor escrutinio.

Tres fotos sin fecha parecen mostrar al antiguo príncipe, ahora Andrew Mountbatten-Windsor, arrodillado sobre lo que parece ser una mujer o una niña —cuya cara ha sido censurada— que yace completamente vestida y boca arriba en el suelo.

En dos fotos, Mountbatten-Windsor le toca el estómago y la cintura; en la tercera, mira a la cámara mientras está a cuatro patas, inclinado sobre su cuerpo.

No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes; no se proporcionaron pies de foto ni contexto para las fotografías junto con la publicación del documento. Ni las fotografías ni los correos electrónicos sugieren ninguna irregularidad.

Mountbatten-Windsor había enfrentado previamente presiones para explicar una fotografía de 2001 que lo mostraba junto a Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein y traficante sexual infantil convicta, y Virginia Giuffre, una destacada acusadora de Epstein que murió por suicidio en abril.

En sus memorias póstumas, Giuffre volvió a acusar a Mountbatten-Windsor de abusar sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Escribió que Mountbatten-Windsor “creía que tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento”.

A pesar de afirmar no haberla conocido, Mountbatten-Windsor supuestamente pagó millones de dólares a Giuffre en 2022 para resolver una demanda civil que ella interpuso en su contra.

El expríncipe ha negado repetidamente todas las acusaciones de irregularidades y ha declarado que nunca presenció ni sospechó de ninguna de las conductas de l

By Hanna Ziady, CNN

London (CNN) — Spain will ban social media for under-16s and require platforms to employ strict age verification tools, joining Australia, France and Denmark in moves to curb the influence of digital platforms on children.

“Our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation and violence,” Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said Tuesday. “We will no longer accept that, we will protect them from the digital Wild West.”

Speaking at the World Governments Summit in Dubai, Sánchez said his government would also introduce new laws to hold social media executives criminally liable for failing to remove illegal or hateful content.

The new rules will also sanction people and platforms that amplify illegal content, including via algorithms. “We will turn algorithmic manipulation and amplification of illegal content into a new criminal offense,” he said. “Spreading hate must come at a cost.”

The process of passing legislation will begin next week. Other proposed measures include developing a “hate and polarization footprint,” Sánchez said, a system to track and quantify how digital platforms fuel division and amplify hate.

In December, Australia became the first country in the world to implement a social media ban for under-16s, barring access to 10 platforms, including Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat and X. Britain is considering a similar move, while France and Denmark have recently announced plans to stop under-15s accessing social media.

French President Emmanuel Macron said last month that he wanted to fast-track the legal process to ensure the ban would be in place before the start of a new school year in September.

Other countries in Europe are also taking a tougher approach to social media companies. Sánchez said Spain had joined forces with five other European nations “committed to enforcing stricter, faster and more effective regulation of social media.” He did not name the countries but explained that the group would hold its first meeting in the coming days with a view to coordinating enforcement across borders.

“This is a battle that far exceeds the boundaries of any country,” he said.

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