Por Haley Britzky y Zachary Cohen, CNN
Mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaban el año pasado a lanzar ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe, un joven trinitense que se encontraba en Venezuela por trabajo buscaba la manera de regresar a casa, según una demanda presentada este martes.
Chad Joseph, de 26 años, llevaba meses en Venezuela pescando y realizando trabajos agrícolas cuando empezó a buscar una lancha para regresar a Las Cuevas, en Trinidad y Tobago, donde vivían su esposa y sus tres hijos. Pero, a medida que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones que, según las autoridades, transportaban drogas destinadas a las calles estadounidenses, Joseph “se volvió cada vez más temeroso” de emprender el viaje, señalan documentos judiciales. La preocupación fue tan real que, a comienzos de septiembre, recordó su esposa, él la llamó para asegurarle que no se encontraba a bordo de una embarcación que acababa de ser atacada por EE.UU. y prometió que regresaría pronto.
La última llamada a casa ocurrió el 12 de octubre, cuando Joseph le dijo a su esposa que había encontrado una lancha para volver a Trinidad y que la vería en cuestión de días, según los documentos judiciales. Dos días después, el 14 de octubre, Estados Unidos atacó otro objetivo: una embarcación en la que la familia de Joseph cree que él viajaba.
“La esposa del señor Joseph llamó repetidamente al teléfono celular del señor Joseph, pero la línea estaba muerta”, dice la demanda presentada este martes contra el Gobierno de Estados Unidos. “La línea sigue muerta hasta el día de hoy”.
La familia de Joseph, junto con la de otro hombre trinitense, Rishi Samaroo, de 41 años, quien trabajaba con Joseph en Venezuela y que también se cree que estaba a bordo de la embarcación, presentó este martes una demanda contra el Gobierno de EE.UU. por muerte injusta y ejecución extrajudicial de ambos hombres. La querella califica los ataques como “sin precedentes y manifiestamente ilegales” y sostiene que constituyeron “homicidios premeditados e intencionales” sin justificación legal.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Justicia, pero no recibió respuesta inmediata antes de la publicación. El Departamento de Defensa declinó comentar sobre litigios en curso.
La demanda afirma que, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump y de otros funcionarios del Gobierno de que todos los hombres muertos a bordo eran “narcoterroristas”, ni Joseph ni Samaroo tenían vínculos con cárteles de drogas.
El caso representa la primera oportunidad para que un juez se pronuncie sobre la legalidad de los ataques, que forman parte de la campaña en curso del Gobierno de Trump en el Caribe y el Pacífico oriental —bautizada como Operación Southern Spear—, en la que han muerto al menos 117 personas. El ataque más reciente se llevó a cabo la semana pasada en el Pacífico oriental, dejó dos muertos y un sobreviviente que estaba siendo buscado por la Guardia Costera.
La demanda cita de manera específica la Ley de Muerte en Alta Mar, que permite a familiares demandar por muertes injustas ocurridas en aguas internacionales, y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros, que habilita a ciudadanos extranjeros a presentar demandas en tribunales federales por violaciones al derecho internacional.
Las familias reclaman daños compensatorios y punitivos, y están representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales y Jonathan Hafetz, de la Facultad de Derecho de Seton Hall.
El Gobierno ha presentado públicamente pocas pruebas de que quienes han muerto en esta campaña tengan vínculos con cárteles de drogas o de que cada una de las embarcaciones transportara estupefacientes. Cuando legisladores presionaron a funcionarios militares durante sesiones informativas en el Congreso, estos reconocie