Por CNN Español
“Mami, elimina los chats”. “Hijo, eso queda grabado”. “Borra las conversaciones antes de salir”. Mensajes de este tipo se repiten en el grupo de Whatsapp de una familia venezolana, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Se trata de conversaciones recientes, posteriores a la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.
Si bien la revisión de celulares a ciudadanos por parte de agentes policiales y militares no es algo nuevo, varios testimonios recolectados por CNN muestran que, desde el 3 de enero, estas medidas han aumentado.
Los puestos de control son muchos y están en las rutas y calles, instalados en lugares estratégicos o alternos de Caracas y otras zonas del país. Algunos son fijos, por lo general cercanos a zonas de seguridad o instituciones públicas, pero otros son rotativos. Al girar o al llegar al final de un puente o de una esquina, efectivos policiales, militares o de inteligencia paran a los conductores, les preguntan a dónde se dirigen, revisan los vehículos y, cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en el actual contexto de tensión política y bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional, monitorean los celulares.
En el clima de incertidumbre que domina al país desde la captura de Maduro, los venezolanos vuelcan sus denuncias en las redes sociales para contar su experiencia de cómo una parada “de rutina” puede terminar en una hora de tensión, revisión de teléfonos incluida. Según testimonios obtenidos por CNN, los agentes buscan contenidos políticos o que puedan incriminar al conductor.
Las denuncias por casos de revisión de teléfonos y el temor a detenciones por difundir contenido político y, en especial, crítico con el Gobierno, se incrementaron tras la entrada en vigencia del decreto de conmoción externa como respuesta al ataque de EE.UU. en Caracas y la captura de Nicolás Maduro. Aunque dicho decreto faculta al poder ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias, no detalla el alcance, los criterios o si limita los derechos y libertades de los ciudadanos como la protección a la privacidad en las comunicaciones.
El artículo 48 de la Constitución venezolana, en cambio, sí establece textualmente: “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.
Sin embargo, CNN recibió varios testimonios de personas a las que les revisaron sus celulares en las últimas semanas. Por eso, muchos venezolanos hablan en clave, evitan nombrar a líderes políticos, borran constantemente el contenido de sus teléfonos y se rehúsan a opinar en grupos de WhatsApp.
Desde que Maduro fue trasladado a una prisión de Estados Unidos y, en su lugar, asumió como presidenta encargada Delcy Rodríguez, la situación para los venezolanos de a pie es de completa incertidumbre.
No está claro si habrá elecciones a la brevedad: si bien se ha liberado a presos políticos, no hay información oficial sobre cómo seguirá el proceso; la economía sigue en crisis y los precios de productos básicos cambian a diario.
Sin embargo, hay una certeza: los recaudos que ya se tomaban al circular por las calles siguen vigentes.
“Hoy a la tarde nos llegó un comunicado del consejo comunal del barrio y nos recomendaron que tengamos cuidado con lo que se habla por WhatsApp y por escrito”, se lee en uno de los mensajes de grupo a los que accedió CNN. Esta conversación ocurrió poco después del 3 de enero.
Otro de los mensajes es de un miembro de la familia que está fuera del país y menciona sus ganas de ir a Venezuela. Un familiar le responde que mejor no, que eso “ahorita está complicado”.
Ante la insistencia de o