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Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema aceptó este viernes revisar si las órdenes judiciales que permiten a la policía acceder a grandes cantidades de datos de localización de celulares para identificar personas cerca de la escena de un crimen son constitucionales.

La práctica de emitir órdenes de geolocalización ha dividido a los tribunales inferiores, algunos de los cuales han dictaminado que constituye el tipo de órdenes generales prohibidas por la Cuarta Enmienda.

El alto tribunal ha estado considerando al menos dos apelaciones sobre el tema en las últimas semanas. Una de ellas proviene de un hombre condenado por robar un banco en Virginia en 2019, quien fue identificado después de que la policía recopiló datos de localización de celulares de Google.

La policía pudo identificar celulares que enviaron datos de localización a aplicaciones cerca de los crímenes. Luego pudieron identificar al propietario del teléfono.
Pero en el proceso, alegan las apelaciones, la policía obtuvo datos de localización anonimizados de millones de otras personas que no estaban involucradas en crímenes.

Hace ocho años, una Corte Suprema dividida dictaminó que las fuerzas del orden generalmente necesitaban establecer causa probable antes de acceder a los datos de torres de celulares para identificar sospechosos. En ese caso, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, estuvo en la mayoría junto con el entonces bloque liberal de cuatro jueces. Tres jueces actuales —los conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— estuvieron en desacuerdo.

En el caso de Virginia, la policía dice que Okello Chatrie entregó una nota instando a un cajero del banco a “entregar todo el dinero en efectivo” y que necesitaba “al menos 100.000 y nadie saldrá herido y tu familia quedaría libre”. Inicialmente, la policía no pudo identificar a un sospechoso, pero los agentes notaron en las cámaras de seguridad que el sospechoso estaba usando su teléfono antes del robo.

Las fuerzas del orden presentaron una orden de geolocalización a Google buscando datos de ubicación de todos los dispositivos cerca del banco en la hora posterior al robo.

Chatrie fue posteriormente condenado por robo a mano armada y sentenciado a más de 11 años de prisión.

“Cuando los jueces reciben solicitudes de órdenes de geolocalización, necesitan saber qué reglas se aplican”, dijeron sus abogados a la Corte Suprema. “Lo mismo aplica para las empresas tecnológicas que desean cooperar con las fuerzas del orden y, al mismo tiempo, protegen la privacidad de sus usuarios y cumplen con la Constitución”.

El Gobierno federal ha argumentado que las órdenes no constituyen una búsqueda a efectos de la Cuarta Enmienda y señala que los usuarios deben activar voluntariamente los servicios de localización en sus teléfonos, lo cual podrían hacer para acceder a información de tráfico en tiempo real.

Google, que recibió la mayoría de las órdenes, cambió su política el año pasado para modificar la forma en que se almacenan los datos, de modo que ahora sea mucho más difícil cumplir con las órdenes. Por ello, el Gobierno federal dijo a la Corte Suprema que el caso carece de objeto.

“El cambio de política de Google”, dijo el Gobierno, “reduce significativamente la frecuencia con la que surgirán problemas relacionados con órdenes de geolocalización en futuros procesos judiciales”.

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By Kaitlan Collins, CNN

(CNN) — The Justice Department is investigating Minnesota Gov. Tim Walz and Minneapolis Mayor Jacob Frey over possible obstruction of federal law enforcement, a source familiar with the matter told CNN.

President Donald Trump and his administration have been critical of state and local officials’ response to unrest in Minnesota over the presence of Immigration and Customs Enforcement agents, with the president suggesting he might invoke the Insurrection Act and deploy troops to the city to quell any violence. The investigation, though, represents an escalation of the rhetoric, threatening possible criminal consequences for the two Democratic leaders.

“If the corrupt politicians of Minnesota don’t obey the law and stop the professional agitators and insurrectionists from attacking the Patriots of I.C.E., who are only trying to do their job, I will institute the INSURRECTION ACT, which many Presidents have done before me, and quickly put an end to the travesty that is taking place in that once great State,” Trump posted Thursday on Truth Social.

CNN has reached out to Walz’s and Frey’s offices for comment.

The investigation was first reported by CBS-affiliate WCCO.

This is a developing story and will be updated.

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Por Josh Campbell, Holmes Lybrand y Priscilla Alvarez, CNN

El director del FBI, Kash Patel, y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, visitaron Minneapolis este viernes, según una publicación en la cuenta de X de Patel.

La visita se produce en medio de continuas tensiones entre funcionarios de inmigración y activistas que protestan contra el aumento de agentes federales en la ciudad, así como un conflicto abierto entre líderes locales y funcionarios del Gobierno de Trump sobre las tácticas de los agentes federales.

Patel escribió que su equipo estaba “trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana aquí reprimiendo a los alborotadores violentos e investigando las redes de financiamiento que apoyan a los actores criminales, con múltiples arrestos ya realizados”.

Como ha informado CNN, se espera que el Gobierno de Trump envíe alrededor de 1.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Minneapolis tras el tiroteo mortal de la semana pasada en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según fuentes.

El nuevo aumento de personal federal también incluirá agentes adicionales del FBI, dijeron las fuentes. Sin embargo, el número de agentes del FBI involucrados será pequeño en comparación con otras agencias.

El jueves, Patel, en redes sociales, se refirió al arresto de un presunto integrante de la pandilla Latin Kings acusado de robar propiedad gubernamental de un vehículo del FBI durante una reciente manifestación violenta en Minneapolis.

“Habrá más arrestos”, escribió Patel, y añadió: “Cualquier persona que ataque a las fuerzas del orden o vandalice propiedad federal pagada por contribuyentes será localizada y arrestada”.

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