Por Djenane Villanueva, CNN en Español
Costa Rica, un país hasta hace poco comparado a Suiza por su calidad democrática y por su ausencia de violencia, entra en la fase final de su campaña presidencial atravesado por fenómenos que, hasta hace unos años, pocos pensaban que enfrentaría: la confrontación política, los liderazgos personalistas y una crisis de inseguridad sin precedentes.
Tan profundo es el impacto de esos fenómenos que miles de costarricenses aún no deciden su voto, pese a que faltan pocas semanas para las elecciones. Mientras que muchos se quejan del “clima tóxico” que relega sus principales preocupaciones.
Los comicios del 1° de febrero se perfilan como una prueba de fuego para la democracia costarricense, que el Índice de Democracia 2024 de la revista The Economist ubicó como la segunda más estable y funcional de América Latina, solo después de Uruguay.
El último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) para estas elecciones, publicado el 3 de diciembre, muestra a los costarricenses escépticos ante la oferta política actual, con la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, a la cabeza con un 30% de los votantes decididos.
Su ventaja se diluye, sin embargo, ante el 45% de costarricenses que aún no definen su voto.
En Costa Rica un candidato debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para alcanzar la presidencia. Si ninguna de las candidaturas alcanza ese porcentaje, las dos personas que consiguieron más sufragios se deben disputar la presidencia en una segunda ronda electoral.
Las votaciones se realizarán en todo el territorio nacional y en 49 consulados de 42 países habilitados para recibir el voto. El Tribunal Supremo de Elecciones convocó a 3.7 millones de costarricenses a las urnas para elegir 60 cargos que incluyen la presidencia, dos vicepresidencias y el total de las 57 diputaciones que conforman la Asamblea Legislativa. El voto en el extranjero solo será para la presidencia.
Aunque la campaña ya transita el tramo definitorio, muy lejos está de las fiestas electorales de otros años, que alentaban a miles de votantes a sumarse al proceso con banderas en vehículos y casas.
Ronald Alfaro, politólogo, investigador del CIEP/UCR y del Programa Estado de la Nación, una iniciativa académica que da seguimiento al desempeño del país, describe el ambiente como un “cóctel molotov” por los factores inéditos que desafían a una de las democracias mejor valoradas del continente.
Alfaro destaca un electorado con preferencias volátiles, partidos políticos muy debilitados y un fuerte apoyo personalista al actual presidente Rodrigo Chaves, con un protagonismo que ningún otro mandatario había tenido en una campaña electoral para sucederlo.
“Se genera una dinámica de ataques y contraataques que opacan los principales problemas del país, con una oposición que tiene grandes dificultades para articular una alternativa”, dice.
Explica, además, que el país se aleja de la costumbre de procesar las disputas vía diálogo, lo que genera “una división negativa que pone en entredicho la supervivencia de la democracia costarricense a largo plazo”.
El fuego cruzado fue alimentado por dos procesos para terminar con la inmunidad presidencial en el Congreso en 2025. Pese a acumular 24 denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y más de 40 causas en la Fiscalía, Chaves termina su período con el fuero intacto. El 1° de mayo de este 2026 asumirá el nuevo Gobierno.
Los intentos para retirarle la inmunidad, el primero solicitado por la fiscalía y el segundo por el Tribunal, fallaron, porque los votos en el Congreso fueron insuficientes (38 según la ley).
El presidente ha dicho que es víctima de un “golpe de Estado judicial”, un relato que profundizó la fractura social y agitó el ambiente políti