Por Mauricio Torres, CNN en Español
La llama de la violencia volvió a encenderse en Haití hace casi cinco años. El 7 de julio de 2021, un grupo armado asesinó al presidente Jovenel Moïse tras irrumpir en su residencia en Puerto Príncipe, con lo que inició un período de inestabilidad política y social marcado por la expansión de pandillas a lo largo del país.
Hoy, el saldo de ese crimen y sus consecuencias puede resumirse en un dato: de los 12 millones de personas que viven en Haití, más de la mitad tienen “necesidad urgente de ayuda humanitaria”, según dijo a CNN Marisela Silva Chau, jefa de la delegación local del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Silva Chau conoce el panorama de cerca. Ha seguido la situación en Haití desde 2021, primero de forma remota como jefa de la delegación regional del CICR para Panamá y el Caribe, y después de manera presencial, ya como jefa de la delegación en Haití.
En el terreno, dice, durante los últimos cinco años el CICR ha observado la expansión de las pandillas en el país, particularmente en la capital Puerto Príncipe, y cómo esto crecientemente afecta a la población civil, que a diario corre el riesgo de quedar atrapada entre enfrentamientos o tiene problemas para acceder a servicios públicos o incluso a agua potable.
“Desafortunadamente, estamos hablando de una capital que se encuentra aproximadamente 85% bajo el control de grupos armados. Esto es que en esas zonas, evidentemente, la limitación de acceso a servicios públicos es preocupante y generalizada, porque por cuestiones de seguridad hay restricciones de movimiento, por cuestiones de seguridad tal vez algunas instituciones no pueden volver para articular este acceso a servicios públicos”, expone Silva Chau en entrevista desde Lima.
Otros datos completan la complejidad del cuadro.
Uno de ellos, según Silva Chau, es que alrededor de 1,4 millones de habitantes han tenido que desplazarse internamente en Haití debido a la violencia generada por Viv Ansanm, una coalición de pandillas a la que el Gobierno de Estados Unidos designó en 2025 como organización terrorista internacional. En esa ocasión, Estados Unidos también designó al bloque Gran Grif, al que señaló como responsable de diversos actos violentos en el departamento de Artibonite.
Silva Chau advierte que otro indicador del deterioro en el país es que solo el 30% de los hospitales son funcionales, lo que representa “una limitación significativa del acceso a atención básica en salud”.
El aumento de la violencia en Haití llevó a que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara en septiembre crear una nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas que tendrá 5.550 integrantes.
Los primeros miembros de esta instancia, originarios de Chad, comenzaron a llegar a Haití el 1 de abril. Sin embargo, dentro y fuera del país hay dudas sobre qué tan efectivo será el despliegue de esta formación.
Silva Chau toma con reserva la llegada de esta nueva fuerza. Desde su perspectiva, si bien puede ser útil para apoyar a las fuerzas de seguridad gubernamentales y contener a las pandillas, se debe tener claro que este contingente no resolverá por sí solo los problemas de Haití, que tienen numerosas aristas.
“La línea del uso de la fuerza es una de las líneas que es una prerrogativa del Estado, del Gobierno, pero la situación va mucho más allá de lo que pueda implicar el uso de la fuerza. Es una situación crítica de carácter multidimensional”, dice.
De acuerdo con Silva Chau, una de las principales preocupaciones del CICR es que la mayor parte de