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Nacieron para identificar a víctimas de la dictadura Argentina. Hoy le ponen nombre a desaparecidos en todo el mundo

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Por Cecilia Domínguez, CNN en Español

Nunca pudo festejar el cumpleaños de su padre. No sabía cuándo había nacido y la única fecha con la que creció fue la de su desaparición. Soledad Nívoli tenía cuatro meses cuando Mario Alberto fue secuestrado de su casa de Córdoba, casi un año después del golpe militar de 1976 en Argentina, y nunca más supo de él. La incógnita sobre el paradero de su papá la acompañó durante décadas.

La respuesta llegó casi 50 años después, a través del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica creada en 1984 para investigar desapariciones forzadas en el país y en el mundo. Hasta entonces, la antropología forense todavía no se usaba para trabajar en este tipo de casos en la región. Con las dictaduras militares, la violencia política y la vulneración a los derechos humanos extendidas por América Latina, durante las décadas de 1970 y 1980, la necesidad de reconstruir qué había ocurrido era urgente.

Así nació el EAAF, que con el paso de los años se convirtió en un referente mundial en la investigación de casos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, las migraciones y otros contextos de violencia en distintos países del mundo.

“El objetivo primero, siempre, es poder dar una respuesta a un familiar que está buscando a su ser querido”, explica Silvana Turner, antropóloga e investigadora del equipo. En su trabajo más reciente en la provincia de Córdoba, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, el EAAF logró identificar los restos óseos de 12 personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Mario Alberto Nívoli estaba entre ellas.

“Buscamos sumar información a través de la investigación y herramientas técnicas que nos permitan, por un lado, identificar los posibles lugares de entierro y, por otro, reunir elementos que ayuden a confirmar la identidad de las víctimas”, explica Turner, quien integra el EAAF desde 1988. Su lugar de trabajo es el laboratorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA, el centro de detención y tortura más emblemático de la dictadura en Argentina) en la ciudad de Buenos Aires. Allí, sobre varias mesas rectangulares descansan, prolijamente ordenados, los restos óseos que analiza y que esperan ser identificados.

El trabajo del equipo, integrado por 60 profesionales, suele dividirse en cuatro etapas: investigación preliminar, exhumación de restos, análisis de laboratorio y estudio genético. No siempre participan en todas las instancias, pero cada una aporta piezas clave al rompecabezas. Intervienen en la investigación de los casos a pedido de organizaciones de derechos humanos, organismos judiciales o, directamente, de los familiares de las víctimas.

Desde su creación, el EAAF combina herramientas de la arqueología, la antropología y, en los últimos años, también de la genética forense, para reconstruir historias que muchas veces quedaron enterradas durante años. “Abarcamos un campo muy interdisciplinario. A través de la arqueología, se recuperan restos óseos excavando, documentando e interpretando los contextos de entierro. Mediante la antropología, se analiza ese material buscando información física de esa víctima. Y, en años recientes, se sumó la genética forense, que potencia las posibilidades de identificación, al comparar el ADN de los restos con muestras del banco genético aportadas por familiares”, cuenta Turner.

En la provincia de Córdoba, después de más de 20 años de trabajo en la causa de La Perla, en 2025 el EAAF realizó las excavaciones arqueológicas en una zona conocida como “Loma del Torito”. Luego de cruzar imágenes satelitales con testimonios de sobrevivientes, llegaron a la localización exacta de las fosas que contenían los restos óseos. “El trabajo del EAAF es fundamental. La ciencia y la paciencia de este equipo de científicos, que no abandonaron

La Corte Suprema examinará una antigua política que permitía rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera sur

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Por Devan Cole, CNN

La Corte Suprema examinará este martes la legalidad de una política impulsada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato que impidió que un gran número de migrantes que llegaban a la frontera sur iniciaran el proceso de solicitud de asilo.

La política fue originalmente presentada bajo la presidencia de Barack Obama, formalizada por Trump y revocada en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha continuado defendiéndola ante los tribunales a lo largo de los años. El procurador general de Trump, D. John Sauer, comunicó recientemente a los magistrados que la medida constituye una “herramienta fundamental para hacer frente a los repuntes en la frontera y evitar el hacinamiento en los puertos de entrada”.

Este caso es uno de varios vinculados a las controvertidas políticas migratorias que Trump desea que los magistrados ratifiquen. El próximo mes, los nueve jueces revisarán una orden que él emitió el año pasado que pretendía poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, así como sus intentos de revocar las protecciones temporales contra la deportación para ciudadanos haitianos y sirios.

Las autoridades no han declarado públicamente si tienen planes de reactivar la política de asilo —conocida como “metering” (dosificación)—, introducida durante las últimas semanas de la administración Obama y ampliada por Trump en 2018.

No obstante, la decisión de la actual administración de seguir respaldando dicha política ante los tribunales subraya su interés en mantenerla como una vía de respaldo para contener el flujo de migrantes en la frontera, en un contexto en el que otras medidas restrictivas enfrentan impugnaciones judiciales.

“Se supone que la Corte Suprema no debe resolver cuestiones hipotéticas; por ello, resulta extraño que haya accedido a tramitar esta apelación en primer lugar”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema para CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Independientemente de si la administración Trump desea o no reactivar esta política en particular, el hecho de que actualmente no se encuentre vigente debería ser un obstáculo insalvable para que la Corte Suprema ejerza su facultad de dictaminar sobre este caso, en un sentido u otro”, añadió.

Según la legislación federal, el gobierno tiene la obligación de procesar a todo migrante que se presente en un puerto de entrada y que huya de persecución política, racial o religiosa en su país de origen. Un migrante amparado por este requisito es definido como aquella persona “que se encuentre físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos”.

Sin embargo, la política de “metering” permitía a los agentes federales desplegados en la frontera rechazar a dichos solicitantes de asilo incluso antes de que pusieran un pie en suelo estadounidense. La política —cuyo objetivo era ayudar a los funcionarios a gestionar el número de migrantes que han buscado refugio seguro en los últimos años— otorgaba a los trabajadores de los puertos la flexibilidad de permitir la entrada a los migrantes si determinaban que existían “espacio y recursos suficientes para procesarlos”.

La cuestión que los magistrados tienen ante sí este martes es relativamente sencilla: ¿está un migrante —detenido por agentes federales en el lado mexicano de la frontera— amparado por la ley que exige a los funcionarios iniciar su trámite de solicitud de asilo?

La administración sostiene que la respuesta es “no”.

“El significado ordinario de ‘llegar a’ hace referencia a entrar en un lugar específico, no meramente a acercarse a él. Un extranjero que es detenido en México no ‘llega a’ Estados Unidos”, escribió Sauer en los documentos judiciales. “La frase “llegar a Estados Unidos” no abarca —ni siquiera de manera plausible, y mucho menos de forma clara— a los extranjeros que se encu

Chile anuncia una histórica alza de combustibles por la guerra en Irán y ya hay largas filas. Kast pide “responsabilidad”

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Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y a los partidos de oposición luego de la histórica alza de los precios del combustible anunciada la noche del lunes, que generó largas filas en estaciones de recarga antes de que la medida entre en vigor.

Chile, como uno de los mayores importadores de petróleo en la región, quedó muy expuesto ante las recientes alzas de los precios internacionales fogoneadas por la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno de Kast anunció que desde el jueves, la gasolina se elevará en torno al 32 % y el del diésel en un 62 %.

Tan solo unos minutos después del anuncio, se formaron largas filas de autos en estaciones de servicio en la capital, con clientes intentando abastecerse antes del cambio de precio.

Kast, quien asumió hace menos de dos semanas, dijo entender que las medidas son “un golpe al bolsillo” y que pueden generar manifestaciones, pero pidió mesura, en declaraciones a la prensa durante una visita a Puerto Montt. Afirmó que las eventuales protestas “tienen que ser pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”.

El Ministerio de Hacienda estimó que el costo de absorber la totalidad del aumento llegaría hasta los US$ 4.000 millones. La semana pasada, el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, anunció recortes de gastos y aseguró que el Gobierno heredó finanzas tensionadas. “Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. En esas circunstancias, tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas”, dijo Quiroz en un comunicado.

“Tenemos una crisis histórica (…) Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto”, dijo el ministro en entrevista con CNN Chile.

El Gobierno también presentó una serie de medidas paliativas, como el congelamiento de precios del transporte público en Santiago hasta fin de año y una subvención a la parafina para la calefacción durante el otoño y el invierno.

El anuncio del aumento fue rechazado por gremios del transporte, que advirtieron que la medida tendrá un efecto inflacionario. “Si el valor del litro de petróleo sube, los camioneros tenemos que tener tarifas proporcionales para poder seguir ejerciendo nuestras funciones que es transportar lo que Chile produce, importa y exporta”, apuntó el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez.

Kast reiteró que la administración del expresidente Gabriel Boric los dejó sin fondos de reserva y pidió colaboración para los proyectos de ley vinculados a la situación. La propuesta prevé reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones.

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Con información de EFE y Reuters

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