Por Katelyn Polantz, CNN
El expresidente Joe Biden presentó una demanda para impedir que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes obtenga y potencialmente divulgue grabaciones de audio y transcripciones de conversaciones mantenidas en 2016 y 2017 con el escritor fantasma de sus memorias.
Este caso judicial forma parte de un debate latente entre la administración Trump y Biden respecto al grado de privacidad al que tiene derecho el expresidente.
El Departamento de Justicia ha declarado que tiene previsto entregar el próximo 15 de junio al Congreso las grabaciones relativas al libro de Biden, “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”.
Sin embargo, Biden argumenta que, durante su mandato presidencial, el Departamento de Justicia defendió con vehemencia la privacidad de las grabaciones con Mark Zwonitzer, dado que estas eran de carácter personal y, con frecuencia, abordaban el fallecimiento del hijo de Biden, Beau, así como la influencia de este suceso en su decisión de no postularse a la presidencia en 2016.
Las transcripciones de dichas conversaciones, que han sido objeto de una exhaustiva censura, ya han sido hechas públicas.
“Todo ciudadano estadounidense —incluido cualquier vicepresidente, ya sea en ejercicio o con mandato concluido— posee el derecho a la privacidad en las conversaciones personales que mantiene en la intimidad de su propio hogar”, escribieron los abogados de Biden en un escrito presentado ante un tribunal federal en Washington la noche del martes. “Y cuando el Departamento de Justicia obtiene dicha información privada en el marco de una investigación penal, recae sobre el departamento una responsabilidad específica de salvaguardarla frente a su divulgación”.
Las grabaciones están en poder del Departamento de Justicia porque formaron parte de la investigación penal llevada a cabo entre 2023 y 2024 para determinar si Biden gestionó de manera indebida documentos clasificados tras concluir su mandato como vicepresidente, y si compartió detalles sensibles de seguridad nacional con Zwonitzer. El fiscal especial Robert Hur no presentó cargos alguno contra Biden.
En una demanda independiente, Biden también se opone judicialmente al plan del Departamento de Justicia de entregar esas mismas conversaciones grabadas con Zwonitzer a la conservadora Heritage Foundation. La semana pasada, un juez dictaminó que debía permitirse a Biden presentar sus argumentos en contra de que la Heritage Foundation obtenga las grabaciones, una postura con la que el Departamento de Justicia también se ha mostrado de acuerdo en las últimas semanas.
La Heritage Foundation ha manifestado que solicita las grabaciones, en parte, porque estas supuestamente evidencian el proceso de envejecimiento de Biden y la presencia de lapsos de memoria, incluso antes de que este asumiera la presidencia.
El representante republicano Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, expuso recientemente sus propios motivos para solicitar dichas grabaciones. “Creo que simplemente es importante que el pueblo estadounidense sepa exactamente dónde se encontraba el presidente de Estados Unidos… Nos gustaría ver toda esa información para subrayar lo que los demócratas intentaban ocultar hace apenas unos años”, dijo Jordan en mayo, tal como señaló el equipo de Biden en su escrito judicial.
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