Por Tami Luhby, CNN
La Casa Blanca está preparando un acuerdo de confidencialidad para todo el Gobierno destinado a frenar que los trabajadores federales compartan “información gubernamental confidencial”, mientras busca detener las filtraciones internas a organizaciones de medios.
El aviso preliminar, publicado el martes en el Registro Federal por la Oficina de Administración de Personal, señala que el acuerdo de confidencialidad tiene como objetivo registrar el compromiso de los empleados federales actuales y nuevos de “salvaguardar información no pública, confidencial o de propiedad exclusiva, creada u obtenida a través de sus funciones oficiales”. Está previsto que la propuesta se publique el miércoles.
Según el aviso preliminar, las agencias tienen la opción de utilizar el acuerdo de confidencialidad, el cual estará sujeto a un período de comentarios de 30 días después de su publicación.
La controvertida medida es el paso más reciente en los esfuerzos del Gobierno de Trump por reprimir la difusión de su planificación y datos internos. El año pasado, la oficina del secretario de Defensa Pete Hegseth comenzó a exigir que funcionarios del Pentágono firmaran acuerdos de confidencialidad antes de ser informados sobre proyectos, iniciativas y otros productos de trabajo, según ha informado CNN.
El presidente Donald Trump también está trastocando la fuerza laboral federal, que considera un obstáculo para implementar su agenda.
El borrador cita que trabajadores federales proporcionaron al New York Times y al Washington Post “divulgaciones no autorizadas” antes de la incursión de EE.UU. en Venezuela a principios de este año. Las organizaciones de noticias retrasaron la publicación de la información “para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses”, indicó el borrador.
El editor ejecutivo del New York Times ha dicho que el periódico no tenía detalles verificados sobre la incursión para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni dejó de publicar una historia a solicitud del Gobierno de Trump. Un portavoz del Washington Post declinó hacer comentarios, diciendo que el periódico no discute sus prácticas de recopilación de noticias.
Además, este año un empleado federal divulgó la información personal —incluidos nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono y cargos— de unos 4.500 miembros del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, poniendo en riesgo su seguridad, según el borrador.
La propuesta preliminar adopta una visión amplia de la información confidencial, definiéndola como “operaciones internas de la agencia, asuntos de personal, procesos de adquisiciones, o cualquier material sensible, previo a la toma de decisiones o deliberativo que no esté disponible públicamente en la actualidad y que no deba divulgarse conforme a la ley aplicable”. Tales divulgaciones “interrumpen las operaciones de la agencia y erosionan la confianza pública”.
Según la propuesta preliminar, la medida no crearía “nuevas restricciones sustantivas” para los trabajadores y preservaría los derechos de los denunciantes.
Pero el sindicato más grande de la fuerza laboral federal, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), denunció el borrador como un intento de silenciar al personal, señalando que la propuesta “abarca una categoría extraordinariamente amplia de información”.
El sindicato dijo que cree que la administración presionará a las agencias para exigir a sus empleados que firmen el acuerdo de confidencialidad y luego despedirá a quienes se nieguen.
“Este acuerdo de confidencialidad propuesto es otro intento de la administración de purgar el servicio civil de empleados de carrera no partidistas y reemplazarlos por leales que no denunciarán el despilfarro, el fraude y el abuso”, dijo Everett Kelley, presidente nacional de la AFGE, en