Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
Bolivia lleva 20 días de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien muchos grupos campesinos y obreros exigen la renuncia. Mientras, el mandatario apuesta por el diálogo, pero analistas no descartan que tenga sobre la mesa la posibilidad de militarizar el conflicto con una eventual declaración de estado de excepción, en una crisis que ya causa preocupación en Estados Unidos y otros aliados regionales.
Históricamente, el país altiplánico ha mostrado una enorme capacidad de presión callejera a través de bloqueos de pistas y movilización territorial. Esta vez, ocurre cuando el mandatario, que venció en segunda vuelta a un candidato más ligado al neoliberalismo, lleva apenas seis meses en el cargo con varios frentes económicos que exigían respuestas urgentes.
“El manejo político ha sido deficiente”, consideró el politólogo José Orlanda Peralta, investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz). “Paz tiene legitimidad para tomar decisiones, pero hubo muchas promesas que no ha ido cumpliendo de manera sistemática. El Gobierno no ha tenido capacidad para trabajar de acuerdo con los tiempos, ha sido timorato y pusilánime a la hora de decidir. Todo contribuye a una tormenta perfecta”, dijo a CNN.
La crisis social viene siendo comparada con el estallido de 2003, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, poco antes de que comience el ciclo hegemónico del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el exmandatario Evo Morales (2006-2019). Para Peralta, ese escenario también tenía una acumulación de demandas sociales, pero con una agenda política más definida y con liderazgos fuertes y claros. “Ahora el problema del Gobierno es que dialoga con unos y luego aparecen otros dirigentes”, comentó.
Las protestas están alentadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales. Al reclamo, que comenzó con demandas salariales frente a una inflación interanual que todavía ronda el 15 %, se sumaron transportistas, sindicatos y organizaciones indígenas, que rechazan las medidas de austeridad.
“Es habitual que haya una serie de movilizaciones y bloqueos, prácticamente desde el inicio de la democracia (1982) como una forma de sabotaje bajo presión política, pero las circunstancias actuales son especiales”, dijo a CNN el sociólogo y especialista en políticas públicas Franco Gamboa. “El hecho de que el presidente haya ganado en segunda vuelta, que no haya podido armar una coalición de Gobierno para el control del Legislativo y no esté tomando decisiones adecuadas en lo económico mantienen un vacío de poder”, consideró.
Bolivia arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, con caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural y escasez de divisas, lo que desencadenó en falta de combustibles mucho antes de los bloqueos de carreteras. El panorama político tampoco es estable: ante la caída del MAS en una guerra interna y un gran fracaso electoral sin la participación de Morales, varios sindicatos y movimientos populares quedaron huérfanos de representación.
Para Gamboa, las demandas económicas y los reclamos políticos “van de la mano”. En ese sentido, destacó que Paz desatendió “otro componente, una regla informal: la cooptación de dirigentes”. Según analizó, el mandatario cortó esos espacios por falta de financiamiento y no supo cómo seguir atendiendo a sectores ahora excluidos.
Gamboa, quien da un balance negativo al primer semestre de Paz, dijo que el mandatario “se equivocó rotundamente con adelantar algunas medidas”, como la ley 1720 de reconversión de tierras, que fue eliminada en los últimos días como respuesta a las protestas, o la abrogación de un decreto económico en en