Santa Barbara County News and Events

Raises Approved For Santa Barbara County In-Home Caregivers

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SANTA MARIA, Calif. (KEYT) - The Santa Barbara County Board of Supervisors approved a three-year contract at last week’s meeting that will provide raises for In-Home Supportive Service (I.H.S.S.) care providers.

Caregivers represented by United Domestic Workers have been campaigning for these raises for about 15 years in California.

The union has succeeded in protecting or raising caregiver wages in several counties including San Diego, Riverside, and San Luis Obispo.

I.H.S.S. caregivers provide invaluable support to seniors and people of all ages with disabilities. Local caregivers publicly expressed their gratitude for the county supervisors’ approval at last week’s meeting.

Studies project that in the next five years, nearly 25% of Californians – including many in Santa Barbara county – will surpass age 60, causing a surge in demand for senior support.

Those numbers are expected to grow past 30% by 2060.

An estimated 30% of California’s population serves as unpaid family caregivers for aging adults or relatives with disabilities, adding stress that can lead to declining health themselves.

For this month, caregivers are being paid $19 an hour, in March they’ll receive $20 per hour, and starting in July, their wages will be $3.50 over minimum wage or $20.07, whichever figure is higher.

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Tras su prohibición, Israel comienza la demolición de la sede de una agencia de la ONU en Jerusalén Este

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Por Tal Shalev, CNN

Israel inició este martes la demolición de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en Jerusalén Este, luego de la aprobación de una ley que prohíbe las actividades de la agencia de la ONU.

Fuerzas policiales, junto con agentes de cumplimiento de la Autoridad de Tierras de Israel, llegaron al complejo con excavadoras y equipo de ingeniería y comenzaron a demoler el sitio, según imágenes obtenidas por CNN. La Autoridad de Tierras de Israel indicó en un comunicado que las fuerzas del orden “aseguraron la plena posesión de la propiedad y comenzaron a despejar las instalaciones”.

La UNRWA condenó la medida y la calificó como “un ataque sin precedentes contra una agencia de las Naciones Unidas y sus instalaciones”. En un mensaje publicado en X, la agencia señaló que representa “un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel”.

La Convención de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades, a la que Israel se adhirió en 1949, establece explícitamente que los complejos e instalaciones de la ONU “serán inviolables” y “estarán exentos de registro, requisa, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.

Israel le arrebató Jerusalén Este a Jordania durante la guerra de 1967 y la anexó en 1980. El derecho internacional y la mayor parte de la comunidad internacional consideran el territorio como ocupado, y los palestinos reclaman Jerusalén Este como la capital de un futuro Estado independiente. Israel considera a toda la ciudad su “capital eterna”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó en un comunicado que “el Estado de Israel es propietario del complejo en Jerusalén” y añadió que la UNRWA ya había cesado sus operaciones en ese lugar y que la ONU no mantiene personal ni actividades allí.

“El complejo no goza de ninguna inmunidad y su incautación se llevó a cabo en conformidad tanto con la ley israelí como con el derecho internacional”, señaló el ministerio, que calificó a la UNRWA como “un invernadero para el terrorismo que hace tiempo dejó de ser una organización humanitaria”.

Israel mantiene desde hace años conflictos con la UNRWA, a la que acusa de ayudar a Hamas y de la que pide su desmantelamiento total, una acusación que la agencia ha negado reiteradamente. Tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre, el Gobierno intensificó su campaña contra la agencia, citando la presunta participación de algunos de sus empleados y el uso de sus instalaciones en Gaza para ataques contra Israel y para ocultar a rehenes israelíes.

A finales de 2024, el Parlamento israelí aprobó leyes que prohíben las operaciones de la UNRWA en Israel y vetan el contacto oficial con la agencia. Otra legislación, aprobada en diciembre de 2025, prohibió el suministro de agua y electricidad a propiedades de la UNRWA y permitió al Estado recuperar terrenos de los complejos de la agencia en Jerusalén Este. Se espera que otra propiedad de la UNRWA, ubicada en la zona de Kfar ‘Aqab, en Jerusalén Este, enfrente un proceso similar en el futuro cercano.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, quien acudió al lugar para supervisar las labores de evacuación policial y demolición, afirmó: “Este es un día histórico, un día de celebración y un día importante para la restauración de la gobernanza en Jerusalén. Durante años, estos partidarios del terror operaron aquí y hoy están

El ajetreado año de la diplomacia de cañones del “presidente de la paz”

Kraig Pakulski 0 24 Article rating: No rating

Análisis de Tom Foreman

Antes de que los bombarderos furtivos surcaran la noche de Medio Oriente, o de que los misiles llovieran sobre presuntos terroristas en África, o de que comandos capturaran a un presidente sudamericano en su dormitorio, o de que las gélidas laderas de Groenlandia se prepararan para la amenaza de una invasión, hubo una idea en la Casa Blanca.

Era una filosofía puesta en práctica por el presidente Donald Trump pero enunciada por su principal asesor, Stephen Miller.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real, que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por el poder, que está gobernado por la autoridad”, dijo Miller a Jake Tapper de CNN. “Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos”.

Sin duda, ese es el tipo de mundo que el presidente ha imaginado desde que volvió a la Oficina Oval. Mientras diplomáticos, analistas de asuntos globales y líderes extranjeros observaban boquiabiertos, Trump pasó su primer año presentando una larga lista de demandas y agravios por los que quiere que el mundo rinda cuentas o, de lo contrario, ha amenazado, responderá ante los poderes reunidos de EE.UU.

Sus inclinaciones militares han marcado el camino con frecuencia. Haciendo frecuentes guiños al Departamento de Defensa —al que denominó el Departamento de Guerra—, Trump ha insinuado reiteradamente que el vasto arsenal bajo su mando podría ser utilizado contra todo tipo de enemigos extranjeros. Y no era solo fanfarronería.

En Nigeria, Somalia, Yemen, Iraq y Siria, Trump ordenó ataques aéreos contra grupos identificados como terroristas por los servicios de inteligencia. En Irán, envió aviones estadounidenses a bombardear instalaciones nucleares con bombas rompe-búnkeres. Y tras meses de videos de supuestas lanchas de narcotráfico siendo destruidas tanto en el Caribe como en el Pacífico, Trump aprobó la gran redada que capturó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Además, Trump declaró rápidamente que Estados Unidos administraría de hecho la nación rica en petróleo en el futuro previsible. ¿Qué significaba eso? El senador Tom Cotton tenía una idea. “Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a dirigir Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir con nuestras demandas”, dijo el republicano de Arkansas a Dana Bash de CNN.

Pero los detalles de tal plan siguen siendo un misterio y, al parecer, un trabajo en progreso. Además, el debate sobre el futuro de Venezuela fue rápidamente ahogado por otra ronda de amenazas de Trump. Justo después de la acción contra Maduro, amenazó a Cuba y a otro presidente sudamericano: “Colombia está produciendo muchas drogas… así que más le vale que entre en razón o será el próximo”.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump habló sobre que Estados Unidos retomara el control del Canal de Panamá, convirtiera a Canadá en el estado número 51 y se apoderara de Groenlandia. Cuando tanto Groenlandia como Dinamarca, el país que supervisa el territorio ártico autónomo, dijeron: “No, gracias”, ese asunto se desvaneció.

Pero con Madur

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