Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El Gobierno de Venezuela, que asegura haber excarcelado a más de 100 personas en los últimos días, no difundió aún las identidades ni los centros de reclusión en los que estaban, que hasta ahora fueron reveladas por diferentes ONGs.
El Gobierno tampoco detalló un aspecto clave del proceso: en qué condiciones judiciales quedan las personas que salieron de prisión. Ello puede explicar por qué la gran mayoría de excarcelados no han hablado sobre sus casos a la prensa, con algunas excepciones en el extranjero, lejos del aparato de seguridad chavista.
Distintas organizaciones civiles, como la ONG Foro Penal, advirtieron que son liberaciones condicionadas, sin un cierre de los procesos judiciales y con un riesgo de una nueva detención, según declaró Alfredo Romero, titular de la organización. Algunos incluso pidieron que no se revele su nombre, según dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, que se cerciora de que se trate de presos políticos.
Al respecto, la familia de la activista venezolana-española Rocío San Miguel aseguró que no hay una libertad plena, sino “una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial”, según explicaron en un comunicado. Agregaron que “mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente”.
El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció el lunes que las últimas excarcelaciones son de personas vinculadas con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”, pero no se ha pronunciado específicamente sobre exigencias o condicionamientos. CNN envió una consulta al respecto al Gobierno de Venezuela.
A finales de diciembre, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro excarceló a decenas de personas, les aplicó medidas cautelares como no tener permitido salir del país, dar entrevistas o hacer declaraciones en redes sociales, según dijeron a CNN familiares de cinco de ellas. También les requieren presentarse en tribunales cada 30 días y establecieron la prohibición de comunicarse entre sí, añadieron. CNN solicitó comentarios al Servicio Penitenciario, sin recibir respuesta.
Foro Penal confirmó hasta la noche del lunes 56 excarcelaciones, menos de la mitad de las 116 que anunció el Gobierno desde el jueves y ni un 10 % de los presos políticos que contabiliza la ONG en el país.
Pese al obligado silencio de los excarcelados en Venezuela, algunos detenidos políticos extranjeros que lograron dejar la prisión y viajar a su país contaron cómo era la vida en prisión.
“Tenía miedo de que me mataran”, dijo el empresario italiano Mario Burlò, de 52 años, quien fue detenido a fines de 2024 y llegó este martes a Roma.
“Mis familiares en Italia me creían muerto, fue un secuestro real”, expresó, según el periódico Corriere della Sera. “Hoy me enteré de que me absolvieron de un caso pendiente. Me acusaron de terrorismo y conspiración en Caracas”, detalló sobre su caso.
En cuanto a las condiciones de reclusión, contó: “Les dije a los guardias de la prisión: hasta los perros tienen necesidades diarias, somos menos que perros. Nos llevaban al patio, una hora al día, cinco días a la semana. Nos hacían dormir en el suelo entre las cucarachas”. En declaraciones citadas por La Stampa, definió a la prisión como “peor que Alcatraz”.
El empresario aclaró que no sufrió maltratos físicos, “pero sí psicológicos”, como haber estado incomunicado con su familia por casi un año.
Por su parte, Alberto Trentini, un trabajador humanitario que también fue arrestado en noviembre de 2024, dijo al llegar a Italia que está contento, pero su felicidad “tiene un precio muy alto”, según detalla un comunicado leído por su abogada. “El sufrimiento de estos interminables 423 días es i