Por Tierney Sneed y Holmes Lybrand, CNN
Una jueza federal afirmó este lunes que la demanda presentada por el presidente Donald Trump contra el IRS buscaba “manipular el proceso judicial” y concluyó que actuó de mala fe al presentar el caso.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó imponer sanciones a los abogados involucrados en la demanda, que dio lugar al intento de crear el ya desaparecido fondo de US$ 1.800 millones contra la supuesta “instrumentalización política” de las instituciones (“anti-weaponization”) en beneficio de aliados del presidente. La demanda también se utilizó para justificar una orden del Gobierno de Trump que otorgaba al presidente y a sus empresas inmunidad frente a cualquier asunto tributario del pasado.
En una opinión de 56 páginas, Williams criticó duramente tanto al Departamento de Justicia —al considerar que la respuesta del Gobierno al caso ignoró las políticas de la entidad y posiblemente la ley— como a los abogados privados que presentaron la demanda en nombre de Trump.
“La naturaleza misma de la demanda y la conducta de las partes y de los abogados desde su presentación dejan claro que este fue un intento de utilizar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conceder inmunidad a personas y entidades vinculadas con el presidente y a destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios que la ley no contempla”, escribió la jueza.
Williams ordenó además que su opinión fuera remitida a los organismos disciplinarios de abogados de Nueva York y Washington, que ya revisan denuncias previas por presuntas faltas éticas contra el secretario de Justicia interino Todd Blanche y el secretario de Justicia adjunto Stanley Woodward.
“Al renunciar a su responsabilidad de defender con firmeza los intereses de Estados Unidos, el Gobierno celebró un ‘acuerdo’ que se apartó de su postura procesal en casos similares, ignoró las políticas del Departamento de Justicia y logró objetivos que excedían los autorizados por la ley, así como otros expresamente prohibidos”, escribió Williams.
La jueza también remitió al Colegio de Abogados de Florida a uno de los abogados privados que representó a Trump para que evalúe posibles medidas disciplinarias y prohibió a otro abogado del presidente comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida durante el próximo año.
La opinión de Williams responde a una solicitud presentada por un grupo de jueces retirados después de que ella desestimara la demanda, para que examinara el acuerdo. La nueva orden de Williams —designada por el presidente Barack Obama— indica que esos jueces retirados podrían tener derecho al reembolso de sus honorarios legales.
Los abogados de los exjueces calificaron este lunes la decisión como “una contundente victoria para el Estado de derecho”.
CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
Un portavoz del equipo legal privado de Trump dijo: “El IRS permitió erróneamente que un empleado deshonesto y con motivaciones políticas filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump a The New York Times, ProPublica y otros medios de izquierda, que luego fue divulgada ilegalmente a millones de personas. El presidente Trump sigue exigiendo responsabilidades a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses”.
El acuerdo entre el IRS y Trump este año surgió a raíz de una importante filtración de información tributaria de miles de personas adineradas, entre ellas Trump, realizada hace seis años por un contratista del Gobierno.
Charles Littlejohn fue acusado en 2023 de filtrar esa información tributaria a medios de comunicación mientras trabajaba para una firma consultora contratada por el IRS. Se declaró culpable en 2024 y fue condenado a cinco años de prisión.
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