Por Rocío Muñoz-Ledo y Pau Mosquera, CNN en Español
Desde que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cientos de familias permanecen a la expectativa de un proceso que avanza con lentitud.
El anuncio lo hizo la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y lo describió como una medida dirigida a “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional” en el país. Hasta ahora, las autoridades no han publicado una lista oficial, por lo que organizaciones civiles intentan verificar de forma independiente tanto el número como las identidades de las personas puestas en libertad.
Este lunes, cinco días después de que iniciara el proceso de liberación, la organización sin fines de lucro Foro Penal había confirmado 49 excarcelaciones.
La organización, que confirma cada caso con las familias, había reportado 17 casos hasta el domingo, antes de que en la madrugada del lunes el Gobierno anuncie una nueva serie de liberaciones.
Sin embargo, el conteo continúa en menos de la mitad de las 116 informadas por las autoridades, que no difundieron una lista de las identidades de los involucrados ni detallaron en qué centro estuvieron recluidos.
Foro Penal contabilizaba que hay más 800 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el momento; entre ellos, extranjeros o con doble nacionalidad.
Tras la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, y lo llevaron a Nueva York para ser juzgado por presunto narcotráfico —cargos que Maduro rechaza—, funcionarios de Estados Unidos han solicitado al gobierno encargado, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, según una fuente cercana a un informe del Gobierno de Donald Trump presentado esta semana a legisladores.
A continuación, un breve perfil de los presos políticos cuya liberación en Venezuela ha sido confirmada. Suman 49 hasta el lunes 12 de enero.
Rocío del Carmen San Miguel Sosa es una abogada venezolana-española de 58 años, especialista en Derecho y Política Internacional y magíster del IAEDEN. Es una reconocida analista en temas de seguridad, defensa y derechos humanos en Venezuela.
Hasta el momento de su detención, se desempeñaba como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ocupó cargos en distintos organismos del Estado y fue docente en instituciones militares. En 2018, un caso suyo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia sobre derechos humanos y participación política.
San Miguel había sido detenida en febrero de 2024 acusada de presunta conspiración —cargo rechazado por su defensa—, y ahora liberada tras permanecer recluida en el Helicoide. Funcionarios de Estados Unidos habían expresado su preocupación por su caso.
El exdiputado Enrique Márquez fue detenido en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país.