Por Whitney Wild, Norma Galeana y Rachel Clarke, CNN
Verónica Escobar no pudo celebrar el octavo cumpleaños de su hijo. Víctor Madrid se perdió la primera vez que fue a recoger a sus hijos al colegio. Patricia Quishpe se vio obligada a pasar su primera noche lejos de su hijo menor.
Cada uno de ellos fue detenido durante redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump en el área de Chicago, que luego se ampliaron a Charlotte y Nueva Orleans. Aunque ninguno tenía autorización para permanecer de forma indefinida en Estados Unidos, todos habían participado en procedimientos judiciales de inmigración, eran conocidos por las autoridades y se les había permitido esperar sus próximas audiencias en casa. Ninguno de ellos parece tener antecedentes penales.
Pero esta vez todos fueron detenidos en la calle sin previo aviso, llevados lejos de sus hogares y retenidos durante semanas, hasta que distintos jueces de tribunales de distrito dictaminaron que cada detención era ilegal.
Son solo tres de los cientos de personas que los tribunales han dictaminado que no deberían haber sido encarceladas. Y con miles más detenidos y destinados a la deportación, se esperan más casos que podrían debilitar una de las promesas clave del presidente Donald Trump.
“No se trata de justicia penal. No se trata de seguridad pública, y no lo ha sido desde el principio de esta administración”. dijo Mark Fleming, director asociado de litigios federales del National Immigrant Justice Center.
En cambio, dijo, se trata de un intento por convencer a los migrantes indocumentados de que renuncien al derecho que todos tienen en Estados Unidos a un debido proceso y opten por irse voluntariamente. Fleming representa a cientos de otros detenidos en una demanda colectiva que acusa al Gobierno de violar un acuerdo que prohíbe las detenciones sin orden judicial en el área de Chicago. La orden inicial de liberar a cientos de personas en el caso está siendo apelada y las liberaciones se encuentran pausadas.
En todo el país, casi 75.000 personas sin antecedentes penales fueron detenidas por agentes migratorios entre el 20 de enero y el 15 de octubre, según nuevos datos. En total, unas 220.000 personas fueron arrestadas en los nueve meses posteriores a la llegada de Trump a la presidencia, de acuerdo con cifras del Deportation Data Project, un grupo de investigación asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN sobre la afirmación de que los arrestos buscan intimidar a inmigrantes para que se autodeporten. Tampoco respondió preguntas sobre los casos de los inmigrantes entrevistados.
El DHS ha señalado que los objetivos de sus redadas son siempre “criminales violentos”, aunque añade que los agentes también detienen a cualquier otra persona inmigrante que se encuentre en el lugar sin estatus legal.
El DHS sostiene que tiene derecho a detener a cualquiera que esté en el país de forma irregular. Sin embargo, muchos migrantes están impugnando esa afirmación presentando recursos de hábeas corpus en múltiples tribunales y ganándolos. Las órdenes que obligan al Gobierno a liberar a los migrantes detenidos pueden, en última instancia, socavar el impacto de la campaña de Trump contra la inmigración.
“Ha habido más de 700 casos”, dijo Fleming. “300 jueces diferentes han fallado en contra del Gobierno federal hasta ahora”.
Señaló que el Gobierno no está apelando la liberación de los migrantes, lo que podría crear un precedente legal para que más personas en la misma situación sean liberadas. En cambio, dijo, los agentes continúan presionando a los inmigrantes para que acepten la deportación.
Verónica Escobar tiene fuertes lazos con su comunidad en Elgin, Illinois, a unos 56 kilómetros al noroeste de Chicago. S