Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este martes al grupo criminal colombiano Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera, con lo que ya suman 14 grupos latinoamericanos en esta lista desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

En una breve actualización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense informó que el Clan del Golfo pasó de ser un grupo con personas sancionadas por estar presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial a tener la designación de organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

Expertos señalan que la designación como FTO puede dar lugar a sanciones financieras más duras y ramificaciones legales en Estados Unidos contra los implicados, y también podría preceder al uso de la fuerza militar. El Departamento de Estado de EE.UU. afirma que “las designaciones pueden ayudar a las acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y otros gobiernos”.

En un comunicado, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dijo este martes que el Clan del Golfo es “responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”.

“EE.UU. continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, agregó Rubio.

CNN contactó a las autoridades de Colombia para obtener comentarios y está a la espera de respuesta.

El Clan del Golfo es una banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión, que según la Policía Nacional del país es una de las “organizaciones más peligrosas del crimen trasnacional”.

También conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista, el Clan del Golfo es un grupo formado por exnarcotraficantes y exparamilitares que nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, en el 2006.

Este grupo criminal suele tener enfrentamientos con las autoridades colombianas. En marzo de este año, nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron y uno más fue capturado tras un “bombardeo” que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó sobre “estructuras armadas” de esa organización en Segovia, Antioquia, en el noroeste del país.

Pese a ello, los esfuerzos de paz del Gobierno colombiano siguen su marcha. En agosto, Petro aseguró que su Gobierno inició conversaciones con el Clan del Golfo, fuera de territorio colombiano, en busca de un eventual acuerdo de paz.

El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo in

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Paloma Valencia quiere que se confirme que ella es la alumna destacada de Álvaro Uribe que puede llevar a su grupo político de nuevo a la Presidencia. La senadora, elegida por medio de la encuesta interna del partido Centro Democrático para ser su candidata a las elecciones presidenciales de 2026, lleva años defendiendo el nombre y el proyecto del expresidente de derecha en Colombia y ha buscado por mucho tiempo ser la cara visible de ese movimiento.

Heredera de dos familias políticas, crítica férrea de Gustavo Petro, polémica y a la vez considerada moderada dentro del uribismo, ¿quién es Paloma Valencia y qué posibilidades tendrá en las elecciones de mayo próximo?

Valencia, que lleva tres periodos como senadora, estudió Derecho y Filosofía e hizo una especialización en Economía y una maestría en Escritura Creativa. Nació en 1979 en Popayán, Cauca, en el occidente de Colombia. Es nieta de Guillermo León Valencia, presidente conservador entre 1962 y 1966, y de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes.

Antes de ser senadora, fue columnista y analista en medios de comunicación.

En 2006 tuvo su primera aspiración electoral: se lanzó por el partido Alas Equipo Colombia a la Cámara de Representantes, sin éxito. Llegó al Senado en 2014 en la lista cerrada del recién creado partido Centro Democrático de Uribe. En 2018 fue precandidata presidencial, pero terminó apoyando a Iván Duque, quien finalmente llegó a la Casa de Nariño.

En el Congreso, Valencia consiguió convertir en ley a tres de sus proyectos: la promoción del consumo y comercialización de la panela, el fin del monopolio de los departamentos para producir licores y una ley de incentivos para pequeños negocios. Es miembro de la Comisión Primera del Senado, encargada de las reformas constitucionales, leyes estatuarias y organización territorial.

Considerada como una senadora disciplinada, desde 2022, es una de las figuras visibles de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Valencia misma se describe como la opositora de mayores logros: llevó a poner en el limbo el Ministerio de Igualdad creado por Petro, consiguió frenar el nombramiento de embajadores sin requisitos y se opuso en el Senado a la consulta popular; además, busca tumbar la reforma pensional del Gobierno.

La senadora tene frecuentes enfrentamientos con miembros del petrismo, como los legisladores Iván Cepeda (hoy candidato presidencial) y María José Pizarro, y a lo largo de los años ha estado envuelta en polémicas por sus declaraciones. En 2015 sugirió, en una entrevista, que el departamento del Cauca podría dividirse entre indígenas y mestizos. El Cauca es el departamento con mayor porcentaje de población indígena del país, con cerca del 20%.

Valencia es la primera mujer en ser candidata presidencial del Centro Democrático. Llega tras un proceso interno extenso y marcado por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay. En su campaña, Valencia ha puesto la economía y la seguridad como ejes.

Fue elegida a través de dos encuestas contratadas por el partido en las que superó a las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Si bien ambas reconocieron el resultado, Cabal pidió la publicación de los datos y la auditoría de las mediciones para despejar dudas sobre la transparencia, un reclamo que revive críticas recurrentes sobre los mecanismos del partido y el peso real de

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Por Haley Britzky, CNN

El Pentágono no hará público el video completo del ataque de las fuerzas estadounidenses contra un bote que supuestamente transportaba drogas el 2 de septiembre, declaró este martes el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El episodio, que incluyó un segundo ataque que causó la muerte de dos tripulantes que habían sobrevivido al primero, ha estado en el centro del debate sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en el Caribe.

“De acuerdo con la política de larga data del Departamento de Guerra —el Departamento de Defensa—, por supuesto que no vamos a publicar un video altamente secreto, completo y sin editar al público en general”, dijo Hegseth a los periodistas en el Capitolio. “La Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y la Comisión de Servicios Armados del Senado, así como otras comisiones pertinentes, lo verán, pero no el público en general”.

Hegseth habló con los periodistas junto al secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión informativa sobre los ataques a puertas cerradas con legisladores.

Legisladores clave de ambos partidos han expresado su apoyo a la publicación del video, del cual se compartió un fragmento públicamente en el momento del ataque. El presidente Donald Trump dijo inicialmente que no tendría “ningún problema” en publicar el video, antes de negar, pocos días después, haber hecho tales comentarios.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que Hegseth se negó a compartir con los legisladores el video sin editar durante la reunión de este martes.

“El Gobierno llegó a esta reunión con las manos vacías. Esa es la principal cuestión que nos preocupa. Si no pueden ser transparentes en esto, ¿cómo podemos confiar en su transparencia en todos los demás asuntos que rodean la situación en el Caribe?”, preguntó Schumer después de la reunión.

Schumer declaró a periodistas que no debería haber “ningún problema” para proteger las fuentes y los métodos clasificados de las fuerzas estadounidenses al compartir el video con los senadores, ya que podrían verlo en un entorno seguro.

También dijo que todos los estadounidenses deberían poder ver una “versión adecuada” del video, y agregó que le pareció “profundamente preocupante” cuando lo vio la semana pasada.

Después de que Hegseth le dijera en una reunión informativa con los principales líderes del Congreso que consideraría permitir que más legisladores vieran el video de los ataques del 2 de septiembre, Schumer afirmó que el jefe del Pentágono llegó el martes “sin respuesta y sin el video”.

“Su argumento fue que podría revelar información confidencial. Eso no debería ser así. Respeto la información clasificada. Cuando se hace en una sala segura, ese argumento pierde validez”, dijo.

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By Lianne Kolirin, CNN

London (CNN) — Plans to ban the sale of new combustion engine cars in the European Union by 2035 have been thrown into turmoil after pressure from car manufacturers.

On Tuesday, the European Commission proposed applying the ban, approved in 2023, to only 90% of vehicles, down from 100%. This means the remaining 10% of new cars made after 2035 could still be plug-in hybrid vehicles or those with internal combustion engines.

The move, unveiled by the EU’s executive arm alongside other measures to support the bloc’s car industry, represents a setback for tackling climate change, although the commission’s president, Ursula von der Leyen, said Europe remains “at the forefront of the global clean transition.”

“From 2035 onwards, carmakers will need to comply with a 90% tailpipe emissions reduction target, while the remaining 10% emissions will need to be compensated through the use of low-carbon steel … or from e-fuels and biofuels,” the European Commission said in a statement.

The proposal is likely to be approved by European lawmakers. Prior to the announcement, Reuters reported that Manfred Weber, president of the EPP, the largest party in the European Parliament, said the EU was planning to scrap the ban and indicated that he supported the new plan.

“The European Commission will be putting forward a clear proposal to abolish the ban on combustion engines. … It was a serious industrial policy mistake,” he said.

The announcement is a blow for the EU’s green credentials. The bloc is legally obligated to become carbon-neutral by 2050. Cars and vans are responsible for around 15% of the EU’s total greenhouse gas emissions, so a phase-out of polluting vehicles was a key part of EU climate policy.

The new measures are likely a concession to the European auto industry, which is under pressure from high energy costs and tariffs on exports to the United States.

Car manufacturers had high hopes for the shift toward electric vehicles when ambitious targets were originally set, but they have had to grapple with fierce competition from China and lower-than-expected consumer demand for EVs. Meanwhile, the charging infrastructure is not uniform throughout the continent.

Tim Dexter, a policy manager for environmental advocacy group T&E, said in a statement that the dilution of the ban could have “significant consequences for the climate.” It would send “a signal that long-term commitments can be rolled back just as they start to deliver real emissions cuts,” he added.

The news comes after Ford announced that it was pulling back on its EV plans, a move that will result in a $19.5 billion charge against its earnings.

Ford and US other automakers invested heavily in EV plans in anticipation of stringent environmental regulations put in place during the Biden administration. But the Trump administration has rolled back tho