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By Maria Santana, Fidel Gutierrez, Caroll Alvarado, Marlon Sorto, Zoe Sottile, CNN

(CNN) — The parents of an 18-year-old US citizen who has terminal colon cancer have been reunited with their son a day after they were released from a Department of Homeland Security detention facility in Arizona.

The couple, Isidoro González Avilés and Norma Anabel Ramírez Amaya, reunited with their son Kevin González Saturday evening in Durango, Mexico.

Their son, who was born in the US but raised in Mexico, fell ill while visiting family in Chicago over Christmas, according to CNN affiliate WLS. He was diagnosed with stage 4 colon cancer.

“What I want to say to people is thank you for helping my family to be able to have the choice,” the 18-year-old – his face gaunt – told CNN in Durango shortly after reuniting with his parents.

Avilés and Amaya were in tears as they embraced Kevin after taking a bus to Durango, a state in northwest Mexico.

His parents, Mexican nationals, had both previously been deported from the US after entering “illegally,” DHS told CNN Friday.

In a desperate bid to see their son again after his diagnosis, the couple attempted to reenter the US in April, WLS reported. They were both arrested April 14 near Douglas, Arizona, according to DHS. They say they spent weeks in detention before they were deported and able to reunite with their son.

DHS told CNN the couple had applied for B1/B2 visas – temporary nonimmigrant visas – “which were denied due to their previous unlawful presence and entries into the United States.”

The couple were deported to Mexico Friday, DHS said. A US district judge in Tucson, Arizona, ordered the release of González’s parents on Thursday morning, according to WLS.

Their son flew to Mexico around a week ago, according to WLS, hoping to be reunited with his parents before he dies.

“We managed to make my son’s dream come true: to be with him again, to love him, to give him the love we could not give him during these months when he was not with us,” said Avilés after reuniting with his son.

“We sought every option. They denied us visas. They detained us at the border,” he said.

He showed his tattoos of his son’s name as well as Saint Jude – the patron saint of lost causes and desperate situations.

Kevin, his father said, is “very strong.”

“I have a lot of faith in him, and I know he is going to heal from this and from many more things,” he added.

Amaya cried as she held her son.

“These tears are from emotion, from seeing him again, from touching him again, from telling him how much I love him,” she said.

DHS said Avilés had been arrested and charged multiple times for different crimes, which ranged from minor to serious, and was deported in 2011. DHS did not respond to questions about where or when the alleged charges took place, and the outcomes of those cases are unclear.

Interviewed before reuniting with his son, Avilés said Friday he was “a humble worker” who worked as a taxi driver and truck driver in Durango

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Por Hanna Park, CNN

Cuando Sae Joon Park pide panqueques y pasa junto a soldados uniformados, escuchando un idioma que no hablaba regularmente desde que abandonó voluntariamente EE.UU. el verano pasado, siente —por unas horas— que está en casa.

Pero en realidad está a miles de kilómetros, detrás de las puertas vigiladas de Camp Humphreys, una guarnición del Ejército de EE.UU. al sur de Seúl, capital de Corea del Sur, con un extenso campus de restaurantes de cadena, bloques de vivienda y campos de entrenamiento.

“Cuando estoy en la base, de verdad siento que estoy en Estados Unidos”, dice el veterano del Ejército de 56 años, que regresó a su país de nacimiento en junio pasado, un lugar donde no vivía desde que era niño.

Park, quien recibió un Corazón Púrpura, está entre varios veteranos no ciudadanos de EE.UU. que se deportaron voluntariamente o fueron expulsados del país por la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, la cual, según abogados de inmigración, ha reactivado antiguas órdenes de deportación y reducido drásticamente la discrecionalidad de los fiscales. Park, exresidente permanente, abandonó voluntariamente EE.UU. el verano pasado después de que funcionarios migratorios amenazaran inesperadamente con esposarlo y arrestarlo durante una cita programada de control migratorio debido a una condena penal previa.

Su caso atrajo atención nacional en diciembre, cuando legisladores cuestionaron a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una tensa audiencia en el Congreso sobre veteranos afectados por la ofensiva migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha seguido señalando el historial penal de Park por posesión de drogas, evasión de fianza y cargos relacionados cuando se le pregunta por su caso migratorio.

Park busca múltiples vías legales con las que espera poder regresar a casa, incluida una solicitud de perdón al gobernador de Nueva York por las condenas que motivaron su orden de deportación. Pero esos procesos podrían tardar años, según su abogado, y ninguno garantiza éxito.

Mientras tanto, su caso ha alimentado el debate sobre la línea dura de la ofensiva migratoria de Trump y sobre si un grupo de personas dispuesto a dar la vida por EE.UU. debería ser expulsado del país que juró defender y proteger, independientemente de su estatus legal o condenas penales.

Con apenas 7 años, Park viajó solo desde Corea del Sur tras el divorcio de sus padres para reunirse con su madre en Miami, donde aprendió desde temprano a valerse por sí mismo.

“Miami era duro”, dijo Park a CNN. “Siempre me metía en peleas… era el único niño asiático en toda la escuela, así que sufría mucho acoso”.

En menos de un año, él y su madre se mudaron a Los Ángeles, donde Park aseguró que pasó el resto de su infancia, rodeado de familiares en Koreatown y el valle de San Fernando. Su madre trabajó en varios empleos como mesera antes de administrar pequeños negocios de ropa y discos.

Necesitando “dirección” tras graduarse de la secundaria, Park se alistó en el Ejército junto a su mejor amigo por recomendación de su tío, el mayor de los 11 hermanos de su madre y coronel de los Marines de Corea del Sur.

Después del entrenamiento básico, en octubre de 1989, fue destinado a Fort Clayton, en Panamá, donde en cuestión de meses quedó inmerso en lo que el Ejército describió entonces como “la operación de combate más grande y compleja” desde la guerra de Vietnam, cuando EE.UU. lanzó la “Operación Causa Justa” para derrocar al líder panameño Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

“Llegué justo a tiempo para el entrenamiento y para ir a la guerra”, dijo a CNN.

En cuestión de días, Park participó en una misión que cambiaría su vida y le valdría una de las condecoraciones más prestigiosas del Ejército de EE.UU., cuando su pelotón allanó la casa de una mujer brasil

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Hay al menos una docena de equipos de television abarrotando la acera. Todas las cámaras apuntan sus objetivos hacia un mismo punto: la entrada del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Incluso alguno vecinos del distrito de Carabanchel se acercan a observar la escena, teléfono celular en mano, y así capturar lo que parece un momento único.

Lo que buscan con tanto anhelo es grabar una operación altamente publicitada en los medios de comunicación en las últimas horas: la llegada a este centro hospitalario de los 14 españoles que iban a bordo del crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus, antes de que inicien su período de cuarentena.

Un arribo que se produce a las 4.30 p.m. (hora local) con una destacada presencia policial que vigila los aledaños del hospital. Los 13 pasajeros y un miembro de la tripulación de nacionalidad española llegan en dos autobuses blancos, fuertemente custodiados y aislados del espacio exterior. De fondo, algunos de los vecinos los reciben con un tímido aplauso, a forma de bienvenida.

Y es que la intención de las autoridades es esa, minimizar toda posibilidad de contacto con la población local en un operativo que reduce los riesgos al mínimo, según destacan desde el Ministerio de Sanidad.

Tal es el recelo puesto en esta operación que, aunque todos ellos llegan sin síntomas, deberán permanecer un mínimo de siete días aislados y de forma obligatoria en el Gómez Ulla. Pero esta cuarentena podría extenderse todavía más tiempo. Esto es si la justicia recibe otra petición de las autoridades para alargar la obligatoriedad del aislamiento.

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