Por CNN en Español
En medio del escrutinio especial de actas con irregularidades de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras quedó atrapado en una serie de acusaciones entre sus tres miembros.
El organismo ahora se debate entre emitir una declaratoria presidencial que avale al ganador de los comicios del 30 de noviembre o seguir con el proceso hasta contar todas las actas con inconsistencias. Mientras tanto la tensión crece en las calles hondureñas y entre el oficialismo y la oposición.
Las acusaciones se aceleraron el martes, cuando Telma Martínez, secretaria general del CNE, propuso emitir la declaratoria de las elecciones presidenciales con los datos que se tienen hasta ahora. De acuerdo con los resultados del 99,93 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el conteo electoral con el 40,27 %, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %. La diferencia entre ambos se reduce a poco más de 27.000 votos.
Entre otros motivos, Martínez dijo que su propuesta de emitir la declaratoria se debe a “negativas” de algunos miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) para “integrar las mesas de trabajo”, así como la “lentitud con la que trabajan” esas personas.
Asimismo, la secretaria general del CNE acusó que hay una situación de inseguridad que “impera en el CLE (Centro Logístico Electoral)” del organismo mientras se realiza el escrutinio. El sábado, el escrutinio especial —que empezó el pasado 18 de diciembre después de cinco días de retraso— se paralizó por doce horas luego de que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunciara “graves retrasos” en el proceso y “un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos”. También el sábado, Asfura acusó a miembros de las JEVR (sin mencionar nombres) de paralizar “ilegalmente” las actividades en el CLE y de agredir a mujeres en el recinto ante la “pasividad cómplice de fiscales”.
De los tres miembros que integran el pleno del CNE, dos aprobaron la propuesta de Martínez: Hall y la consejera vocal, Cossette López. Por su parte, Marlon David Ochoa, consejero secretario, se opuso y aseguró que “aquí se consumará un golpe de Estado electoral” porque, adujo, se busca declarar a un ganador sin que termine el escrutinio especial, al que le faltan por revisar 335 de las casi 2800 actas con inconsistencias.
“No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático”, aseguró Ochoa.
El consejero secretario del CNE indicó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar de “manera urgente la investigación integral y el aseguramiento de las evidencias de lo que evidentemente es resultado de asociación ilícita en perjuicio del pueblo hondureño”.
La fecha límite para conocer la declaratoria de resultados por parte del CNE es el 30 de diciembre. Hall, por su lado, dijo que no tener los resultados antes de esta fecha “implicaría nefastas consecuencias para Honduras”.
“¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder? Abramos los ojos: continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras”, dijo la consejera presidenta del CNE.
Ante la creciente incertidumbre, el presidente del Parlamento de Honduras, Luis Redo