Análisis de Ronald Brownstein, CNN
El año pasado, los jueces de la Corte Suprema nombrados por los republicanos le dieron inmunidad al presidente Donald Trump contra un procesamiento penal por sus acciones oficiales. Pero la decisión no extendió la misma protección a las personas que trabajan para él en el Gobierno.
Esa distinción ahora está impulsando a más críticos de Trump a considerar la posibilidad de que otros altos funcionarios de su administración puedan algún día enfrentar responsabilidades legales, incluidos posibles cargos penales, por algunas de sus acciones más cuestionables.
Tanto los líderes demócratas como defensores de la democracia en términos generales están señalando acciones que un gobierno futuro podría examinar por posibles violaciones penales, como los ataques militares a embarcaciones en el Caribe y las redadas de control inmigratorio en Chicago.
Aunque la Corte Suprema ha protegido a Trump, otros que participaron en sus decisiones “no tienen inmunidad”, señaló enfáticamente en los últimos meses el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. “Y la realidad es que el plazo de prescripción es de cinco años, y habrá rendición de cuentas con la próxima administración, si no antes.”
Pero incluso hablar sobre la posibilidad de que los colaboradores y asesores de Trump rindan cuentas en el futuro es profundamente controversial entre sus críticos.
Algunos temen que esto pueda ser contraproducente en las elecciones intermedias de 2026, tanto por distraer del mensaje clave de la asequibilidad, como por ayudar a Trump a energizar a su base, tal como lo hizo con sus propias acusaciones antes de la campaña de 2024. Otros sostienen que plantear la posibilidad de una eventual responsabilidad penal representa la mejor esperanza de controlar el comportamiento de los funcionarios de Trump ahora.
Trump, por supuesto, podría dejar este debate sin efecto al otorgar indultos generales a personas de su administración antes de dejar el cargo, presumiblemente en enero de 2029. Pero Ezra Levin, cofundador del grupo activista progresista Indivisible, afirmó que incluso si dicha acción impidiera enjuiciamientos reales, presionar a Trump para que dé ese paso cristalizaría debates valiosos. “Haz que lo haga y luego permite que el público decida si debe apoyar a un régimen que protege a sus soldados de base de rendir cuentas por actos inconstitucionales e ilegales”, dijo Levin. Además, agregó, “si te niegas a enfrentarte a Trump por miedo a que use esa carta, ya has perdido”.
Desde las primeras horas de su segundo mandato, Trump ha puesto a prueba los límites de su autoridad legal en prácticamente todos los frentes. Una de las consecuencias han sido decenas de decisiones judiciales federales que concluyen que las acciones del Gobierno han violado estatutos específicos o derechos constitucionales fundamentales.
Norm Eisen, cofundador del Democracy Defenders Fund y exasesor de ética de la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama, dijo que esas crecientes decisiones judiciales que reprenden a la administración —muchas de ellas de jueces designados por los republicanos— muestran que el país está viviendo una “epidemia de ilegalidad” sin precedentes.
“Nunca ha habido nada igual”, dijo Eisen. “La pregunta que habrá que responder es: ¿con cuánta frecuencia en ese amplio campo de irregularidades se ha cruzado la línea de la criminalidad y quiénes lo han hecho?”.
Como sugiere Eisen, la discusión sobre si los funcionarios del Gobierno han violado potencialmente leyes penales apenas está comenzando. Los críticos han centrado la atención preliminar en va