Por Ione Molinares, CNN en Español
Más de US$ 10.000 y un año y medio de trámites de inmigración y abogados entre otros, Lucía se siente decepcionada
Lucía, el nombre ficticio que quiere usar por temor a comprometer sus procesos inmigratorios, es beneficiaria de DACA y solicitó un permiso de salida (Advanced Parole) en enero de 2025 para visitar a su abuela enferma en México. Con el fin de asegurar la aprobación, pagó más para obtener una decisión expedita que puede llegar en cuestión de días. Pero pasó enero, febrero, marzo y abril sin saber siquiera si su solicitud había sido recibida.
Cada vez se escuchan más casos de peticiones que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) recibe, pero no procesa, y ofrece poca o nula información sobre su estatus.
Un estudio del Instituto CATO, un centro de tendencia conservadora libertaria, denuncia que tanto el USCIS como el Departamento de Estado están cometiendo “un fraude masivo contra inmigrantes legales y sus patrocinadores”. La página del organismo indica que las tarifas de algunos procesos, como los servicios biométricos, no son reembolsables.
El estudio dice que los problemas se desprenden de tres medidas del gobierno de Donald Trump en medio de su política de mano dura en inmigración: la prohibición de entrada y de emisión de casi todas las visas a ciudadanos de 40 países; la prohibición de solicitar beneficios a inmigrantes con estatus legal que provienen de esos países y que ya están en EE.UU. ; y el congelamiento de visas de inmigración a ciudadanos de más de 75 países.
“Yo sí sabía que USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración) la había recibido, porque cobraron los pagos que hice, porque lo vi en mi cuenta de banco”, dice Lucía, quien asegura que en todos los años que viene haciendo trámites de inmigración, nunca le había pasado que no le notificaran recibo, ni el estatus de su solicitud.
Tampoco era la primera vez que solicitaba una salida desde que obtuvo DACA, el beneficio creado en 2012 para algunos inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE.UU., pero afirma que siempre recibió respuesta a su petición.
En mayo su abuela murió. Lucía se quedó sin visitarla porque USCIS no aprobó el permiso sino hasta julio. Cuenta que tuvo que mandar a su hija en su lugar y correr con más gastos. “Fueron como US$ 4.000, contando los gastos más allá de las tarifas de inmigración, abogados, y la conferencia, para nada, porque me quedé con el dolor de no despedirme de mi abuelita”.
Luego, en octubre del año pasado, la hija de Lucía, quien acababa de cumplir 21 años comenzó un proceso para que su madre obtuviera la residencia permanente, algo previsto en las leyes de inmigración. Seis meses después, sigue esperando que le confirmen la recepción de los documentos. “Pero sí me cobraron todo: los formularios, examen médico, huellas y todo lo que piden”, dice Lucía. “Pero aún no sé en qué va el proceso”. En total, asegura que le ha costado ya más de US$ 7.000, incluidos los honorarios legales.
CATO dice que unos dos millones de solicitudes afectadas por las medidas de la administración Trump (y que, según el estudio, en otro momento se habrían aprobado) representan más de US$ 1.000 millones en pagos de tarifas que recibe el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Pero el estudio solo cuenta cobros por solicitudes de permisos de trabajo y por trámites para ajustar el estatus a la residencia permanente o cambiar a visas de inmigrante, que son esencialmente las dos maneras con las que se pueden obtener tarjetas de residencia permanente en Estados Unidos.
David Bier, el autor del estudio, aclara que esos números son solo una muestra de los casos que llegan a USCIS y al Departamento de Estado, debido a lo que considera una falta de transparencia de la agencia.
“Para mí es una gran estafa del Gobierno”, dice Lucía, que además sufrió meses en el limbo el año pasado porque