Por Djenane Villanueva, CNN en Español
El acuerdo migratorio suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos, que habilita el envío semanal de hasta 25 personas al país, irrumpe en la agenda nacional con críticas desde el Congreso y defensas desde el Poder Ejecutivo.
Según informó la Presidencia de la República, el memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios es de carácter no vinculante y establece que Estados Unidos podrá proponer el traslado de personas extranjeras en condición migratoria irregular, mientras que Costa Rica mantiene la decisión final sobre su aceptación caso por caso.
El anuncio se dio tras la visita de Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.
El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien dejará el cargo en mayo para que asuma la presidenta electa Laura Fernández, informó en un comunicado que la cifra de hasta 25 personas semanales podría ajustarse según las condiciones que determine Costa Rica. Las personas trasladadas recibirán una condición migratoria temporal, mientras se define su situación y eventual retorno a sus países de origen.
Según lo señalado por Casa Presidencial, el mecanismo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo protección para quienes enfrenten riesgos de persecución.
Asimismo, indicó que Estados Unidos cubrirá los costos asociados, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia en alojamiento y alimentación, “sin que represente un gasto directo para Costa Rica”, según el comunicado oficial.
Las autoridades subrayan también que el acuerdo “no genera obligaciones legales” para el país y que se mantendrá la “plena soberanía en la toma de decisiones”.
Al respecto un vocero de la OIM dijo a CNN que la organización “no participa en deportaciones desde Estados Unidos hacia Costa Rica”.
“Nuestro posible papel, cuando y si es solicitado por los gobiernos, se limita exclusivamente a brindar asistencia humanitaria a las personas una vez que han llegado al país de destino. Nuestra prioridad en todos los contextos es garantizar la seguridad, la dignidad y el bienestar”, agregó.
Las primeras reacciones desde la oposición apuntan a la falta de claridad en la implementación del acuerdo.
La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, afirmó que “se requiere más transparencia y mecanismos de fiscalización”. Añadió que “no se especifica cómo se atenderán los migrantes de forma integral” y advirtió que “no se trata de ser depósito de seres humanos ni eslabón dentro de una dinámica migratoria que no es de Costa Rica”.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio dijo a CNN que “no se garantizan los derechos de la persona migrante” y cuestionó la legalidad del proceso. “Nos pone a cuidar procedimientos cuya legalidad no está clara”, enfatizó la legisladora.
También advirtió que el país podría verse involucrado en una política ajena y expresó preocupación por el uso de recursos nacionales y la falta de sustento legal.
La jefa de fracción Pilar Cisneros defendió el acuerdo como una medida de cooperación internacional, una solicitud de colaboración de Estados Unidos, “en vista de la gran colaboración que ese país nos da”, puntualizó.
La legisladora aseguró a CNN que se trata de una respuesta a la saturación del sistema migratorio estadounidense. “Costa Rica está atendiendo una solicitud de ayuda de los Estados Unidos (…) lo que quieren es devolver a esas personas a sus países de origen lo antes posible”, dijo la diputada.
Explicó también que las personas trasladadas no vienen en calidad de refugiados, ni se trata de delincuentes y aseguró que no estarán detenidas y podrían alojarse en hotel