Por Anabella González y Gonzalo Alvarado, CNN en Español
Esmeralda Mejía pasó más de 200 días sumida en una angustia silenciosa. No quería que sus hijos la vieran triste por la detención de su esposo, Juan Carlos, llevado por las autoridades de inmigración en Burbank, California. Durante el día intentaba mostrarse fuerte, pero por la noche ya no podía sostener esa voluntad.
“En el día yo era fuerte por mis hijos, porque no quería que vieran ese dolor. Pero en la noche era el sufrimiento para mí de saber que mi esposo no llegaba, de no estar ahí”, dice a CNN.
Esmeralda y Juan Carlos Mejía son padres de cinco hijos, que tienen entre nueve y 19 años, todos ellos nacidos en Estados Unidos. De ascendencia guatemalteca, Juan Carlos llegó al país hace 23 años como indocumentado.
Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Mejía el pasado 19 de junio en las inmediaciones de un local de Home Depot ubicado al noreste de Los Ángeles. En esta cadena de la industria de la construcción, un sitio habitual donde se reúnen inmigrantes jornaleros en busca de empleo, ICE enfocó muchos de sus esfuerzos en los últimos meses para detener y deportar inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó en enero que durante el primer año del Gobierno de Donald Trump cerca de 3 millones de inmigrantes salieron del país. De esa cifra, alrededor de 2,2 millones de personas se autodeportaron y 675.000 fueron deportados.
Juan Carlos Mejía es el sustento económico de su hogar. Con su detención, sus hijos y su esposa, que es ama de casa, se quedaron sin su única fuente de ingreso.
“Yo dije, aquí se acabó todo, mi familia, todo perdido, y pues solo me puse a llorar y a llorar. Y nada más”, dice Juan Carlos.
Mientras tanto, Esmeralda Mejía pasaba sus días intentando sobrellevar su nueva realidad, pero seguir adelante parecía una tarea casi imposible para ella, dice. “Era muy difícil, pero pidiéndole a Dios todas las noches que me diera fuerza para poder estar en pie”.
Entonces, la comunidad tomó protagonismo.
“Hubo unos clientes de mi esposo, que prácticamente son su familia, ellos abrieron una página en Internet para pedir ayuda a la comunidad”, cuenta Esmeralda.
Gracias a esa recaudación voluntaria de fondos, tanto la iglesia de la comunidad como otros vecinos los ayudaron económicamente para seguir adelante durante esos más de seis meses. Con esos aportes pudieron sostenerse “prácticamente por todo el tiempo que mi esposo estuvo detenido”, afirma la mujer.
Mayra Todd, directora de la organización Mujeres de Hoy, se enteró del caso y conectó a la familia con un abogado para que pudieran recibir ayuda legal.
Dos semanas después de su detención en Los Ángeles el 19 de junio, las autoridades trasladaron a Mejía a El Paso, Texas, donde estuvo privado de su libertad hasta 6 de enero.
“Es algo terrible que yo no se lo deseo a nadie”, dice el padre de familia.
Su abogado, Jeremy Anderson, presentó una petición de libertad bajo fianza y Mejía fue excarcelado por orden de un juez de inmigración.
En su casa lo esperaban entusiasmados sus hijos y su esposa. En la cocina habían pegado carteles coloridos y fotografías de todos juntos para recibirlo con alegría. “Gracias Dios por regresarlo con nosotros”, dice una de las pancartas escritas con una letra infantil.
Por estos días Mejía tiene una tobillera electrónica en su pie izquierdo que monitorea su paradero en todo momento.
El defensor Anderson aseguró a CNN que su cliente no tiene antecedentes penales, algo que también CNN pudo corroborar de forma independiente.
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