The post Downtown Santa Barbara to Celebrate Grand Opening of REH Contemporary Studio and Gallery with Ribbon Cutting Ceremony appeared first on The Santa Barbara Independent.

Kara Scannell

Más de US$ 5 millones fueron transferidos a E. Jean Carroll, un paso significativo en una prolongada batalla legal con el presidente Donald Trump que llega tres años después de que un jurado determinara que él había abusado sexualmente de la exescritora de revista y la había difamado.

El desembolso de US$ 5.625.005,48 —la indemnización por daños más intereses— fue ordenado por el juez Lewis Kaplan después de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de Trump de escuchar el caso. Trump intentó frenar el pago argumentando que no debería realizarse hasta que la Corte Suprema decida si vuelve a considerar su petición, una maniobra de escasas probabilidades que rara vez tiene éxito. La Corte Suprema no ha respondido.

La transferencia a los abogados de Carroll fue confirmada en el registro del tribunal el martes.

Los abogados de Carroll dijeron en una presentación ante el tribunal que ella usaría el dinero para financiar su jubilación y “colocará la indemnización en una cuenta que devenga intereses hasta que se deniegue la petición del Demandado para una reconsideración”.

Los abogados de Trump continúan luchando. El viernes, los abogados de Trump pidieron a un tribunal federal de apelaciones que intervenga y suspenda, o detenga la transferencia, hasta que la Corte Suprema decida si la reconsidera.
Sus abogados solicitaron al tribunal de apelaciones que emita una orden judicial si los fondos fueron desembolsados y ordene la transferencia del dinero de vuelta a la cuenta controlada por el tribunal mientras se desarrolla la apelación.

El tribunal federal de apelaciones, que denegó una solicitud de suspensión de emergencia, no ha abordado el último intento.

Se espera que Carroll, que tiene 82 años, reciba el monto total. Sus abogados, que cobran con base en honorarios contingentes, no tomarán honorarios legales de la indemnización.

“Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas declaró al presidente Trump responsable por agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll”, dijo en un comunicado la abogada de Carroll, Roberta Kaplan. “Hoy, nos complace informar que ella ha recibido el pago por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”.

Carroll no fue la primera mujer en acusar a Trump de abuso sexual, pero llevó su demanda civil a juicio y testificó en un tribunal abierto con detalle sobre cómo Trump abusó sexualmente de ella en una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990. Trump no asistió al primer juicio, pero en público negó enérgicamente haber agredido a Carroll.

El jurado determinó que Trump era responsable por abuso sexual y difamación por declaraciones que hizo negando sus acusaciones de agresión sexual, diciendo que ella no era su tipo y sugiriendo que se lo inventó para vender ejemplares de su libro. El jurado otorgó a Carroll US$ 5 millones en daños y perjuicios.

Durante un foro público de CNN al día siguiente del veredicto, Trump llamó a Carroll una “loca” y calificó sus acusaciones como una “historia falsa”. Carroll, que ya había demandado a Trump por declaraciones similares que hizo en 2019, pidió enmendar su demanda para incluir las declaraciones adicionales.

Trump asistió al segundo juicio y se enfrentó a Carroll, quien volvió a testificar.
Él subió brevemente al estrado de los testigos.

El jurado determinó que las declaraciones de Trump en 2019 fueron difamatorias y otorgó a Carroll US$ 83 millones en daños y perjuicios. Trump dijo que presentará una petición ante la Corte Suprema para pedirle que considere sus argumentos relacionados con la inmunidad presidencial. El escrito vence a fin de mes.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

The post Read more

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, anunció este martes el inicio de una agenda de trabajo con una parte de la oposición con el objetivo de “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que la iniciativa abarca a “exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020” y comenzará el 1 de agosto. “Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”, dijo el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El comunicado de la Asamblea fue replicado por la dirigenta opositora Dinorah Figuera, quien presidió el Parlamento elegido para ese período, el último considerado legítimo por buena parte de la comunidad internacional.

“Asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”, dijo Figuera, quien retornó a Venezuela a mediados de junio para empezar a negociar una posible transición, una iniciativa respaldada por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, compartió en su cuenta de X el comunicado de la Asamblea, sin agregar comentarios.

El texto no menciona a la líder María Corina Machado, que cuenta con el apoyo de gran parte de la oposición, ni a Edmundo González, quien compitió en las elecciones presidenciales de 2024 y, según asegura la coalición opositora en base a las actas que recopiló, había obtenido la mayoría de los votos. Machado, quien continúa fuera del país y ha manifestado su intención de regresar, no se pronunció inmediatamente sobre el anuncio.

La Asamblea afirmó que la agenda de trabajo “tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política” y apuntó que será el inicio de “una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

Además, agradece al Gobierno de Estados Unidos por su respuesta tras los terremotos del 24 de junio y por “su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las institucionalidad democrática de Venezuela”.

En la última década, el chavismo entabló varias instancias de diálogo que, si bien algunas llegaron a acuerdos, nunca tuvieron una implementación concreta de reformas y terminaron dando tiempo a las autoridades venezolanas hasta las siguientes elecciones. El tutelaje de EE.UU. sobre Caracas tras la captura del presidente Nicolás Maduro podría marcar un condicionamiento diferente al avance de estas negociaciones.

La exdiputada Figuera ha reconocido que existen diferencias con Machado. “Tuve una conversación y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional”, dijo en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta en junio.

En esa conversación, Figuera rechazó la idea de que sea una “alacrán”, como se llama en Venezuela a políticos que se presentan como opositores pero colaboran con el chavismo. “A mí no me van a tildar de alacrán, de que soy una traidora. Soy una mujer consecuente con mi causa”, declaró.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

The post Read more

CNN

By Priscilla Alvarez, Holmes Lybrand, Eric Levenson, CNN

(CNN) — After federal immigration agents fatally shot two US citizens this January, the then-secretary of the Department of Homeland Security pledged to “rapidly” deploy body cameras to officers nationally.

“As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide,” Kristi Noem wrote on social media on February 2. “We will rapidly acquire and deploy body cameras to DHS law enforcement across the country.”

But over five months later, the distribution of those body-worn cameras is still ongoing – and notably hadn’t reached the officers involved in fatal shootings in Houston and in Maine this past week. Neither victim was the intended target of the immigrant enforcement operations, officials have said.

The lack of body cameras for these Immigration and Customs Enforcement agents raises questions as to the pace and status of that national effort. In the meantime, the lack of first-hand video from federal officers – combined with DHS’ recent history of false statements – has deepened skepticism of the government’s narrative in these fatal shootings.

“They’ve got tons of money. Why they don’t have body cams I think is a very fair question,” Sen. Angus King of Maine told CNN on Monday night. “That would resolve this kind of factual issue that we’re going to be trying to resolve over the next several weeks here in Maine.”

The shootings this week underscore the years-long push for body cameras, both from the public and the officers themselves. Spurred by the 2014 police shooting and ensuing unrest in Ferguson, Missouri, police forces across the country have adopted and mandated the use of body cameras, a move law enforcement experts say helps ensure safe and accountable policing.

“Law enforcement officers across the country tell me body cameras actually do them a service when it comes to controversial cases,” CNN senior correspondent and former FBI agent Josh Campbell said.

Federal agencies, however, have been slow to adopt such devices, and the Trump administration has reversed itself on whether they are needed.

Agents were not wearing cameras

The use of body cameras has largely garnered bipartisan agreement, particularly amid aggressive confrontations between federal agents and members of the public over the last year.

After the deaths of Renee Good and Alex Pretti in Minneapolis this year, Noem pledged to expand the body camera program and deploy the equipment to officers nationwide. The fiscal year 2026 funding for DHS allocates $20 million for the “procurement, deployment and operations” of b

By Priscilla Alvarez, Holmes Lybrand, Eric Levenson, CNN

(CNN) — After federal immigration agents fatally shot two US citizens this January, the then-secretary of the Department of Homeland Security pledged to “rapidly” deploy body cameras to officers nationally.

“As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide,” Kristi Noem wrote on social media on February 2. “We will rapidly acquire and deploy body cameras to DHS law enforcement across the country.”

But over five months later, the distribution of those body-worn cameras is still ongoing – and notably hadn’t reached the officers involved in fatal shootings in Houston and in Maine this past week. Neither victim was the intended target of the immigrant enforcement operations, officials have said.

The lack of body cameras for these Immigration and Customs Enforcement agents raises questions as to the pace and status of that national effort. In the meantime, the lack of first-hand video from federal officers – combined with DHS’ recent history of false statements – has deepened skepticism of the government’s narrative in these fatal shootings.

“They’ve got tons of money. Why they don’t have body cams I think is a very fair question,” Sen. Angus King of Maine told CNN on Monday night. “That would resolve this kind of factual issue that we’re going to be trying to resolve over the next several weeks here in Maine.”

The shootings this week underscore the years-long push for body cameras, both from the public and the officers themselves. Spurred by the 2014 police shooting and ensuing unrest in Ferguson, Missouri, police forces across the country have adopted and mandated the use of body cameras, a move law enforcement experts say helps ensure safe and accountable policing.

“Law enforcement officers across the country tell me body cameras actually do them a service when it comes to controversial cases,” CNN senior correspondent and former FBI agent Josh Campbell said.

Federal agencies, however, have been slow to adopt such devices, and the Trump administration has reversed itself on whether they are needed.

Agents were not wearing cameras

The use of body cameras has largely garnered bipartisan agreement, particularly amid aggressive confrontations between federal agents and members of the public over the last year.

After the deaths of Renee Good and Alex Pretti in Minneapolis this year, Noem pledged to expand the body camera program and deploy the equipment to officers nationwide. The fiscal year 2026 funding for DHS allocates $20 million for the “procurement, deployment and operations” of body cameras for agents and officers.

Noem was fired in March and replaced later that month by former Sen. Markwayne Mullin of Oklahoma. Despite the change in leadership, Homeland Security officials have repeatedly told lawmakers that body cameras would be distributed across the coun