Por Caleb Hellerman, CNN

La vida de Vita Sara Blechner cambió un sábado por la tarde. La bibliotecaria de una escuela secundaria estaba en su casa en Oceanside, Nueva York, cuando sintió un fuerte dolor en la espalda. Después de que una pastilla para el reflujo ácido no lograra aliviar la sensación de ardor, su esposo le sugirió ir a urgencias.

Era el 7 de marzo de 2020, pocos días antes de que la covid-19 convirtiera los hospitales de la ciudad de Nueva York en algo parecido a una zona de guerra. Si los médicos sabían lo que se avecinaba, no lo demostraron. Se mostraron tranquilos y serenos mientras le realizaban a Blechner, que entonces tenía 67 años, una ecografía y una tomografía computarizada. Pero las imágenes le cambiaron la vida por completo.

“Me dijeron que tenía un tumor en el páncreas. Y yo dije: ‘No, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. No bebo. No fumo. Llevo una vida sana’”.

Tras dos días de angustia en el hospital, Blechner regresó a casa y sopesó sus opciones. No había muchas. El cáncer de páncreas es tristemente célebre por su implacabilidad: solo 1 de cada 4 pacientes sobrevive un año después del diagnóstico. Solo 1 de cada 10 llega a los dos años.

Blechner sintió un nudo en el estómago al pensar en las cifras mientras ella, su esposo y sus tres hijos adultos hacían llamadas y buscaban información en internet, decidiendo su próximo paso. Se decantaron por un camino que la llevaría al vertiginoso y a menudo incomprendido campo de la investigación oncológica.

El ARN mensajero, o ARNm, es una molécula monocatenaria que transporta la información genética del ADN para dirigir la formación de proteínas. La mayoría de la gente lo conoce por las clases de ciencias en la escuela secundaria o por su uso en las vacunas contra la covid-19. Pero mucho antes de que se supiera de la covid-19, el ARNm ya generaba gran entusiasmo en la comunidad de investigación oncológica. BioNTech, la empresa alemana que diseñó la vacuna contra la covid-19 para Pfizer, adaptó dicha vacuna a partir de una plataforma que llevaba casi una década utilizando para desarrollar tratamientos contra el cáncer.

Las vacunas contra la covid-19 basadas en ARNm, producidas por Pfizer y Moderna, ayudaron a mitigar el impacto de la pandemia, pero también provocaron una fuerte reacción política que, en el último año, ha amenazado con retrasar o incluso paralizar decenas de posibles tratamientos contra el cáncer. Ahora, tras doce meses turbulentos, hay indicios de que el desarrollo de las vacunas de ARNm sigue en marcha.

“Es emocionante”, afirmó Elizabeth Jaffee, subdirectora del Centro Oncológico Integral Sidney Kimmel de la Universidad Johns Hopkins. “Se han obtenido varios éxitos en ensayos clínicos iniciales con resultados positivos”.

La Dra. Catherine Wu, profesora de medicina en el Instituto Oncológico Dana-Farber y la Facultad de Medicina de Harvard, señala que la reciente racha de resultados positivos en la práctica clínica impulsó el reciente anuncio del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de que contribuiría a recaudar US$ 200 millones específicamente para nuevas vacunas contra el cáncer.

“Estamos recibiendo un gran apoyo del NCI para el desarrollo y la promoción de vacunas contra el cáncer, y las vacunas de ARNm constituyen una parte fundamental de esta cartera”, añadió.

Para guiar su tratamiento, Blechner recurrió a los médicos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, incluido el Dr. Vinod Balachandran, director del Centro Olayan para Vacunas contra el Cáncer del MSK.

Es más difícil crear una vacuna contra el cáncer que contra un virus o una bacteria, afirma Balachandran. “Esto se debe a que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo está programado para reconocer los virus y patógenos como extraños, por lo que una vacuna enseña a nuestro cuerpo a hacer algo que ya está predispuesto a hacer. En cambio, el cáncer es parte d

Por Brian Stelter, CNN

El director del FBI, Kash Patel, demandó a la revista The Atlantic y a la periodista Sarah Fitzpatrick por un artículo que alegaba que Patel “ha alarmado a colegas con episodios de consumo excesivo de alcohol y ausencias inexplicables”.

La demanda por difamación, presentada la mañana de este lunes ante un tribunal federal de distrito en Washington, exige recibir US$ 250 millones por daños.

The Atlantic calificó la demanda como “infundada”.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre Kash Patel y defenderemos enérgicamente a The Atlantic y a nuestros periodistas frente a esta demanda sin fundamento”, dijo un portavoz a CNN.

Patel amenazó con demandar a The Atlantic antes y después de la publicación del artículo el pasado viernes. Según la revista, Patel dijo: “Nos veremos en los tribunales, traiga su chequera”.

Fitzpatrick dijo en una entrevista en MS NOW el viernes por la noche: “Respaldamos cada palabra de este reportaje. Contamos con excelentes abogados”.

La demanda afirma que las declaraciones en el artículo de Fitzpatrick “aseguran falsamente” que Patel “es un alcohólico habitual, incapaz de desempeñar las funciones de su cargo, una amenaza para la seguridad pública, vulnerable a coerción extranjera, que ha violado normas éticas del Departamento de Justicia, que no está disponible en emergencias, que ha requerido el uso de equipo de irrupción para sacarlo de habitaciones cerradas, que permite que el alcohol influya en sus declaraciones públicas sobre investigaciones penales y que se comporta de manera errática comprometiendo la seguridad nacional”.

La demanda sostiene que The Atlantic “publicó estas afirmaciones con real malicia”.

La “real malicia” es el alto estándar legal que las figuras públicas deben demostrar para ganar un caso de difamación. Significa que el autor sabía que una afirmación era falsa o actuó con “desprecio temerario sobre si era falsa o no”.

Los casos de difamación suelen fracasar porque los demandantes no logran probar esa “real malicia”. En este caso, los abogados de Patel dicen que The Atlantic ignoró las negaciones previas a la publicación, “no realizó siquiera los pasos más básicos de investigación” que “habrían refutado fácilmente sus afirmaciones” y mostró una “clara animadversión editorial” contra Patel.

Fitzpatrick escribió que entrevistó a “más de dos docenas de personas” sobre la conducta de Patel, “incluidos funcionarios actuales y anteriores del FBI, personal de agencias de seguridad e inteligencia, trabajadores del sector hotelero, miembros del Congreso, operadores políticos, cabilderos y exasesores”.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato “para discutir información sensible y conversaciones privadas”, y “describieron la gestión de Patel como un fracaso administrativo y su comportamiento personal como una vulnerabilidad para la seguridad nacional”.

CNN no ha corroborado de forma independiente los relatos incluidos en el artículo de The Atlantic.

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Por John Fritze, CNN

Este lunes, la Corte Suprema acordó revisar una ley de Colorado que exige que las guarderías que reciben dinero público matriculen a hijos de parejas del mismo sexo, lo que prepara un importante enfrentamiento en el Tribunal Supremo en torno a la Primera Enmienda, donde se contraponen los derechos religiosos a las familias LGBTQ.

Al mismo tiempo, el tribunal se negó a escuchar otro caso de gran repercusión que involucraba a una pareja de Massachusetts que afirmó que su escuela había comenzado a tratar a su hijo de secundaria como de género no binario en contra de su voluntad.

Tras años de permitir que las escuelas religiosas recibieran financiación estatal en algunos contextos, al igual que las escuelas laicas, el tribunal conservador, con una mayoría de 6 a 3, deberá decidir ahora qué hacer cuando los directivos escolares aleguen que las leyes antidiscriminación destinadas a proteger a las personas homosexuales y transgénero entran en conflicto con sus creencias religiosas. Es probable que la apelación de las parroquias católicas se examine en otoño y que la decisión se dicte el próximo año.

En 2020, Colorado aprobó una disposición electoral que proporciona financiación estatal para un programa preescolar universal, que permite la participación tanto de escuelas públicas como privadas. El programa estatal incluye una cláusula de no discriminación que exige que cada escuela que reciba fondos públicos brinde a los niños elegibles igualdad de oportunidades de inscripción, independientemente de su raza, religión, orientación sexual, identidad de género u otros factores.

Dos parroquias católicas de Colorado y una familia cuyos hijos han asistido a una escuela católica en una de esas parroquias presentaron una demanda alegando que la cláusula de no discriminación violaba la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda, que protege la capacidad de los estadounidenses para practicar sus creencias religiosas sin interferencia del Gobierno. La familia y las parroquias están representadas por el bufete de abogados Becket, especializado en defensa de los intereses religiosos.

“En el caso Obergefell, este tribunal prometió que los grupos religiosos estarían protegidos cuando disintieran de las ortodoxias seculares sobre el matrimonio y la sexualidad”, declararon las parroquias católicas ante el Tribunal Supremo, en referencia a la decisión de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges, que legalizó de facto el matrimonio entre personas del mismo sexo. “La cláusula de libre ejercicio de la religión simplemente no puede cumplir esa importante función —que este tribunal ha descrito como ‘fundamental para nuestra sociedad pluralista’— si puede eludirse con tanta facilidad”.

En términos generales, el caso parece ideal para un tribunal conservador con una mayoría de 6 a 3, que en los últimos años se ha puesto repetidamente del lado de los intereses religiosos. En una serie de fallos, el tribunal ha dejado claro que cuando el Gobierno abre los programas de financiación educativa a escuelas públicas y privadas, no puede impedir que las escuelas religiosas participen en dichos programas simplemente por ser religiosas.

A principios de este año, la administración de Trump presentó un escrito no solicitado ante la Corte Suprema en apoyo a las diócesis. El Departamento de Justicia afirmó que respaldar la ley podría “obstaculizar el ejercicio religioso en gran parte del país”.

Pero los grupos religiosos solicitaban una decisión que también podría tener repercusiones de gran alcance en el poder de los intereses religiosos para impugnar otras leyes más allá de la educación. Para empezar, pidieron a la Corte Suprema que revocara un precedente de 36 años de antigüedad que ha sido criticado tanto por demócratas como por republicanos, pero que incluso la corte conservadora se ha negado hasta ahora a anular.

Ese precedente permite a los tribu

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