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Reino Unido se ve obligado a suspender su plan de entregar las islas Chagos tras las críticas de Trump

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Por Issy Ronald, CNN

El Reino Unido se ha visto obligado a suspender su plan de entregar las islas Chagos, donde se ubica la base aérea estadounidense de Diego García, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara reiteradamente el acuerdo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su gobierno no han descartado por completo el plan de entregar las Islas a Mauricio. Un portavoz declaró a CNN: “Seguimos creyendo que el acuerdo es la mejor manera de proteger el futuro a largo plazo de la base”.

Sin embargo, se entiende que no queda tiempo suficiente en la actual sesión parlamentaria para incorporar el acuerdo a la legislación británica.

El gobierno británico ha afirmado repetidamente que el acuerdo no podía seguir adelante sin el apoyo de Estados Unidos y se entiende que aún no se ha producido un intercambio de notas con Washington, un procedimiento habitual previo a la entrada en vigor de cualquier tratado.

Según el periódico británico The Times, el proyecto de ley tampoco se incluirá en el Discurso del Rey del próximo mes, que expone la agenda legislativa del gobierno británico para el próximo año. El Ministerio de Asuntos Exteriores no quiso hacer comentarios sobre ese informe.

Un portavoz del gobierno británico declaró a CNN que “Diego García es un activo militar estratégico clave tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos”.

“Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es y seguirá siendo nuestra prioridad; es la razón principal del acuerdo”, añadieron. “Seguimos dialogando con Estados Unidos y Mauricio”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Cuando se anunció por primera vez el acuerdo para ceder las islas Chagos a Mauricio, que reclama soberanía sobre el territorio del Oocéano Índico, Estados Unidos lo apoyó plenamente.

Según el acuerdo propuesto, el Reino Unido y Estados Unidos seguirían teniendo acceso a la base en Diego García —la mayor de las islas Chagos—, ya ​​que el Reino Unido pagaría a Mauricio 101 millones de libras esterlinas (US$ 136 millones) al año por un contrato de arrendamiento de 99 años.

Pero Trump posteriormente se retractó de ese apoyo y atacó el acuerdo como un “acto de gran estupidez” en enero, en medio de un deterioro general de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa debido a sus planes sobre Groenlandia. En febrero, reafirmó su postura y escribió: “¡NO ENTREGUEN DIEGO GARCÍA!” en una publicación en Truth Social en la que añadió que la base podría usarse en cualquier operación contra Irán.

Starmer finalmente bloqueó la solicitud de Trump de permitir que las fuerzas estadounidenses usaran bases aéreas británicas, incluyendo la de Diego García, para operaciones ofensivas contra Irán, según informaron varios medios británicos en febrero.

El control británico sobre las islas es una reliquia de su pasado colonial. En 1965, un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido separó las islas Chagos de Mauricio y, aunque Mauricio obtuvo la independencia tres años después, las islas Chagos permanecieron bajo control británico. Con el tiempo, muchos chagossianos fueron reubicados de la isla para crear espacio para una base militar, y la mayoría se reasentó en Mauricio, a más de 1.600 kilómetros de distancia.

La base estadounidense en Diego García, construida en 1971, se ha convertido en uno de los activos más importantes de Washington en el extranjero, desde donde contribuyeron al lanzamiento de dos invasiones de Iraq y sirviendo como punto de aterrizaje vital para bombarderos que realizan misiones en Asia.

Sin embargo, Mauricio ha reclamado la soberanía sobre las islas durante décadas y, en 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Reino Unido debía devolver las islas a Mauricio “lo antes posible”.

Aunque el fal

Keiko Fujimori, la candidata que por cuarta vez compite por la presidencia y promete “orden” en Perú

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Por Mauricio Torres, CNN en Español

Durante los últimos 15 años, el nombre de Keiko Fujimori ha sido una constante en las elecciones presidenciales en Perú. En ese período, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y dirigente del partido Fuerza Popular compitió tres veces por la presidencia y en las tres ocasiones llegó a segunda vuelta. Ahora se encuentra en su cuarta contienda por el Palacio de Gobierno.

En estos comicios, Fujimori comparte la boleta con otros 34 candidatos que pelearán por el voto este domingo. Según las encuestas más recientes, este escenario político tan fragmentado apunta a que indudablemente habrá una segunda vuelta el 7 de junio. De nueva cuenta, Fujimori busca estar entre los punteros que avancen al balotaje para intentar ganar el cargo que su padre ocupó entre 1990 y el 2000.

Keiko Fujimori tiene 50 años. Nació en Lima el 25 de mayo de 1975, según su hoja de vida disponible en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Es la mayor de los cuatro hijos de Alberto Fujimori, fallecido en 2024, y de Susana Higuchi, quien murió en 2021.

En un video publicado en su canal de YouTube dice que cuando era joven no pensaba en dedicarse a la política sino que quería ser empresaria, por lo que estudió Administración de Empresas y después un máster en Estados Unidos.

“Nunca estuvo dentro de mis planes ser política. Pero, una vez que decidí y tomé la decisión, lo tenía que hacer bien”, asegura.

La cuatro veces candidata dice que su vida dio un giro en 2005, cuando su padre le llamó por teléfono para decirle que estaba siendo investigado y que podría ser detenido. En ese contexto, también le pidió ser candidata al Congreso en las elecciones del año siguiente. Ella accedió, compitió con Alianza por el Futuro y ganó un asiento en el Parlamento, un paso que representó su entrada de lleno a la vida pública de Perú.

En 2007, ya cuando ella era congresista, su padre fue extraditado de Chile a Perú, donde en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Desde entonces, tanto el exmandatario como su familia rechazaron los cargos y pugnaron por su libertad, que obtuvieron en diciembre de 2023 después de que el Tribunal Constitucional de Perú validó el indulto humanitario que en 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En 2009, Keiko Fujimori se movilizó para fundar Fuerza Popular, un partido político que se define como defensor del legado del fallecido expresidente Alberto Fujimori y que hoy tiene 20 de los 130 asientos del Congreso, la bancada más numerosa en el actual Parlamento.

Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo a CNN que Fuerza Popular ha ayudado a su fundadora a tener una presencia constante en la vida política del país, con una votación promedio de alrededor del 15 % y una plataforma desde la que ha podido postularse a la presidencia en 2011, 2016, 2021 y 2026.

“Ha construido el partido que el padre nunca quiso hacer. Lo que hizo Alberto Fujimori durante sus 10 años de Gobierno fue construir una corriente llamada fujimorismo y Keiko convirtió eso en una organi

El caso de Kilmar Ábrego García podría ser desestimado por los comentarios del secretario de Justicia interino Todd Blanche

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Por Devan Cole

Mientras Todd Blanche toma las riendas del Departamento de Justicia, un juez federal está a punto de decidir si los comentarios controvertidos hechos el año pasado por el ahora secretario de Justicia interino deberían llevar al desmoronamiento de uno de los casos penales emblemáticos del Gobierno de Trump.

Las declaraciones públicas de Blanche sobre los cargos de tráfico de personas presentados contra Kilmar Ábrego García, a quien Estados Unidos deportó erróneamente a una megacárcel en El Salvador, han frustrado durante meses la capacidad de los fiscales para llevar el caso a juicio, ya que Ábrego García ha afirmado que está siendo objeto de una persecución vengativa.

Un juez está en condiciones de decidir si utilizar esos comentarios para desestimar los cargos. Pero si no los desestima, podría decidir citar a Blanche a su sala en Nashville, Tennessee, para que responda bajo juramento a preguntas sobre la motivación del departamento para perseguir penalmente a Ábrego García.

La situación evidencia cómo los tropiezos públicos de la cúpula del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tienen potenciales consecuencias en el mundo real para una agencia que es de particular interés para el presidente Donald Trump.

Cuando Pam Bondi era secretaria de Justicia, sus comentarios inexactos sobre Epstein la metieron en problemas en más de una ocasión, de manera más notable cuando sugirió en Fox News que tenía una lista de nombres de hombres que eran clientes de Jeffrey Epstein.

“La determinación del juez sobre la veracidad de las declaraciones de Blanche adquiere una importancia adicional ahora que Blanche es el fiscal general interino y, potencialmente, un candidato para el puesto permanente”, dijo Elie Honig, analista legal sénior de CNN y exfiscal federal.

“Si el juez determina que las declaraciones de Blanche respaldan una conclusión de persecución procesal vindictiva, eso será un golpe para Blanche y para el DOJ, y afectará su credibilidad”, añadió Honig. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

El caso de Ábrego García ha sido un punto doloroso para la administración Trump desde que fue deportado por error el pasado marzo a su país de origen, El Salvador. Tribunales de todos los niveles del poder judicial federal dijeron que el error debía corregirse, y aun así los funcionarios pasaron meses resistiéndose a las exigencias de que trajeran de vuelta a Maryland al padre de tres hijos, a quien el Gobierno estadounidense señala como un miembro peligroso de la pandilla MS-13.

Finalmente fue trasladado en avión de regreso a Estados Unidos en junio, después de que fiscales federales en Tennessee aseguraran dos cargos de tráfico de personas en su contra que se derivaban de una detención de tránsito en el estado ocurrida años antes.

El día que los funcionarios anunciaron el regreso de Ábrego García, Blanche dijo a Fox News que el Departamento de Justicia comenzó a investigarlo después de que un juez en Maryland concluyera que la administración “no tenía derecho a deportarlo” y acusara a los funcionarios “de haber hecho algo mal” en su manera de proceder con él.

Los abogados de Ábrego García aprovecharon esas palabras mientras presionaban al juez que supervisa su caso, Waverly Crenshaw, para que desestimara los dos cargos basándose en su afirmación de que los cargos se presentaron como una persecución procesal vindictiva. Un par de fallos del juez del año pasado mostraron que él se inclinaba a hacer justamente eso.

El designado por el expresidente Barack Obama dijo en octubre que la carga recaía en el gobierno para rebatir una presunción de que los funcionarios solo re

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